Legalidad en lugar de ciencia: por qué los estadounidenses valoran las drogas de forma diferente

Los estadounidenses suelen apoyar la legalidad de las sustancias que ya están permitidas por ley y oponerse a legalizar las prohibidas, en mayor medida de lo que cabría esperar a partir de los daños reales. Un estudio publicado en la revista Nature Human Behaviour sugiere que las leyes vigentes conforman por sí mismas la opinión pública y mantienen la regulación alejada de las evaluaciones expertas del peligro. Cuando se informó a los participantes de los datos de expertos sobre los daños, disminuyó el apoyo a la legalidad del alcohol y el tabaco, mientras que las opiniones sobre las sustancias prohibidas menos dañinas apenas cambiaron.

Los autores denominan este mecanismo «sesgo a favor del statu quo»: la situación legal actual de una sustancia influye en la forma en que la gente la percibe. No es lo mismo que el significado psicológico habitual del statu quo, es decir, la preferencia general por dejar las cosas como están. La mayoría de la gente apenas conoce personalmente la mayoría de las drogas, por lo que la ley y las imágenes de los medios se convierten en pistas sobre lo que se considera seguro, normal y moralmente aceptable.

La regulación de las drogas en Estados Unidos suele estar en desacuerdo con las evaluaciones médicas. En particular, un estudio de expertos en adicciones de 2010 mostró que el alcohol y el tabaco legales causan un daño físico y social considerablemente mayor que varias sustancias prohibidas, entre ellas los psicodélicos y el MDMA, conocido como éxtasis.

Sin embargo, los políticos no se limitan a ignorar a los votantes cuando mantienen las prohibiciones vigentes. En la última década, más de 25 votaciones sobre la regulación de drogas a nivel estatal han permitido que más de 100 millones de estadounidenses se pronuncien directamente. La opinión pública también está cambiando: un análisis de series temporales de 2023 mostró que, desde finales de la década de 2000, la actitud general de los estadounidenses hacia las drogas se ha vuelto más liberal.

De ahí surge la pregunta: si la gente quiere una política racional que reduzca los daños, ¿por qué aprueba leyes que contradicen las evaluaciones de los especialistas? Una revisión de estudios sobre justicia penal de 2019 indicaba que la opinión pública influye, por ejemplo, en el nivel de encarcelamiento. Por eso es importante entender cómo se forman exactamente las opiniones de los votantes.

Esta cuestión fue estudiada por Bence Hamrak, investigador del Instituto Universitario Europeo de Florencia, y Gábor Simonovits, profesor asociado de la Universidad Centroeuropea de Viena e investigador del Centro de Ciencias Sociales ELTE. Según su hipótesis, la prohibición puede concentrar el consumo de una sustancia entre grupos marginados. La mayoría de la gente se entera de su existencia no por experiencia propia, sino a través de noticias sobre adicciones y delincuencia. Como resultado, la sociedad puede atribuir a la sustancia o a quienes la consumen problemas que surgen, en parte, de la propia prohibición, y reforzar así el apoyo a las políticas prohibicionistas.

Los investigadores señalan que sustancias con daños comparables se regulan de formas completamente distintas: unas se dispensan con receta y otras se castigan, incluso con penas de prisión. A su juicio, los extremos de la regulación perjudican tanto a la sociedad como a las personas; ejemplos de ello son la crisis de los opioides y el encarcelamiento masivo. Los expertos llevan tiempo advirtiendo de la discrepancia entre las leyes y las evaluaciones de daños, pero la política cambia despacio. Los autores comprobaron si esto podía explicarse por la opinión pública.

Dado que cada vez más decisiones sobre políticas de drogas se toman mediante referendos, los investigadores suponían que las opiniones de los ciudadanos influían directamente en las leyes. Sin embargo, según afirman, las propias normas reflejan en gran medida las opiniones de la sociedad. Por tanto, la pregunta principal no era si las autoridades escuchan a los ciudadanos, sino cómo juzgan estos los daños de las drogas.

En la primera encuesta participaron 2016 adultos estadounidenses reclutados a través del panel en línea Lucid Theorem. Se utilizaron cuotas para aproximar la muestra a la población del país por edad, sexo, raza, origen étnico y región. Se preguntó a los participantes si conocían 13 sustancias psicoactivas: alcohol, aspirina, tabaco, cannabis, codeína, Xanax, Ritalin, cocaína, heroína, LSD, MDMA, metanfetamina y psilocibina —los llamados hongos mágicos—. Para las sustancias conocidas, los encuestados indicaron si su uso no médico debía ser legal; en caso contrario, si debía considerarse una infracción despenalizada, una falta o un delito grave que conllevara prisión.

