Big Tech y los titulados: una relación de amor y desconfianza
Las personas con estudios no aman tanto a las Big Tech como desconfían de ellas en todos los sentidos
La educación superior no convierte a nadie en un admirador incondicional de Google, Apple, Meta, Amazon y Microsoft. Al contrario: según un estudio publicado en la revista Research and Politics, las personas con estudios suelen mantener opiniones contradictorias: reconocen la utilidad de las grandes tecnológicas y, al mismo tiempo, las consideran una amenaza seria. Los autores analizaron la opinión de habitantes de seis países y la relación de esas posturas con sus convicciones políticas.
Por Big Tech, los investigadores entienden las empresas de tecnologías de la información más grandes e influyentes, entre ellas Google, Apple, Meta, Amazon y Microsoft. No solo venden dispositivos y servicios digitales, sino que también controlan una parte importante de la infraestructura de la comunicación, el comercio y las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial. Sus plataformas influyen en cómo obtiene la gente información, participa en debates públicos e interactúa con las instituciones democráticas. Por eso los gobiernos discuten si deben regularlas con más rigor o, por el contrario, apoyar su desarrollo.
Los científicos ya han estudiado cómo las tecnologías cambian la situación de los trabajadores y las preferencias políticas de los votantes, pero menos a menudo han preguntado qué piensa la gente de las propias empresas que impulsan esos cambios. Las revisiones de estudios señalaban que la automatización y la digitalización pueden dividir a los trabajadores entre quienes salen beneficiados por los cambios y respaldan el statu quo, y quienes ven amenazados sus empleos habituales. Un estudio de 2022 también relacionó el riesgo de automatización con un mayor apoyo a los partidos de extrema derecha y una menor satisfacción con la democracia.
Tobias Tobler y sus colegas de la Universidad de Constanza plantearon que la educación y la ideología política influyen en la actitud hacia los gigantes tecnológicos. En la economía del conocimiento, donde la información y las competencias técnicas son importantes, las personas con estudios superiores suelen tener mejores perspectivas profesionales y usar herramientas digitales con más frecuencia. Por eso los autores esperaban que tuvieran una actitud favorable hacia las Big Tech. Las ideas de izquierdas, en cambio, podían llevar a criticar los monopolios y la concentración del poder privado. En el caso de la derecha, el pronóstico era más complicado: el apoyo tradicional a las empresas convive con la desconfianza ante los cambios culturales asociados a la economía digital.
En junio y julio de 2022, la empresa de investigación Kantar Public encuestó a habitantes de Alemania, Japón, Polonia, España, Suecia y Estados Unidos. En cada país participaron 3.300 personas de entre 18 y 64 años: 19.800 encuestados en total. La muestra se configuró teniendo en cuenta la edad, el sexo y el nivel educativo, para que se ajustara a la población de cada país en esos aspectos.
Se pidió a los participantes que valoraran en una escala de cinco puntos seis afirmaciones sobre el papel de las grandes tecnológicas. Tres se referían a sus posibles beneficios: prestar servicios necesarios, impulsar la innovación y el desarrollo económico, y crear un espacio para el debate público abierto. Las otras tres describían posibles perjuicios: evadir impuestos y socavar el sistema de protección social, empeorar las condiciones laborales y ejercer un poder excesivo capaz de amenazar la democracia.
El análisis de las respuestas mostró que las valoraciones positivas y negativas no se reducen a una sola escala de «a favor o en contra». Forman dos dimensiones casi independientes: reconocer la utilidad de las empresas apenas permite saber si una persona rechaza las críticas dirigidas contra ellas. Dicho de otro modo, alguien puede considerar útiles sus servicios y, a la vez, creer que las propias corporaciones tienen demasiado poder.
A continuación, los investigadores agruparon las respuestas mediante un análisis de conglomerados e identificaron cinco tipos de actitud. El grupo más numeroso era el neutral: 8.140 personas que, en general, ni estaban de acuerdo ni discrepaban de las afirmaciones propuestas. El segundo era el ambivalente, con 5.114 participantes: estaban de acuerdo tanto con las valoraciones positivas como con las negativas.
