La fusión, en pausa: un juez da a los detractores de la operación una última oportunidad para frenar a Paramount y Warner Bros.

La fusión de Paramount y Warner Bros. Discovery, que ya casi había llegado a la recta final, se ha topado de pronto con una pausa judicial. Menos de una hora antes de la vista en la que debía aprobarse el acuerdo extrajudicial de Paramount con los fiscales generales de varios estados en la demanda antimonopolio, la jueza Araceli Martínez-Olguín estimó una petición urgente de los participantes en la coalición ciudadana Block the Merger («Detengamos la fusión»).

Se trata de un intento de dar a los detractores de la operación una última oportunidad para exponer su postura ante el tribunal. El juez fijó un plazo estricto: las partes deben preparar los documentos necesarios antes de las 00:01 del día siguiente. Por ahora, la vista prevista para las 11:00 sigue en pie: la maquinaria judicial estadounidense continúa avanzando, aunque ahora con un freno que ha aparecido de repente.

La coalición incluye a Free Press, Committee for the First Amendment, Freedom of the Press Foundation, Future Film Coalition e International Documentary Association. En un comunicado conjunto, calificaron de débil y prácticamente imposible de aplicar el acuerdo cerrado a puerta cerrada por los fiscales generales de los estados. A su juicio, no protege debidamente a los trabajadores, periodistas y espectadores, ni elimina los graves riesgos que entraña la unión de las empresas.

Los representantes de la coalición creen que la ciudadanía debe poder pronunciarse, pues, en sus palabras, será ella quien pague las consecuencias de una operación beneficiosa para la familia Ellison, propietaria de Paramount. También anunciaron que expondrán sus argumentos en detalle en un escrito judicial que deben presentar antes de medianoche.

Block the Merger ya había calificado de peligrosa para el futuro del cine, la industria del entretenimiento, el periodismo independiente y la democracia en Estados Unidos la solución acordada con la participación del fiscal general de California, Rob Bonta. Esta semana, los miembros del grupo ya se habían manifestado ante la sede de Paramount en Hollywood, tras el anuncio inesperado del acuerdo.

Jessica J. González, copresidenta de Free Press y una de las abogadas que presenta la petición, afirmó que cientos de miles de personas habían exigido a los fiscales generales estatales que protegieran a los consumidores, los trabajadores y la libertad de expresión. Según ella, un acuerdo débil e imposible de hacer cumplir deja a la ciudadanía sin protección efectiva, por lo que merece que el caso se examine plenamente ante un tribunal.

Mara Verheyden-Hilliard, de Committee for the First Amendment, declaró que el acuerdo no remedia el daño que una fusión monopolística podría causar a la industria del entretenimiento, la diversidad de historias, el cine independiente, los intereses de los consumidores, la prensa libre y los derechos protegidos por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. También advirtió de que el crecimiento de las grandes corporaciones podría servir a fuerzas políticas poderosas para presionar a quienes expresan opiniones incómodas.

Paramount no respondió a la solicitud de comentarios.

El acuerdo extrajudicial se alcanzó el lunes 21 de septiembre. Estipula que Paramount cumplirá una serie de condiciones durante cinco años. La empresa deberá estrenar al menos 30 películas al año. Si incumple esa obligación, tendrá que vender su participación en Miramax y aportar 30 millones de dólares a un fondo de apoyo a los miembros de los sindicatos de Hollywood.

Además, la compañía se comprometió a mantener determinadas condiciones de distribución cinematográfica, negociar los canales de cable de Paramount y Warner Bros. Discovery como activos separados y gastar 1.500 millones de dólares adicionales al año en producción en Estados Unidos. Hay una condición aparte sobre las noticias: se creará un grupo de periodistas para supervisar la independencia editorial de CNN y CBS News.

Los detractores de la operación consideran insuficientes estas garantías. Su principal objeción es que el acuerdo no exige la venta de activos, es decir, no contempla una verdadera separación de los negocios. Tampoco garantiza que el gasto adicional en producción se destine precisamente a California, donde se concentra una parte importante de la industria cinematográfica estadounidense.

La petición urgente llegó en un momento especialmente delicado. Paramount debe pagar a los accionistas de Warner Bros. Discovery varios millones de dólares por cada día a partir del 1 de octubre si la operación no se cierra. Tras alcanzarse el acuerdo, se esperaba que la fusión culminara en unas semanas. Ahora el tribunal ha dado a los detractores una oportunidad para retrasar el proceso y quizá obligar a las partes a explicar por qué unas promesas de cinco años deberían sustituir a unas restricciones antimonopolio de verdad.