Las batallas judiciales del mundo de la música

Tras cinco semanas de disputas en un tribunal federal de Manhattan, el sonado caso antimonopolio contra el gigante de los conciertos Live Nation por fin ha llegado al jurado. Ahora sus miembros tendrán que decidir si la empresa infringió la ley, como sostienen decenas de estados, que describen a Live Nation como un «matón monopolista» que ha aplastado al resto de la industria y perjudicado a los fans. Los abogados de la empresa, por supuesto, sostienen lo contrario: que no es más que un «competidor duro» que gana porque trabaja mejor que los demás. Qué versión se impondrá es una incógnita. Mucho más interesante es otra cosa: ¿cuánto tardará el jurado en deliberar? Las deliberaciones comenzaron el 10 de abril y es imposible predecir cuánto durarán. Estos casos suelen juzgarlos jueces profesionales, no ciudadanos corrientes, porque los procesos antimonopolio son endiabladamente complejos. Prueba a preguntarle a tu vecino qué es un «mercado relevante a efectos antimonopolio»: lo más probable es que se encoja de hombros. Y el jurado tendrá que entender teorías económicas complejas y examinar montañas de documentos, análisis periciales contradictorios y una hoja de veredicto de muchas páginas, con preguntas que parecen problemas de lógica de un examen de acceso. Para hacerse una idea: cuando el Gobierno demandó a Google por el dominio de su buscador, el proceso, que duró dos meses, terminó en noviembre de 2023; el juez no dictó sentencia hasta agosto de 2024. Naturalmente, el jurado no va a deliberar nueve meses, pero el trabajo que tiene por delante es titánico. Aunque quién sabe: quizá decida mandarlo todo al diablo por complejo y anuncie el veredicto hoy mismo. Mientras tanto, el mundo judicial de la música sigue con su propia actividad frenética. Los abogados de Sean «Diddy» Combs y los fiscales federales discuten ante un tribunal de apelación si el artista merece una condena de 50 meses, mientras los jueces se devanan los sesos con matices jurídicos especialmente complejos. Una auténtica showgirl que demandó a Taylor Swift por infracción de marca registrada a raíz del proyecto The Life of a Showgirl pide una prohibición temporal de vender productos relacionados con el álbum de Swift: una exigencia llamativa, pero casi con toda seguridad condenada al fracaso. La aseguradora de Roc Nation intenta demostrar que no tiene que cubrir los gastos legales de su consejera delegada, Desiree Perez, en su conflicto familiar, porque no guarda relación alguna con su trabajo en la empresa de Jay-Z. Los abogados que lograron una importante victoria para el autor Cyril Vetter en un caso sobre la reversión de los derechos de autor estudian las posibilidades de una posible batalla ante el Tribunal Supremo: dicen que sus argumentos tienen más fuerza. Mientras tanto, en las redes sociales se han propagado noticias falsas según las cuales Justin Bieber no puede interpretar sus viejos éxitos en Coachella porque vendió su catálogo. Es una tontería, y personas cercanas a la operación califican el rumor de «pura patraña». Los herederos de Prince han zanjado una disputa con la cantante Apollonia sobre el derecho a usar el nombre que se hizo famoso gracias a Purple Rain. El proveedor de merchandising de Bruce Springsteen ha presentado una demanda para bloquear la venta de productos falsificados durante la gira estadounidense, empezando por el concierto de Nueva Jersey. El rapero Pooh Shiesty no ha conseguido salir bajo fianza tras una sonada acusación: sospechan que encerró a Gucci Mane en un estudio de Dallas y lo obligó, a punta de pistola, a firmar la rescisión de su contrato. La Fiscalía de Los Ángeles ha imputado varios delitos graves a Michelle Dick, de 55 años, por acosar a Lindsey Buckingham y agredir recientemente al músico de Fleetwood Mac. Music Artists Coalition, de Irving Azoff, se ha puesto del lado de Salt-N-Pepa en su lucha por recuperar de Universal Music Group las grabaciones maestras. Una fan de Taylor Swift no podrá presentar una demanda colectiva contra StubHub por entradas canceladas valoradas en 14.000 dólares: el tribunal le recordó que firmó un acuerdo de arbitraje. La propia StubHub ha aceptado pagar 10 millones de dólares tras ser acusada por la Comisión Federal de Comercio de ignorar las nuevas normas contra los «cargos trampa». La empresa de productos de cannabis de Lil Baby ha demandado a sus socios, alegando que dañaron la reputación del artista al distribuir por todo el país productos ilegales y contaminados. Y en Maryland se ha aprobado una ley que limita la posibilidad de que los fiscales utilicen letras de rap como prueba en causas penales: es ya el tercer estado que intenta frenar esta controvertida práctica.