Entre los partidarios de las Big Tech había 3.739 personas: reconocían los beneficios de las empresas y rechazaban las críticas. Los escépticos sumaban 2.123 encuestados: respaldaban las valoraciones negativas y no estaban de acuerdo con las positivas. Otras 685 personas formaban el grupo «desvinculado»: no aceptaban ni los elogios ni las críticas al sector tecnológico.
Para averiguar si estos grupos guardaban relación con la educación y la ideología, los investigadores utilizaron modelos estadísticos que tenían en cuenta los ingresos y las diferencias entre países. Los resultados se mantuvieron incluso tras considerar hasta qué punto la gente utiliza la tecnología en casa y en el trabajo. El nivel educativo se dividió en tres categorías, desde la educación secundaria incompleta hasta los estudios superiores. Los participantes puntuaron sus opiniones políticas en una escala de 0 a 10, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha.
La expectativa inicial de que las personas con estudios apoyarían incondicionalmente a las empresas no se confirmó. Pasar del nivel educativo más bajo al más alto aumentaba la probabilidad de pertenecer al grupo de partidarios en apenas unos 3 puntos porcentuales, y al de escépticos en 2 puntos. En cambio, la proporción de ambivalentes subía del 22 % entre las personas con menos estudios al 33 % entre los titulados universitarios. Por el contrario, la probabilidad de adoptar una postura neutral bajaba del 43 % al 30 %.
El centro político era el que con más frecuencia mantenía una postura neutral. En comparación con los centristas, las personas de extrema izquierda tenían una probabilidad unos 10 puntos porcentuales mayor de mostrarse escépticas. Entre las de extrema derecha aumentaba unos 6 puntos, y la probabilidad de una postura ambivalente, alrededor de 10. En general, se observaron patrones similares en los seis países, aunque persistían algunas diferencias.
Las diferencias políticas eran especialmente visibles entre las personas con estudios superiores. Al desplazarse hacia la izquierda, la neutralidad cedía terreno con más frecuencia al escepticismo. En el ala derecha, el panorama sorprendió a los propios autores: según algunos datos, entre los encuestados con estudios superiores el apoyo a las Big Tech disminuía a medida que se desplazaban hacia la derecha, mientras que la probabilidad de una actitud ambivalente aumentaba en unos 16 puntos porcentuales desde el centro hasta la extrema derecha. Los investigadores apuntan a un choque entre el apoyo al libre mercado y la inquietud conservadora por la influencia de las plataformas en la cultura y la libertad de expresión.
La encuesta también examinó cómo se relacionaban estas opiniones con las expectativas puestas en el Estado. El 38 % de los participantes quería una regulación más estricta de las Big Tech; el 20 % se oponía y el 42 % no tenía una postura definida. Un 32 % quería que el Estado aumentara el apoyo económico y político a las empresas; el 19 % se oponía y el 49 % restante no se posicionaba.
La actitud hacia las empresas coincidía claramente con las demandas dirigidas a las autoridades. Entre los escépticos, el 82 % apoyaba endurecer la regulación y el 65 % se oponía a las ayudas públicas al sector. Entre los partidarios, solo el 23 % aprobaba la regulación, mientras que el 40 % respaldaba las ayudas a las empresas. Los encuestados ambivalentes querían las dos cosas a la vez: el 72 % defendía normas más estrictas y el 46 %, un mayor apoyo público.
Los autores relacionan los resultados con investigaciones anteriores, en las que las opiniones políticas también influían en la actitud ante la inteligencia artificial, sus consecuencias económicas y la regulación tecnológica. A su juicio, el mayor escepticismo en la izquierda concuerda con un estudio de 2023: en las noticias de los medios liberales, la inteligencia artificial se describía de forma más negativa que en los medios conservadores. Sin embargo, aquel estudio analizó publicaciones de medios, no las respuestas de la ciudadanía sobre las grandes tecnológicas.
¿Por qué la educación se relaciona más con una actitud ambivalente que con el apoyo? Los autores recurren a la teoría clásica sobre la formación de las opiniones políticas: la educación puede reflejar el nivel de conocimiento político. Las personas con más estudios pueden estar más expuestas tanto a argumentos sobre los beneficios de las plataformas digitales como a los riesgos que entrañan, sin tener por qué elegir un solo bando. También podría existir un choque entre las preferencias económicas y los valores culturales. Los investigadores subrayan que esta explicación aún es incompleta.
