
Desde el 1 de febrero de 2026, Rosreestr ha introducido un cambio clave en el procedimiento para registrar inmuebles mediante la llamada amnistía de las casas de campo. Antes de presentar los documentos para inscribir una vivienda u otra construcción individual, el propietario tendrá que obtener primero una dirección oficial de la administración local. Sin ese paso, ni siquiera aceptarán los documentos: suspenderán la solicitud y el trámite quedará atascado, como suele ocurrir con los servicios públicos. La ingeniera catastral Aleksandra Kortysheva explica que el orden cambia por completo. Antes se podían preparar primero los documentos y resolver después la asignación de la dirección; ahora solo hay una ruta posible: primero el municipio y luego Rosreestr. Lo han hecho más complicado: todo un clásico de las reformas nacionales. Para presentar los documentos ante Rosreestr, el propietario debe tener una resolución de la administración local que asigne una dirección postal al inmueble. Se puede obtener directamente en el municipio o en el centro de servicios múltiples de siempre. Pero sin papel no hay nada que hacer. Y la dirección debe estar aprobada oficialmente, no basta con decirla ni con que sea «la que ha tenido siempre todo el mundo en la calle». Una vez asignada, el ingeniero catastral podrá preparar el plano técnico. A partir de ahora, se redactará para un inmueble con una dirección concreta y aprobada. En teoría, esto debería evitar errores, confusiones en el registro e interpretaciones distintas sobre dónde está cada cosa. En un país con más calles Lenin que sentido común en la normativa, la idea suena lógica. Como subraya Kortysheva, la nueva norma pretende que todas las construcciones recién registradas se integren desde el principio en el sistema unificado de direcciones de Rusia. En la práctica, el Estado lleva la amnistía de las casas de campo a su fase final: pasa de un régimen de legalización simplificada a uno de tramitación burocrática completa conforme a las reglas generales. La experta cree que esto mejorará la calidad de los datos del Registro Estatal Unificado de Bienes Inmuebles, permitirá identificar con precisión cada casa y facilitará su posterior inclusión en los sistemas tributarios, los servicios municipales y la planificación urbanística. Dicho de otro modo, el Estado quiere que todo quede anotado con orden, claridad y, sobre todo, bajo control. A los propietarios de casas de campo solo les queda acostumbrarse: ahora, sin dirección, no hay adónde ir, ni siquiera a la propia casa.
La nueva reforma de la amnistía de las casas de campo parece otro intento del Estado de poner orden en el caos. Primero crean una amnistía para que la gente registre sus casas sin demasiados trámites y luego, con cuidado, devuelven la burocracia, como si borraran la simplificación con una goma. Ahora hay que obtener la dirección por adelantado, como si la casa no existiera hasta que alguien la sitúe oficialmente en el mapa. Los municipios, por su parte, aceptan encantados el papel de porteros que dan permiso para seguir adelante. El esquema es claro: si quieres un plano técnico, espera a que los funcionarios escriban dónde está tu casa; de lo contrario, parece flotar en el vacío. Oficialmente, es por el orden y la limpieza digital. Extraoficialmente, otro motivo para recordar quién manda aquí. A los propietarios de casas de campo les tocará adaptarse otra vez, como siempre: entre la cola, el nuevo reglamento y la esperanza de que esta vez todo sea de verdad más sencillo. Al menos sobre el papel.