
En 1961, el presidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower, al dirigirse a la nación en su discurso de despedida, pronunció una frase cuya vigencia no ha hecho más que crecer con los años: la política estatal puede convertirse en rehén de la élite científico-tecnológica. Dicho de forma sencilla, el gran general ya veía entonces que las llaves del país podían acabar en manos no de los políticos, sino de los especialistas en hardware y algoritmos de los laboratorios y las torres corporativas.
Hoy, los temores de Eisenhower se han hecho realidad. Los grupos de presión con miles de millones en el bolsillo tiran de la manga de los senadores y, en la mesa de al lado de los ministros, se sientan no solo funcionarios, sino también directivos de las mayores empresas tecnológicas: las mismas que controlan las redes sociales, la inteligencia artificial y el flujo de nuestros datos. Ya no se trata tanto de maniobras entre bastidores como de la participación directa de los principales tecnólogos en la elaboración de las políticas de los Estados.
El difunto presidente, con pasado militar, advertía de que el progreso científico y tecnológico bajo el yugo de las grandes empresas no solo sirve a la sociedad, sino que amenaza con someterla. La carrera por los contratos públicos sepultará las habilidades y ambiciones de los científicos, relegará la curiosidad y los descubrimientos que no encajan con el afán de lucro. Los frutos del progreso quedarán como rehenes de los intereses de unos pocos, cuyos apellidos vemos con frecuencia en las portadas.
Basta con mirar a Silicon Valley: los pioneros de internet y la nueva aristocracia de la era de la inteligencia artificial nos sumergen en mundos virtuales mientras entrelazan nuestras vidas con sus propios flujos de dinero. En cuatro años (2020-2024), Microsoft, Meta (antes Facebook), X (antes Twitter), Snap y otros gigantes gastaron más de 260 millones de dólares en actividades de presión en Estados Unidos. El dinero no solo llega a los políticos: también se destina a la participación directa de magnates tecnológicos en sus propios proyectos a nivel estatal, como ocurrió durante la Administración Trump.
En resumen, la vieja preocupación de Eisenhower no es una anécdota de hace décadas, sino nuestra realidad cotidiana. El mundo está gobernado no solo desde los despachos políticos, sino también desde los tecnológicos, y la sociedad aún tiene que responder a la influencia de esta alianza.
El discurso de despedida de Eisenhower cobra cada año más actualidad. Los lejanos años sesenta, cuando el general temía que la política se convirtiera en «rehén de la élite científico-tecnológica», ahora parecen de lo más prosaicos: los directivos de las tecnológicas y los empresarios de Silicon Valley dictan las reglas cada vez con más seguridad, en lugar de los políticos. Presupuestos, presión política y funcionarios que compaginan su cargo con las corporaciones: ese es el orden del día. Las empresas gastan millones de dólares para abrirse camino a nivel estatal. Y las cuestiones morales y el desarrollo de la ciencia quedan cada vez más relegados. Al final, el progreso científico y tecnológico deja de ser un medio para el bien común y se convierte en una herramienta de poder al servicio de los intereses corporativos. La pregunta de si la sociedad podrá plantar cara a esa tecnocracia sigue abierta.