El estudio tiene limitaciones. La encuesta se realizó una sola vez, en 2022, por lo que no permite establecer relaciones de causa y efecto ni seguir la evolución de las actitudes tras el reciente auge de la IA generativa. La muestra incluía únicamente a personas de entre 18 y 64 años, y el muestreo por cuotas, no aleatorio, no garantiza que represente por completo a la población. Además, la educación está relacionada con los ingresos y la alfabetización digital, por lo que es difícil aislar su efecto independiente.
Otra limitación es la suposición de que los mensajes políticos en los seis países son, en líneas generales, comparables. En realidad, los partidos y los medios de Estados Unidos, Japón y Europa hablan de tecnología de maneras distintas, y un modelo estadístico general puede no captar todas las particularidades locales. Según los autores, las investigaciones futuras deberían seguir los cambios en la opinión pública a la luz de la retórica política y las nuevas leyes de regulación.
El estudio «Big Tech, big risk? How education and ideology shape public attitudes toward Big Tech companies» fue elaborado por Tobias Tobler, Marius R. Busemeyer y Sebastian Koos.
PEREC.RU
A los gigantes tecnológicos les encanta una operación sencilla: cuando miles de millones de personas usan sus servicios, lo llaman una prueba de confianza. Cuando esas mismas personas se inquietan por los monopolios, los impuestos, las condiciones laborales y la influencia de las plataformas en la democracia, se puede presentar esa inquietud como falta de alfabetización digital. El estudio estropea ese impecable esquema publicitario: los usuarios con estudios no eligen un solo bando, sino que tienen presentes tanto la utilidad como el precio de la comodidad.
Tras el debate sobre las Big Tech no solo está la cuestión de quién se encariña con la aplicación de turno. Las plataformas privadas se han convertido en la infraestructura de la vida cotidiana: una especie de plaza, oficina de correos y centro comercial en una misma ventana, solo que las reglas las dicta quien posee la ventana. Los Estados quieren aprovechar sus innovaciones, pero no quieren descubrir un día que la vida pública se alquila a una tarifa que revisa el consejo de administración.
El resultado más llamativo es querer a la vez más supervisión y más apoyo a las empresas. A primera vista parece una incoherencia política; en realidad, es una petición bastante sensata: que las corporaciones sigan creando servicios útiles, pero dejen de tratar las consecuencias sociales como si fueran problema de otros. La política pública queda así en el género «conserven el motor, cambien al conductor y pongan frenos». Cómodo para el votante, complicado para el funcionario, sobre todo si al lado ya hay un lobista con una presentación sobre empleo y competitividad nacional.
La educación no funciona aquí como una vacuna mágica contra la manipulación. Más bien amplía el menú de argumentos: quien se gradúa ve tanto las nuevas oportunidades como quién recopila los datos, controla los canales de comunicación y se queda con los beneficios. Y en la derecha se suma un conflicto familiar: se quiere dejar libre al mercado, hasta que la plataforma empieza a influir en las normas culturales y en qué cosas se pueden decir. La libertad empresarial se convierte de pronto en objeto de revisión cuando la empresa modera el discurso equivocado.
También importa lo que el estudio no demuestra. Es una instantánea de la opinión pública en 2022, no una explicación causal ni una medición reciente, posterior al auge de la IA generativa. La muestra se limita a personas de 18 a 64 años y a un muestreo por cuotas; es difícil separar la educación de los ingresos y las competencias digitales, y los debates políticos de los seis países no son iguales. Sería prematuro convertir los resultados en una ley universal, aunque sigue intacta una costumbre universal de las grandes empresas: pedir confianza, libertad y apoyo a la vez.
A partir de ahora, mucho dependerá de si las autoridades consiguen traducir la inquietud en normas, y no en otra comisión con un nombre rimbombante. Una regulación demasiado laxa dejará que las plataformas decidan por sí mismas los límites del espacio público; una demasiado brusca puede frenar desarrollos útiles. La política real suele situarse entre esos extremos: un terreno donde las promesas de innovación se oyen a todo volumen y la responsabilidad por las consecuencias se busca con una linterna.
