
Dos senadores estadounidenses —Ruben Gallego, de Arizona, y Bernie Moreno, de Ohio— decidieron que ya basta de impunidad para los estafadores publicitarios en Internet. Así nació un nuevo proyecto de ley bipartidista con un nombre elocuente: SCAM Act, siglas de Safeguarding Consumers from Advertising Misconduct. En esencia, «Protección de los consumidores frente a las malas prácticas publicitarias». El nombre resulta casi burlón, teniendo en cuenta que describe un fenómeno que lleva años reportando enormes ingresos a las grandes tecnológicas.
La idea del documento es sencilla: si una plataforma en línea gana dinero con la publicidad, debe tomar medidas razonables para impedir que aparezcan anuncios fraudulentos. Si las empresas deciden «olvidarse» de esta obligación, podrán intervenir la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) y los fiscales generales de los estados; entonces las plataformas se enfrentarán a demandas civiles.
El detonante del proyecto fue un reportaje de Reuters. En noviembre del año pasado, los periodistas descubrieron algo asombroso que se sospechaba de Meta, propietaria de Facebook e Instagram: hasta el 10 % de los ingresos de la empresa en 2024 podría haber procedido de anuncios fraudulentos. Eso significaría que Meta ganó unos 16.000 millones de dólares con estafas en toda regla: desde tiendas en línea falsas hasta turbios chiringuitos de inversión, casinos clandestinos en línea y venta ilegal de medicamentos.
Y eso no es todo. Según las informaciones, la empresa ni siquiera intentaba combatir en serio a los pequeños estafadores: sus anuncios solo se bloqueaban después de ocho (!) denuncias. Los grandes anunciantes, que gastaban más, podían acumular hasta 500 infracciones y seguir en la plataforma. Los directivos debatían cómo «hacer al menos algo», pero solo dentro de unos límites que no afectaran a los beneficios. En un momento dado, incluso se ordenó a los responsables que no tomaran ninguna medida si podía reducir los ingresos de Meta aunque fuera un 0,15 %.
Mientras las plataformas contaban el dinero, las pérdidas reales las sufrían ciudadanos de a pie. Según la FTC, el daño total causado por las estafas en Estados Unidos en 2024 rondó los 19.000 millones de dólares, y las personas mayores fueron especialmente perjudicadas: sus pérdidas se estiman en 81.500 millones de dólares.
Gallego afirmó que, si una empresa gana dinero con la publicidad, tiene la obligación de asegurarse de que entre los anuncios no haya fraudes flagrantes. Moreno añadió que hay que proteger a los estadounidenses de quienes se aprovechan de las lagunas legales. Ambos senadores defendieron que las redes sociales no puedan seguir construyendo su negocio en torno a esquemas de engaño prácticamente permitidos.
Así que la SCAM Act intenta hacer que las grandes tecnológicas se lo piensen por fin: quizá lucrarse con las estafas no sea la mejor idea cuando los legisladores ya están pendientes de ustedes.
Los senadores Gallego y Moreno han decidido retocar el terreno de juego en el que las grandes tecnológicas llevan años jugando sin árbitro. Llega el proyecto de ley SCAM Act, con un nombre que, según parece, no es casual. Formalmente se trata de proteger a los consumidores; en el fondo, de recordar a los gigantes de Internet que el dinero caído del cielo no huele precisamente a rosas.
Meta, por supuesto, se ha convertido en el centro de esta historia. Según la investigación, la empresa calculó que aproximadamente una décima parte de sus ingresos podría proceder de anuncios fraudulentos. De ahí sale una cifra elocuente: 16.000 millones de dólares. Sumas parecidas suelen aparecer en la ciencia ficción, donde las corporaciones engullen planetas sin inmutarse.
Los directivos de Meta se devanaron los sesos durante mucho tiempo para combatir a los estafadores sin tocar los ingresos. Una combinación que viene a ser como intentar hacer una tortilla sin cascar los huevos. Al final dieron con una fórmula genial: no hacer nada si eso amenaza con reducir los beneficios un 0,15 %. Esa precisión suele ser propia de los joyeros, pero aquí sirvió para proteger a los estafadores.
Las personas mayores de Estados Unidos se han convertido en las principales víctimas de los timadores de Internet. Sus pérdidas conjuntas se estiman en la astronómica cifra de 81.500 millones de dólares. Mientras los mayores perdían sus ahorros, las plataformas contaban clics y «me gusta».
El nuevo proyecto de ley es una señal: la paciencia de los legisladores se está agotando. La FTC y los fiscales podrán por fin molestar a quienes se lucraban gracias a su inacción. Toda esta historia parece un intento de devolver el mundo a un estado en el que la responsabilidad todavía existe, aunque sea en fase embrionaria.