Los votantes frenan la construcción de centros de IA
En las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, celebradas el 3 de noviembre, los votantes respaldaron más de 40 medidas destinadas a limitar o prohibir la construcción de centros de datos. Aunque todavía se estaban contando los votos, los primeros resultados ya mostraban el alcance del descontento con los proyectos relacionados con el desarrollo de la inteligencia artificial. Los centros de datos son grandes complejos de servidores que necesitan enormes cantidades de electricidad y agua.
Durante el último año, los centros de datos se han convertido en un tema destacado de la política local. En 2026, las asambleas legislativas estatales propusieron al menos 50 iniciativas locales sobre permisos, construcción y regulación de estas instalaciones. 41 de ellas se sometieron a votación el 3 de noviembre. Según los datos preliminares citados por The Washington Post, los habitantes de unos 30 municipios aprobaron normas que dificultan la instalación de centros de datos en sus comunidades. En al menos otros seis lugares votaron a favor de prohibir nuevas construcciones y paralizar proyectos ya previstos.
Los votantes jóvenes, incluida la organización Gen Z Voters of Tomorrow, apoyaron las campañas de candidatos demócratas que defendían la agenda climática y se oponían a la influencia de las grandes tecnológicas. Según una encuesta a pie de urna de NBC, el 67 % de los demócratas afirmó que los centros de datos habían sido un factor importante a la hora de votar por candidatos en las elecciones locales. Alrededor del 63 % de los demócratas dijo que se opondría a la construcción de estas instalaciones cerca de su casa. En una encuesta nacional de septiembre del Pew Research Center, solo el 4 % de los estadounidenses consideraba que los centros de datos tenían un efecto positivo en su zona.
Ohio fue el estado con más iniciativas: 21. Según Forbes, 13 municipios aprobaron la prohibición total de los centros de datos. En otros lugares se votó sobre cambios en la zonificación o se decidió el destino de proyectos ya iniciados.
En distintos estados se propusieron medidas que iban desde moratorias de varios años hasta la obligación de que los vecinos aprobaran las construcciones. Tres ciudades de Kansas impusieron por separado restricciones a las llamadas instalaciones con un elevado consumo de servicios públicos, mientras que en una ciudad de Maine se votó sobre límites al tamaño de los centros de datos.
Resultados por estados:
• California: los residentes de Alhambra, un suburbio de Los Ángeles, votaron a favor de prohibir los centros de datos.
• Florida: en Edgewater se aprobó una enmienda a la carta municipal que prohíbe nuevos centros y limita la ampliación de los existentes.
• Illinois: la mayoría de los votantes de cinco municipios respondió «no» a las preguntas sobre el apoyo a futuras construcciones y la concesión de permisos. En Bloomington respaldaron una moratoria.
• Kansas: en El Dorado se aprobó una prohibición de 10 años para los centros de datos de alto consumo. Afectará a las instalaciones que utilicen más de 100.000 galones de agua al día. Otras tres ciudades del estado también prohibieron la construcción de este tipo de centros.
• Maine: al menos tres ciudades impusieron moratorias de 180 días; en Wiscasset se aprobó una pausa de seis meses.
• Nueva Jersey: la mayoría de los votantes del municipio de Downe afirmó que no apoyaba la construcción de centros de datos.
• Nevada: los residentes de Boulder City rechazaron los permisos de construcción en la zona de Eldorado Valley Transfer Area.
• Ohio: al menos 14 municipios aprobaron prohibiciones o restricciones para futuros proyectos; otros seis rechazaron propuestas para mantener el cambio de zonificación que permitía centros de datos.
• Wisconsin: en Janesville se decidió que un proyecto de centro de datos cuyo coste oscila entre 450 millones y 8.000 millones de dólares deberá recibir la aprobación de los vecinos en una votación específica.
Las empresas tecnológicas destinaron cientos de millones de dólares a las campañas de las elecciones de mitad de mandato. De esa cantidad, 474 millones correspondieron a los gastos de Elon Musk; casi la mitad se destinó a publicidad política en Texas. En el estado hay unos 300 centros de datos y están previstos otros 173 emplazamientos. Texas también es la base de la mayor parte de los negocios de transporte y espacio de Musk.
La gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, demócrata y primera mujer latina en ocupar el cargo, defendió abiertamente una moratoria para los centros de datos y un impuesto a esos proyectos. «Estos centros de datos hiperescalables tienen un impacto hiperescalable en nuestras comunidades, y nosotros nos quedamos sin protección», declaró antes de las elecciones.
Los candidatos contrarios a la construcción de centros de datos también ganaron fuera de Texas, pese a una campaña publicitaria de 173 millones de dólares en su contra. Según los expertos, los resultados podrían ralentizar la creación de infraestructuras de IA en todo el país.
«No se puede maquillar: el cambio de control, sobre todo si el Senado pasa a manos de los demócratas, creará serios obstáculos para la legislación sobre IA y tecnología en Washington durante los próximos dos años», escribió el 4 de noviembre a los inversores Dan Ives, analista de Wall Street y socio de Yorkville Ives & Co. Destacó especialmente la victoria de Hinojosa: según las previsiones, Texas debía concentrar casi un tercio de la futura capacidad de los centros de datos de Estados Unidos.
Los economistas de Goldman Sachs estiman que las nuevas restricciones afectarán a cerca del 45 % del aumento previsto de la capacidad de los centros de datos del país.
También puede haber consecuencias financieras más inmediatas. Tras unos resultados calificados de «ola azul», bajaron las acciones de SpaceXSI y Tesla. Una ralentización del gasto en centros de datos también podría perjudicar a los fabricantes de microchips. A 4 de noviembre, las acciones de Micron, Nvidia y otros fabricantes de chips estaban a la baja.
PEREC.RU
Durante años, el sector tecnológico vendió la expansión de la capacidad de computación como si fuera el tiempo: un proceso supuestamente inevitable, gigantesco y, por tanto, fuera de discusión. Pero los vecinos tienen la anticuada costumbre de fijarse en que el progreso digital ajeno llega a su puerta en forma de nuevas cargas para el agua, la electricidad y el suelo. A escala local, la inteligencia artificial ha dejado de ser una nube abstracta: resulta que la nube tiene cimientos, contador y una dirección muy concreta.
La distancia entre el brillo de la publicidad y la realidad política es especialmente reveladora. Las empresas inyectan cientos de millones en las campañas y luego se sorprenden de que los votantes no consideren la promesa de «innovación» un salvoconducto universal para construir. El dinero puede comprar mucho tiempo en antena; todavía no ha aprendido a convertir el enfado de los vecinos en entusiasmo. Quizá la próxima start-up intente monetizar precisamente esa función.
Texas es aquí el escaparate casi perfecto de la contradicción. El estado se ha convertido a la vez en un enclave importante para la infraestructura de los grandes actores tecnológicos y en un lugar donde la campaña a gobernador habló abiertamente de una moratoria y de un impuesto. Cuando los intereses empresariales se cruzan con los de los vecinos, la palabra «desarrollo» suele pronunciarse con especial solemnidad, preferiblemente antes de que alguien pregunte quién paga la parte de servicios públicos de ese futuro.
Aun así, no conviene confundir las prohibiciones locales con una súbita victoria del sentido común en todo su esplendor. Algunas restricciones pueden proteger a las comunidades; otras quizá se limiten a desviar las obras hacia lugares donde la oposición sea más discreta y negociar con las autoridades resulte más cómodo. Los grandes proyectos rara vez desaparecen por una sola votación: cambian de dirección, de presupuesto y de formulación en la presentación. A veces también cambia quién resulta estar afiliado por casualidad al terreno adecuado.
El mercado ya está reaccionando al riesgo de una ralentización, porque los inversores saben ponerse nerviosos más deprisa de lo que las ciudades conceden permisos. Pero una caída de las acciones no convierte el debate en una nimiedad: solo recuerda que la carrera por la infraestructura depende no solo de los chips y el capital, sino también del consentimiento político. Ahora el sector tendrá que demostrar que sus promesas justifican los costes, en lugar de limitarse a repetir «IA» con aire de quien considera zanjada la cuestión.
La principal lección de las elecciones no es que los estadounidenses hayan dejado de amar de repente la tecnología. Al parecer, no están dispuestos a aceptar automáticamente cualquier perjuicio local como precio inevitable del progreso. Para las empresas es una noticia incómoda; para el procedimiento democrático, una función bastante rutinaria. Resulta que hasta el futuro digital a veces tiene que ponerse a la cola y explicar a qué ha venido.