Las respuestas se compararon con una escala estandarizada de daños de 0 a 100, elaborada a partir de las evaluaciones de expertos en medicina de las adicciones. Tiene en cuenta los daños orgánicos, el riesgo de dependencia y las consecuencias sociales. La relación entre la evaluación experta de los daños y el apoyo público a la legalización fue negativa, pero estadísticamente no significativa: r = −0,54, p = 0,06. Los encuestados apoyaban mucho más la legalidad de sustancias peligrosas permitidas que la de otras menos dañinas pero prohibidas. Por ejemplo, la proporción de partidarios del alcohol legal superaba en 71,1 puntos porcentuales a la de partidarios del MDMA legal, aunque los expertos consideran que el alcohol es más dañino en conjunto.

A continuación, los mismos participantes evaluaron sustancias ficticias, sin nombres conocidos ni una trayectoria legal real. Se les pidió que se imaginaran como reguladores encargados de considerar cinco fármacos recién descubiertos. Sus características variaban aleatoriamente: daño físico y psicológico en una escala de 0 a 100, origen —natural, semisintético o sintético—, uso médico —ya se utiliza, está en estudio o no se usa en medicina— y efecto sobre el sistema nervioso —estimulante, sedante o psicodélico—.

A partir de las evaluaciones de estos perfiles ficticios, los autores calcularon el apoyo previsto a análogos anónimos de cada una de las 13 sustancias reales. Utilizaron la diferencia entre la opinión sobre la sustancia real y la de su equivalente sin nombre como indicador de la influencia del statu quo.

En el caso de las sustancias legales en Estados Unidos para uso recreativo o venta libre, el apoyo a los nombres reales resultó mayor que el apoyo a sus análogos anónimos; la diferencia mediana fue de 39,3 puntos porcentuales. La diferencia llegó a 62,4 puntos para el alcohol, 39,3 para el tabaco y 23,8 para la aspirina.

También se observó una diferencia positiva para el cannabis, legal para uso recreativo en aproximadamente la mitad de los estados: 23 puntos. En el caso de los medicamentos con receta Xanax y Ritalin, la diferencia osciló entre 12,5 y 28,8 puntos. La codeína fue una excepción: el apoyo a su nombre real fue 8,2 puntos menor que el de su análogo anónimo.

En el caso de las sustancias prohibidas, el panorama se invirtió: de media, los nombres reales recibieron 12,6 puntos menos de apoyo que sus análogos anónimos. Cuando los participantes evaluaban la psilocibina, el LSD, la heroína, la cocaína y el MDMA por su nombre real, en vez de sustancias con las mismas características pero sin nombre, el apoyo disminuía entre 7,8 y 19,4 puntos. La única excepción fue la metanfetamina: su nombre real obtuvo 3,1 puntos más de apoyo.

En un análisis exploratorio adicional, los investigadores estudiaron la opinión sobre las penas de prisión. Para cinco sustancias prohibidas —psilocibina, LSD, MDMA, cocaína y heroína—, los participantes apoyaban entre 5,5 y 25,5 puntos porcentuales más el procesamiento penal con posible pena de cárcel cuando oían el nombre real, en lugar de evaluar un análogo anónimo. Sin los nombres conocidos, la mayoría se oponía a legalizar casi todas las sustancias, salvo los analgésicos poco dañinos, pero a la vez la mayoría no apoyaba penas de prisión por consumir la mayoría de las sustancias ficticias prohibidas.

Los autores concluyeron que, al eliminar la influencia del statu quo, los ciudadanos resultan a la vez más estrictos respecto al acceso a las sustancias y más liberales respecto a los castigos que la política vigente. Aun así, para la mayoría de las sustancias experimentales, la mayoría seguía sin querer penas de prisión, aunque el fármaco fuese dañino. Según los investigadores, sin la influencia sesgada de la situación habitual, la opinión pública podría corregir errores tanto en el acceso a las sustancias como en los castigos.

En otro análisis exploratorio, los participantes reaccionaron atentamente a los daños descritos de las sustancias ficticias. En comparación con una sustancia de gran daño físico, similar al alcohol, una sustancia idéntica de daño moderado recibió 13,6 puntos porcentuales más de apoyo a la legalización, y una de daño bajo, 23,6 puntos más. Pero incluso con el mismo nivel de daño, importaba el efecto sobre el cerebro: las sustancias sedantes recibieron 14,5 puntos más de apoyo que los psicodélicos.

Como los participantes tenían en cuenta los daños al evaluar los fármacos anónimos, los investigadores realizaron un segundo experimento con 3037 nuevos encuestados de Estados Unidos. Comprobaron si corregir las percepciones erróneas sobre sustancias reales reduciría la influencia del statu quo. El estudio incluyó siete sustancias: alcohol, tabaco, Xanax, cannabis, cocaína, MDMA y LSD. Primero, los participantes evaluaron su peligrosidad; después, los investigadores compararon las respuestas con las evaluaciones expertas. La gente infravaloraba los daños de las sustancias legales: valoró el alcohol 17,4 puntos por debajo de la evaluación experta en una escala de 100 puntos. En cambio, sobrestimó en 20,6 puntos el peligro del MDMA prohibido.

