
Gail Slater, responsable de la división antimonopolio del Departamento de Justicia de EE. UU., ha dimitido: oficialmente, por voluntad propia; según informaciones de prensa, en la práctica se vio obligada a marcharse. Es el último episodio de una prolongada lucha interna en el departamento entre Slater y la fiscal general Pam Bondi. Su conflicto llevaba años gestándose en torno a las grandes operaciones empresariales: Slater desconfiaba de las fusiones, mientras que Bondi seguía una línea opuesta.
En su comunicado, Slater escribió que dejaba el cargo «con tristeza y esperanza» y subrayó que había sido un honor servir. Sin embargo, según la prensa, no fue ella quien tomó la iniciativa de marcharse. Las discrepancias llegaron a un punto crítico tras un nuevo enfrentamiento, apenas un día después de que Bondi compareciera en una audiencia sobre los documentos relacionados con Epstein, donde, según los testigos, se mostró agresiva.
El conflicto se remonta al verano pasado. Entonces Slater intentó bloquear la fusión de Hewlett-Packard Enterprise y Juniper Networks, al temer que la nueva entidad creara de facto un duopolio en los sectores de la tecnología en la nube y las redes inalámbricas. También alegó que los servicios de inteligencia estadounidenses no habían planteado objeciones. Pero más tarde, el director de la CIA, John Ratcliffe, afirmó que bloquear la operación supondría riesgos para la seguridad nacional, porque podría empujar a las empresas hacia China. Finalmente, el Departamento de Justicia de la Administración Trump, favorable a las operaciones empresariales, autorizó la fusión.
Además, Slater participó en el examen de la oferta de Netflix para comprar Warner Bros. Discovery. En diciembre, Donald Trump anunció que pensaba supervisar personalmente el proceso. Todo ocurría en medio de una intensa labor de presión de Netflix y Paramount, mientras esta última intentaba organizar una adquisición hostil. Hace poco se supo que el Departamento de Justicia está investigando si Netflix infringió las normas de competencia al intentar cerrar el acuerdo.
La salida de Slater se produce unas semanas antes del gran proceso antimonopolio del Departamento de Justicia contra Live Nation, propietaria de Ticketmaster. La demanda, presentada durante la Administración Biden, acusa a la empresa de monopolio y de perjudicar a la competencia, la industria musical, los artistas y el público.
La política antimonopolio estadounidense vuelve a ser un espectáculo. Gail Slater, con fama de perro guardián implacable, deja de repente su puesto. Oficialmente, por voluntad propia. Extraoficialmente, la han acompañado discretamente hasta la puerta mientras miraba hacia otro lado.
Su conflicto con Pam Bondi se prolongó durante años. Las dos funcionarias discutían sobre las fusiones como si se disputaran la última silla. Slater temía a los monstruos empresariales; Bondi prefería no impedir que se reprodujeran.
El verano pasado, Slater intentó bloquear la fusión de Hewlett-Packard Enterprise y Juniper Networks. Sus argumentos eran de una lógica aburrida: menos competidores, peor mercado. Pero el director de la CIA afirmó de pronto que bloquearla daría ventaja a China. A ese giro se le suele llamar política, aunque oficialmente sigue llamándose «seguridad nacional». La operación, por supuesto, se aprobó.
El problema se agravó cuando Slater se ocupó del intento de Netflix de comprar Warner Bros. Discovery. Los grupos de presión corrían en círculos, Paramount organizaba una adquisición hostil y Trump prometía supervisar personalmente el proceso. De pronto, el Departamento de Justicia empezó a investigar a Netflix por prácticas contrarias a la competencia. Qué coincidencia tan conveniente.
Slater desaparece de escena justo antes del sonado proceso contra Live Nation, acusada de monopolio. El sistema antimonopolio de EE. UU. vuelve a parecer una arena: se proclaman ideales, pero se juega según las reglas de los poderosos. Ni siquiera es cinismo; es el horario laboral de siempre.