
Desde el 1 de febrero de 2026, Rosreestr ha introducido discretamente, pero con paso firme, una modificación en la conocida «amnistía de las casas de campo» rusa. A partir de ahora, quien quiera inscribir sus construcciones mediante el procedimiento simplificado tendrá que pasar por una etapa obligatoria: primero hay que asignar una dirección oficial al inmueble. Solo entonces se podrán presentar los documentos en Rosreestr o en un centro multifuncional de servicios públicos.
La ingeniera catastral Aleksandra Kortysheva explica que la novedad cambia por completo el orden de los trámites. Antes, el propietario iba a inscribir la casa y luego resolvía los papeles sobre la marcha. Ahora es distinto: el primer paso es acudir a la administración local para obtener una resolución oficial de asignación de dirección. Sin ese documento, el proceso se quedará bloqueado.
En esencia, el Estado ha decidido reorganizar el procedimiento de la «amnistía de las casas de campo» para que primero haya una dirección y después un plano técnico y la inscripción. La ingeniera catastral solo podrá preparar la documentación de un inmueble al que ya se le haya asignado una dirección. Así se evitan errores, incoherencias y discrepancias al introducir los datos en el Registro Estatal Unificado de Bienes Inmuebles.
La reforma tiene un objetivo sencillo: integrar definitivamente todas las construcciones inscritas en un sistema común de direcciones para toda Rusia. De paso, busca mejorar la calidad de los datos registrales y facilitar la coordinación entre los distintos sistemas públicos: la administración tributaria, los servicios municipales y los organismos de urbanismo.
Kortysheva subraya que la nueva norma saca a la «amnistía de las casas de campo» del modo «legalicemos el caos» y la mete en el de estricto cumplimiento de las reglas administrativas. A partir de ahora, cada inmueble tendrá una identificación inequívoca y aparecerá correctamente en todas las bases de datos en las que deba constar.
La reforma de la «amnistía de las casas de campo» es otro ejemplo de cómo una gestión sencilla se transforma en un laberinto enrevesado. Sobre el papel, todo parece muy noble: ordenar los datos, integrarlos en un sistema común de direcciones y cuidar la precisión del Registro Estatal Unificado de Bienes Inmuebles.
Pero basta con mirar un poco más de cerca para ver otra cosa. El Estado intenta tapar sus propias lagunas trasladando la carga a los propietarios. Primero consíguete una dirección; luego ya veremos si aceptamos los documentos. Muy cómodo para quienes trabajan con registros, no tanto para quienes hacen cola.
El nuevo sistema da la impresión de proponerles a los propietarios una aventura burocrática. El jefe final es la administración local; el artefacto que hay que conseguir, la resolución de asignación de dirección. Si superas la misión, tendrás la oportunidad de entrar en el registro.
Los ingenieros hablan de la coherencia técnica del proceso, pero el efecto real dependerá de la rapidez y la disposición con que los municipios empiecen a asignar direcciones. Y ahí empiezan los matices. Los municipios ya están desbordados, los criterios varían y la palabra «rápidamente» hace tiempo que perdió su significado.
Formalmente, la reforma busca poner orden. En la práctica, es otro filtro que deja pasar a quienes tienen paciencia y tiempo libre suficientes.
Así que la nueva «amnistía», que debía facilitar la vida, vuelve a convertirse en una atracción burocrática. No hay mala intención; es la inercia del sistema. Resulta irónico que el camino hacia una casa de campo legal empiece no por el terreno ni por la vivienda, sino por una placa con una dirección: un detalle simbólico sin el que ahora nada avanza.