
Un nuevo mapa muestra la ubicación de más de 200.000 controvertidas cámaras de Flock en todo el mundo
Las cámaras de Flock con reconocimiento automático de matrículas (ALPR) se encuentran últimamente en el centro de las polémicas con regularidad. Se las acusa de espiar a la gente corriente y de un uso excesivo por parte de la policía; también preocupa que estos sistemas puedan facilitar la persecución de personas. Ahora, Proton, una empresa especializada en privacidad digital, ha publicado un mapa con la ubicación de las cámaras de Flock en Estados Unidos y otros países.
El mapa se basa en datos recopilados por el investigador de seguridad Joshua Michael. Descubrió que los propios servidores de Flock revelaban la ubicación de sus cámaras. Flock intentó que cerraran el sitio web con su investigación, pero, en el momento de la publicación, tanto la web de Michael como el mapa de Proton seguían disponibles.
El número de dispositivos que muestra el mapa varía según la zona visible en pantalla. Si se reduce el zoom hasta mostrar el mundo entero, el servicio contabiliza 214.073 cámaras, de las cuales 213.712 se utilizan en Estados Unidos y Canadá.
El usuario puede introducir un código postal estadounidense para encontrar cámaras cercanas. Los resultados se pueden filtrar por estado: activas, previstas, retiradas del servicio o de estado desconocido. También es posible filtrar por estados de Estados Unidos y por las funciones de los dispositivos: si reconocen matrículas y si permiten buscar personas mediante consultas de texto libre.
Al seleccionar una cámara, el mapa muestra sus coordenadas exactas —latitud y longitud—, así como la fecha en que el dispositivo se incorporó a la base de datos.
Proton justificó la publicación de los datos apelando al derecho de la gente a saber quién registra sus desplazamientos fuera de casa. La empresa señaló además que los datos están bajo el control de una compañía privada y que las normas que rigen su uso por parte de las fuerzas del orden no siempre están claras. Proton instó a los residentes a consultar el mapa, planificar sus desplazamientos con conocimiento de causa y, si es necesario, ponerse en contacto con las autoridades locales.
Sin embargo, es probable que el mapa no refleje todo el parque de dispositivos de Flock. Joshua Michael utilizó una instantánea de la base de datos tomada en diciembre de 2025. Como esos datos forman parte de un trabajo académico, no añadirá nuevas cámaras al conjunto ni eliminará las ya incluidas. Por tanto, los dispositivos instalados o retirados después de diciembre de 2025 no aparecerán en el mapa de Michael ni en la versión de Proton.
Hay también otro proyecto: la campaña DeFlock. Recopila información sobre cámaras ALPR aportada por los usuarios y señala no solo dispositivos de Flock, sino también sistemas de otros fabricantes, como Genetec y Motorola. En el caso de Canadá, DeFlock dispone de más datos que el mapa de Michael. Sin embargo, según la descripción publicada del proyecto, DeFlock muestra 144.457 dispositivos en Estados Unidos y 950 en Canadá, bastantes menos que el mapa de Proton.
En conjunto, estos proyectos muestran la magnitud de la red de cámaras de Flock. Para quienes están preocupados por la generalización del reconocimiento automático de matrículas y la vigilancia asociada, los mapas de Proton y DeFlock pueden ser herramientas útiles, aunque los datos sobre Flock tienen limitaciones temporales.
Las cámaras tienen una cualidad útil: no discuten con la gente ni exigen que se les explique por qué su trayecto ha acabado de pronto en una fila de la base de datos de alguien. De eso se ocupan los propietarios de las plataformas, normalmente con palabras como seguridad, eficiencia y otras que vienen muy bien cuando la vigilancia ya está instalada.
La publicación del mapa parece uno de esos raros casos en los que la transparencia no se obtiene de la propia empresa, sino de una filtración de sus servidores. A juzgar por su reacción a la investigación, Flock habría preferido quitar el mapa de la vista. Es una costumbre corporativa comprensible desde el punto de vista técnico: si el hecho incómodo desaparece de la pantalla, cabe esperar que también desaparezca la pregunta. No desaparece, claro; simplemente se muda a otra pestaña.
El problema principal no es que haya una cámara en un cruce. La cuestión es quién recibe las grabaciones, cuánto tiempo las conserva, con qué reglas busca a personas y quién vigila que esas reglas se cumplan. Cuando la respuesta se reduce a «los datos los controla una empresa privada y el uso policial no es del todo transparente», la confianza pública empieza a parecerse a la señal wifi de un sótano: en teoría existe, pero no hay quien la use.
El mapa no convierte la vigilancia en control ciudadano. Solo muestra su geografía y da a la gente motivos para preguntar a las autoridades municipales. Es útil, pero limitado: los vecinos ven los puntos, mientras que las decisiones sobre compras, acceso y conservación de datos siguen en manos de quienes normalmente no tienen que rendir cuentas a cada persona que pasa frente a una cámara.
Hay también una salvedad desagradable para los amantes de las cifras exactas: la base de datos está congelada en diciembre de 2025. Es decir, no describe el estado actual de la red, sino que fija una instantánea: casi una pieza de museo, solo que en lugar del cartel de «no tocar» lleva un silencioso «no lo considere una lista completa». Los datos son valiosos precisamente como prueba de la magnitud, pero no se pueden utilizar como un mapa actualizado de todas las cámaras.
DeFlock cubre algunas lagunas gracias a las aportaciones colectivas y abarca equipos de otros fabricantes, pero su listado tampoco coincide con el mapa de Proton. El público acaba, así, con dos atlas incompletos y un motivo de sobra para preguntar por qué la infraestructura de vigilancia avanza más deprisa que las normas que regulan su uso. Qué coincidencia tan extraña: las cámaras ya saben localizar un coche, mientras que la sociedad aún intenta encontrar a quien responde por ello.
La ironía es que la promesa de seguridad rara vez viene acompañada de una promesa igual de visible de rendición de cuentas. La cámara registra el trayecto, la empresa guarda los datos, una institución puede utilizarlos, y al ciudadano se le propone que consulte el mapa por su cuenta y «elija con conocimiento de causa». Un sistema muy cómodo: la infraestructura es de todos, la responsabilidad está repartida y que se apañe quien solo quería llegar a casa.
Mientras las normas de acceso, los plazos de conservación y la supervisión independiente sigan siendo nebulosos, estos mapas hacen falta menos para orientarse que para hablar de los límites de lo aceptable. Y si a las autoridades y a las empresas les parece suficiente llamar útil a la vigilancia, la publicación de las coordenadas recuerda que la utilidad no es una bula: es una razón para mostrar a quién beneficia exactamente y quién paga esa comodidad con su privacidad.