A continuación, se comunicó aleatoriamente a los participantes la evaluación exacta de expertos sobre los daños físicos y psicológicos de una de las siete sustancias y se les preguntó si debía legalizarse. Recibir datos fiables redujo el apoyo a la legalidad del alcohol en 17,7 puntos porcentuales y el del tabaco en 12,9 puntos, en comparación con el grupo de control, que no recibió esa información. Tras recibir los datos, el apoyo a Xanax disminuyó tanto que quedó por debajo del apoyo a su análogo anónimo.

Corregir las percepciones sobre las sustancias prohibidas apenas cambió nada. Los datos exactos sobre los daños del cannabis, la cocaína, el MDMA o el LSD solo provocaron cambios pequeños y estadísticamente no significativos en el apoyo a la legalización. De media, la información fiable eliminó el 32 % de la influencia del statu quo para el alcohol y el tabaco, y solo el 18 % para la cocaína, el LSD y el MDMA.

Los investigadores suponen que esto se debe a que el rechazo a las sustancias prohibidas no se basa únicamente en la preocupación por la salud. El estigma y los prejuicios raciales hacia los grupos marginados, con los que se asocia el consumo de drogas ilegales, podrían desempeñar un papel, aunque el estudio no comprobó esta hipótesis.

Los autores subrayan que quienes apoyan políticas fallidas no son necesariamente crédulos ni malintencionados. La mayoría de la gente apenas tiene contacto directo con la mayoría de las sustancias, por lo que la regulación y las imágenes difundidas por los medios se convierten en fuentes de información sobre ellas. Algunos relatos, especialmente los relacionados con las normas sociales sobre qué consumo es aceptable, son más resistentes que otros. Los participantes también mostraron una actitud más negativa hacia los psicodélicos que hacia las sustancias sedantes y estimulantes, incluso cuando el daño era el mismo. Esto puede indicar prejuicios y estereotipos resistentes a la nueva información.

Según los investigadores, la gente se apoya en gran medida en la situación existente como indicio de lo que está bien y lo que está mal. Esto dificulta corregir políticas sesgadas por medios democráticos. La información precisa acerca las preferencias públicas a una evaluación basada únicamente en los daños, pero incluso para las sustancias legales persisten dos tercios del efecto del statu quo. Eso significa que las diferencias no se deben solo a la falta de información; futuros estudios deberían examinar las normas culturales que influyen en la actitud tanto hacia las sustancias permitidas como hacia las prohibidas.

Los resultados deben interpretarse con cautela. La escala experta considera el peligro como una propiedad de la propia sustancia y no tiene en cuenta la dosis, la forma de consumo ni el entorno de la persona. Algunas consecuencias de las drogas prohibidas están relacionadas con cómo y quién las consume, y esas condiciones cambian a su vez por efecto de la prohibición. Por eso, incluso a los expertos les resulta difícil separar el riesgo farmacológico de una sustancia de las consecuencias de su situación ilegal.

Los autores advierten de que el experimento no reveló las preferencias «verdaderas» de la sociedad respecto a las drogas reales: no se puede afirmar con total seguridad que las sustancias ficticias coincidieran con las auténticas en todo salvo en los factores conformados por el statu quo. También es posible que el experimento omitiera otra información importante para una evaluación objetiva.

Por ejemplo, los investigadores no incluyeron los daños para otras personas y para la sociedad, incluida la delincuencia. Explicaron que esas consecuencias están demasiado entrelazadas con la influencia de la situación legal: importan tanto la composición de los grupos de consumidores como las formas de consumo y el comportamiento de las personas bajo distintos regímenes de regulación.

Para que a los participantes les resultara más fácil imaginar los efectos de los fármacos ficticios, los investigadores los vincularon a objetivos sociales conocidos. Por ejemplo, describieron las sustancias estimulantes como algo que ayuda a cansarse menos y aumenta la productividad. Los autores reconocen que esas descripciones reflejan ideas socialmente construidas sobre el consumo de drogas. Sin embargo, a su juicio, eso probablemente redujo la diferencia entre las sustancias reales y las ficticias, por lo que la estimación de la influencia del statu quo podría haber sido conservadora, es decir, más baja de lo real.

Además, en vez de una muestra probabilística aleatoria de la población estadounidense, se utilizaron paneles en línea con cuotas, y las evaluaciones de referencia de los daños se tomaron de la clasificación de un grupo de expertos alemanes en medicina de las adicciones. Las encuestas registran un único momento y no responden a la pregunta de cómo se debilita la influencia del statu quo cuando los estados despenalizan o legalizan gradualmente el cannabis y la psilocibina.

El estudio «La influencia del statu quo configura el apoyo público a la política de drogas en Estados Unidos» fue realizado por Bence Hamrak y Gábor Simonovits.