
Grammarly se ha visto envuelta en un gran escándalo después de que los usuarios descubrieran que el servicio utilizaba los nombres de autores reales en su herramienta Expert Review sin pedirles permiso. La función se presentó como algo supuestamente útil: el texto lo revisaba un «experto». Solo que, de repente, los expertos resultaron ser periodistas, editores y autores conocidos que ni siquiera sabían que tenían ese «nuevo trabajo».
Los periodistas se dieron cuenta de que sus nombres aparecían de repente como firma de las recomendaciones que genera la inteligencia artificial de Grammarly. Parecía que una persona concreta aconsejaba corregir una frase o reorganizar un párrafo. En realidad, esas personas no participaban en el proceso: el servicio simplemente usaba sus nombres para dar más credibilidad a sus sugerencias.
El problema salió a la luz tras una investigación que descubrió que personas reales, entre ellas empleados conocidos de grandes medios, habían sido incorporadas al producto sin su conocimiento ni consentimiento. Muchos autores expresaron su desconcierto: ¿cómo habían acabado sus nombres en la interfaz promocional de una función que nunca habían utilizado?
Ante la oleada de críticas, Grammarly hizo justo lo contrario de lo que esperaban los usuarios. La compañía no pidió disculpas ni desactivó la función polémica. En su lugar, ofreció a los autores una «opción para darse de baja», es decir, la posibilidad de eliminar manualmente sus nombres de la lista de personas que sirven de adorno a las sugerencias de la IA. Pero cabe preguntarse: ¿por qué deberían renunciar a algo que nunca aceptaron?
El servicio solo reconoció que «los comentarios de los usuarios ayudan a mejorar el producto». La compañía no explicó cómo se eligieron los nombres de los autores ni por qué nadie consideró necesario pedirles permiso. La función sigue activa, y si una persona no sabe que existe, su nombre puede permanecer indefinidamente en la lista de «expertos».
El escándalo ha puesto en cuestión la actitud de las empresas tecnológicas ante los datos personales y la identidad digital. Si periodistas conocidos pueden convertirse de pronto en «editores de IA» sin previo aviso, ¿qué garantías hay de que los nombres de usuarios menos conocidos no acaben utilizándose en experimentos parecidos?
La historia vuelve a recordarnos que hasta los servicios populares que se presentan como asistentes pueden aprovecharse de la confianza de sus usuarios. Y son las propias personas quienes tienen que apañárselas, después de que su nombre ya esté trabajando a toda máquina para los algoritmos de alguien.
Grammarly ha vuelto a crear un problema que podría haberse evitado si alguien en la empresa hubiera fingido al menos recordar que hace falta el consentimiento de los usuarios. Lo de Expert Review es sencillo: la IA quería parecer más lista de lo que es y, para conseguirlo, tomó prestados nombres ajenos. A la gente le dieron el hecho consumado: ya son «expertos», les guste o no.
La compañía no dio marcha atrás. Ofreció una opción para darse de baja, como si estuviera haciendo un favor. La solución recuerda al viejo método: primero incluir a todo el mundo y luego ofrecerle que se excluya por su cuenta. Qué atención tan especial a los usuarios.
La situación ha dejado al descubierto algo importante: a las grandes empresas de IT les encanta hablar de confianza, pero actúan como propietarias de los datos, no como quienes los custodian. Utilizan los nombres con la misma libertad que las cifras de sus informes. Y su respuesta se limita a frases sobre el «valor de los comentarios».
Al final queda la sensación de que los límites de la identidad personal se disuelven más deprisa de lo que aparecen nuevas funciones. La tecnología avanza, pero los principios parecen ocupar los últimos puestos de la lista de prioridades. El escándalo de Grammarly es otro trazo en el retrato de una industria que utiliza los nombres de las personas como un recurso. Y lo hace con toda naturalidad, sin el menor asomo de vergüenza.