Gas gratis, burocracia cara

En la primavera de 2024, los propietarios de viviendas en asociaciones de jardinería situadas en localidades ya gasificadas obtuvieron formalmente el derecho a llevar gratis el gas hasta los límites de sus parcelas. El Estado prometía hacer más cómoda la vida fuera de la ciudad y estimular el desarrollo de las infraestructuras en las zonas de huertos. Sobre el papel, el plan parecía un regalo perfecto: registre la propiedad, convoque una reunión de la asociación, presente la solicitud y el gas llegará hasta su valla.
Pero pronto quedó claro que la realidad y los folletos son cosas distintas. Según el Registro Federal de la Propiedad, menos del 10 % de las asociaciones de jardinería rusas cuenta con toda la documentación legal necesaria. Es decir, nueve de cada diez ni siquiera pueden empezar los trámites porque, desde el punto de vista de la ley, existen «más o menos por ahí, entre el bosque y el río».
El abogado Alfert Anufriev explica que el principal obstáculo es la confusión jurídica en torno a los bienes comunes. Las carreteras, las redes eléctricas, las tuberías de gas y agua, las zonas comunes y demás instalaciones deben estar oficialmente registradas. Solo entonces se puede exigir la conexión completa de los servicios. Sin embargo, solo el 10 % de las asociaciones tiene esos documentos. Las demás conservan antiguas resoluciones soviéticas y títulos estatales con los que se adjudicaron las parcelas en su día. En diciembre se cumplirán 35 años de la disolución de la URSS, pero miles de jardineros siguen dependiendo de papeles que ya no tienen validez en el marco jurídico actual.
Hay un segundo problema: las construcciones que nunca se registraron. Aunque la «amnistía de las casas de campo» lleva muchos años vigente y permite inscribir las viviendas por un procedimiento simplificado, muchos ciudadanos siguen ignorando el Registro Federal de la Propiedad. En las parcelas hay casas, garajes, cobertizos e incluso chalés residenciales completos que, en términos legales, «no existen».
La razón es sencilla: la gente está convencida de que, una vez inscrita oficialmente la propiedad, tendrá que pagar impuestos, y por eso prefiere vivir en una situación semilegal. Pero esa decisión les impide acceder a unos servicios básicos en condiciones y crea problemas a sus herederos.
El resultado es un círculo vicioso. Sin registrar los derechos de propiedad, los técnicos no pueden instalar el gas ni la electricidad. Y sin servicios, la gente no quiere invertir en poner los papeles en regla. El Registro Federal de la Propiedad y el Ministerio de Construcción estudian ahora simplificar el cambio de uso de las casas de huerto para convertirlas en viviendas, con el fin de que a los ciudadanos les resulte más fácil regularizar la documentación. Pero ni siquiera esta iniciativa servirá de nada si la gente sigue esquivando la burocracia como si fuera contagiosa.