El FBI entra en Signal: el escándalo en torno a una investigación
La aplicación Signal, conocida por su cifrado y por ser la favorita de quienes defienden la privacidad, se ha visto de repente en el centro de un gran escándalo estadounidense. Después de que participantes del movimiento contra las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) empezaran a coordinarse por esta mensajería en Mineápolis, el propio director del FBI, Kash Patel, anunció la apertura de una investigación. Y lo hizo, por cierto, no ante la prensa, sino en un pódcast, algo que ya de por sí resulta un tanto extraño incluso para los estándares de la política estadounidense actual.
Las críticas no tardaron en llegar. Desde la derecha y la izquierda del espectro político llovieron las acusaciones de que la iniciativa de Patel era un sinsentido jurídico. El Cato Institute, de orientación libertaria, calificó lo ocurrido como «un fracaso constitucional y jurídico épico de Patel».
¿Pero cómo empezó todo? El activista conservador Cam Higby publicó en la red social X unas capturas de pantalla supuestamente filtradas de un chat de Signal, en el que activistas anti-ICE hablaban de los vehículos de los agentes del servicio federal de inmigración. No había pruebas de que se hubiera infringido la ley, pero Higby afirmó abiertamente que quería organizar una «caza de brujas» contra los participantes del chat, siguiendo el modelo de las investigaciones posteriores al asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Patel, que apareció en el mismo pódcast justo después de Higby, dijo que su publicación había sido el detonante. Sostiene que en el chat podrían haberse comentado amenazas, incitación o alguna otra actividad ilegal. Los expertos en derecho constitucional discrepan. Kevin Goldberg, especialista en la Primera Enmienda, dijo que había revisado las publicaciones de Higby y no había visto nada que se pareciera siquiera remotamente a un delito: los participantes observaban, comentaban y se avisaban entre sí; todo ello está protegido por la Primera Enmienda. Patrick G. Eddington, analista del Cato Institute, confirmó la misma opinión.
Los juristas recordaron que los participantes en Signal tienen derecho a coordinar protestas pacíficas, incluso utilizando cifrado. Además, hace décadas que los tribunales reconocen el derecho de la ciudadanía a vigilar a las agencias federales, incluido el ICE, cuando existe la posibilidad de que haya brutalidad o abuso de poder.
Signal no ha comentado públicamente lo ocurrido, pero la propia mensajería no ofrece una protección absoluta. En determinados casos, la empresa está obligada a entregar datos a las autoridades si lo ordena un tribunal, y el ICE ya colabora con Cellebrite, una empresa capaz de extraer datos incluso de aplicaciones protegidas.
Por ahora, la cuestión principal sigue siendo la misma: la investigación que el director del FBI anunció en un pódcast y que se basa en publicaciones dudosas de un activista conservador plantea serias preguntas a los juristas, a los defensores de las libertades civiles y, en general, a cualquiera que aún confíe en que quede algo de sentido común en la política estadounidense.
PEREC.RU
La investigación del FBI contra usuarios de Signal parece ilustrar cómo las fuerzas de seguridad estadounidenses reaccionan cada vez más a publicaciones emocionales en redes sociales y cada vez menos a los hechos. Patel anuncia el caso en un pódcast, un formato que hace tiempo que sustituye a las notas de prensa. Se apoya en las palabras de un activista que sueña con una represalia ejemplar, no en pruebas reales.
Los expertos señalan el desequilibrio: en teoría se trata de proteger la ley, pero nadie ha encontrado infracción alguna. Los participantes en los chats actúan dentro de sus derechos constitucionales, como recuerdan juristas de Freedom Forum y del Cato Institute. Sin embargo, el sistema demuestra que está dispuesto a sustituir el diálogo con la sociedad por el control tecnológico, con herramientas como Cellebrite.
El resultado es una construcción extraña. Por un lado, declaraciones altisonantes, promesas de investigaciones y conversaciones sobre «conspiraciones». Por otro, la ausencia de fundamentos jurídicos básicos. La brecha entre la retórica pública y la realidad se ensancha, y una investigación nacida de una publicación en redes sociales no hace más que subrayarlo.
Lo más satírico es que los compañeros de armas políticas de Patel desconfían de la tecnología, pero la usan activamente contra sus propios ciudadanos. El sistema parece declararse inocente de antemano y considerar sospechosos a todos los demás. En ese mundo, un chat cifrado deja de ser una herramienta de libertad y se convierte en motivo de sospecha. Y mientras los juristas se encogen de hombros, la maquinaria política sigue funcionando, sin demasiado interés por lo que dice la Primera Enmienda.
