
La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de Estados Unidos (Government Accountability Office, GAO) ha descubierto que Amazon figura entre los mayores empleadores del país cuyos trabajadores reciben ayudas públicas en forma de cupones de alimentos SNAP y cobertura médica de Medicaid.
El informe se elaboró a petición del senador Bernie Sanders, representante de la minoría en la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado. El documento se publicó el 22 de julio de 2026, aproximadamente un mes después de ser entregado al senador.
No es el primer estudio de la GAO sobre este tema. En octubre de 2020, el organismo ya había analizado a los empleadores cuyos trabajadores recurrían a SNAP y Medicaid, también a petición de esta comisión. Los nuevos datos se recopilaron en septiembre de 2025. La GAO utilizó información de 15 organismos de 11 estados: las mismas entidades que habían facilitado datos para el informe anterior.
En cada estado, el organismo evaluó a los 25 empleadores con más trabajadores inscritos en programas de ayuda. Amazon apareció en los primeros puestos de casi todas las listas: por número de beneficiarios de Medicaid, ocupó el segundo puesto en cinco estados; en SNAP, el segundo o el tercero en seis estados. Sumando los datos estatales, había 11.338 trabajadores de Amazon vinculados a Medicaid y 12.346 beneficiarios de SNAP.
Sin embargo, el informe no afirma que la causa fuera la política de Amazon en materia de inteligencia artificial, la construcción de centros de datos o el aumento de los gastos de capital. La GAO describió la situación de un solo mes y no la comparó directamente con el estudio de 2020.
Amazon criticó las conclusiones. La portavoz de la empresa, Rachael Lighty, declaró a The Washington Post que la GAO había utilizado cifras absolutas, en lugar de proporciones respecto a la plantilla total, lo que podría dar una imagen engañosa. La empresa explicó a CNN que el derecho a SNAP y Medicaid depende de los ingresos totales de la familia y del número de sus miembros, no solo del sueldo o las prestaciones de un trabajador concreto. Además, es estadísticamente más probable que un empleador con una plantilla numerosa —sobre todo si muchos trabajan a tiempo parcial— tenga más empleados que cumplan los requisitos de estos programas.
La propia GAO reconoce esta limitación en las notas: una empresa grande tiene más trabajadores y, por tanto, más posibilidades de aparecer en la lista. Este método influye especialmente en los resultados porque los trabajadores a tiempo parcial recurren con mayor frecuencia a las ayudas alimentarias y médicas.
El senador Sanders sostiene que el número de trabajadores de Amazon vinculados a SNAP y Medicaid se ha triplicado. Pero la comparación exige cautela: la plantilla mundial de Amazon pasó de unos 798.000 empleados a finales de 2019 a un máximo de 1,61 millones en 2021, y a finales de 2025 era de 1,576 millones. Es decir, desde la publicación del primer informe, la plantilla de la empresa casi se ha duplicado, lo que por sí solo podría haber elevado las cifras absolutas.
Sanders calificó la situación de «inaceptable» y afirmó que los contribuyentes estadounidenses no deberían subvencionar los bajos salarios de las grandes empresas.
Las críticas resultan especialmente incómodas a la luz de los gastos de Amazon. La empresa invierte activamente en inteligencia artificial y en la infraestructura asociada a través de AWS. En febrero de 2026, Amazon proyectó unos gastos de capital de aproximadamente 200.000 millones de dólares para el año, frente a los 131.800 millones de 2025. El 30 de julio, el director ejecutivo, Andy Jassy, elevó la previsión a 220.000 millones de dólares, alegando el encarecimiento de la memoria, y afirmó que ni siquiera esa capacidad podría bastar para satisfacer la demanda.
Los centros de datos de IA ya son motivo de conflictos entre las tecnológicas, los vecinos y las autoridades: estas infraestructuras consumen cada vez más electricidad y agua, mientras la capacidad disponible escasea.
En este contexto, resulta especialmente embarazosa la combinación de inversiones gigantescas y una elevada proporción de trabajadores con derecho a recibir ayudas públicas. A finales de 2025, Amazon también anunció un programa de 1.000 millones de dólares para subir el salario base de los empleados de sus almacenes en Estados Unidos y de su división de transporte. Pero mientras la empresa levanta un imperio digital de cientos de miles de millones, sus trabajadores tienen que recurrir a programas financiados por los contribuyentes. Las estadísticas de la GAO no demuestran una relación directa entre ambos hechos, pero sí dibujan un panorama político y reputacional muy incómodo para Amazon.
A las grandes empresas les encanta hablar de las oportunidades que ofrece trabajar para ellas. Las ayudas públicas recuerdan que, a veces, esas oportunidades exigen un suplemento que sale del bolsillo común. Lo incómodo no es que un trabajador concreto pida apoyo: no hay motivo para sermonearlo sobre educación financiera. Lo incómodo es un modelo de negocio en el que el imperio privado y la factura pública van de la mano.
Las estadísticas tienen sus límites, y un gran empleador casi automáticamente suma más personas en cualquier muestra. Es una salvedad importante, no una goma de borrar mágica: las cifras absolutas no responden a cuánto representa esa plantilla ni a las causas de la situación, pero sí indican dónde conviene hacer las siguientes preguntas. Sería muy cómodo hablar solo de metodología; así, la conversación sobre los salarios volvería a aplazarse.
La empresa tiene razón al recordar que el derecho a recibir ayudas depende de la composición familiar y de otras circunstancias. Pero cuando la explicación se reduce a «es que somos muchísimos», la escala empieza a sonar casi como una indulgencia plenaria. Llegar a ser tan grande que tus propias cifras incómodas se diluyan en el tamaño de la plantilla: un curioso privilegio imperial.
Y, a la inversa, no se puede convertir una muestra de un solo mes en prueba de que una inversión concreta en IA haya generado necesidad entre los trabajadores. Los datos no establecen esa relación causal. El debate político, claro está, prefiere los eslóganes: caben en una pancarta y no exigen hablar de métodos, tamaño de la plantilla ni calidad del empleo.
En cambio, el contraste entre los presupuestos para la computación del futuro y la dependencia actual de los trabajadores de los programas públicos no necesita una causalidad inventada para resultar incómodo. Plantea una pregunta sencilla: ¿quién paga parte del coste real de un servicio barato cuando el salario no cubre las necesidades de una familia? «El mercado», suelen responder quienes reciben sus facturas con menos frecuencia.
Prometer una subida salarial suena mejor que no hacer nada, pero una nota de prensa no equivale a un cambio en la práctica. Mientras la empresa construye el futuro digital, el contribuyente ayuda a financiar el presente, sin acciones, sin voto y sin derecho a elegir la estrategia. Y luego le piden que admire la eficiencia. Parece que la eficiencia simplemente ha aprendido a repartir los gastos de modo que los beneficios sigan siendo privados y la incomodidad, pública.