Las prohibiciones de móviles en los colegios no mejoran la salud mental, según un estudio

Las prohibiciones de móviles en los colegios ahorran tiempo y dinero al personal, pero no hacen que el alumnado sea más feliz ni goce de mejor salud mental: es la conclusión de un estudio de la Universidad de Birmingham publicado en la revista BMJ Mental Health. Para proteger a los menores de los riesgos de internet y de las distracciones, cada vez más centros de todo el mundo limitan el uso de los teléfonos: en algunos, los dispositivos están prohibidos en todo el recinto escolar; en otros, el alumnado solo puede utilizarlos en determinados momentos o zonas. Sin embargo, apenas hay pruebas concluyentes de que estas medidas sean beneficiosas. Es cierto que algunos estudios han demostrado que las prohibiciones reducen el uso de los teléfonos y las redes sociales durante las clases. Pero apenas se han podido constatar mejoras en los grandes indicadores relevantes: la salud mental, la actividad física, el sueño y el rendimiento académico.

El equipo de Samuel Perry, de la Universidad de Birmingham, quiso averiguar cuál es el verdadero coste de las políticas «antimóviles» y estudió la situación en 20 centros británicos. En la investigación participaron 815 adolescentes de entre 12 y 15 años. Trece centros tenían normas estrictas: el uso de móviles con fines personales durante las clases y los recreos estaba terminantemente prohibido. En otros siete, las reglas eran mucho más laxas: se podían usar los teléfonos en ciertos momentos o lugares. Los investigadores calcularon cuánto tiempo dedicaba el personal a vigilar los dispositivos, imponer medidas disciplinarias, comunicarse con las familias y atender otras cuestiones relacionadas con la «higiene digital». Después tradujeron ese tiempo a su coste salarial para obtener una valoración económica de la política.

Para evaluar los resultados, recurrieron a herramientas habituales de la economía de la salud, como los AVAC (años de vida ajustados por calidad) y los AVAM (años de vida ajustados por bienestar mental). Los resultados fueron llamativos: apenas hay diferencias entre los centros más estrictos y los más permisivos en cuanto a calidad de vida o salud mental del alumnado. En cambio, en todas partes se invierten mucho tiempo y esfuerzo en vigilar los dispositivos: en los centros con prohibición total, la carga equivale al trabajo anual de 3,1 empleados a tiempo completo; en los más permisivos, al de 3,3. Además, el personal de los centros estrictos dedica más energías a castigar las infracciones, hablar con las familias y tramitar incidentes.

En conjunto, la política de prohibición estricta ahorra unos 94 libras esterlinas al año por alumno, aunque el ahorro no parece muy considerable y las estimaciones presentan bastante variabilidad. Si se tiene en cuenta el AVAC, la probabilidad de que la política resulte rentable ronda el 90%; si la prioridad es el bienestar mental (AVAM), las posibilidades de que compense bajan a entre el 50 y el 60%.

Los autores señalan con franqueza las limitaciones de su trabajo. En primer lugar, no es un estudio experimental: no se puede comparar la situación de cada centro antes y después de aplicar las normas. En segundo lugar, todos los cálculos se basaron en los datos de un único empleado (de mayor rango) de cada centro, por lo que existe el riesgo de que las cifras no reflejen la realidad. Por último, el periodo analizado fue bastante corto, lo que también afecta a la solidez de las conclusiones. El estudio estuvo dirigido por Samuel Perry y sus colegas de la Universidad de Birmingham.