Meta, por la seguridad infantil

Meta ha afirmado que sería preferible contar con una ley federal sobre la seguridad de los menores en internet, en lugar de tener normas dispersas para cada plataforma. La declaración llegó después de un acuerdo de 17.000 millones de dólares, alcanzado en medio de años de acusaciones de que los productos de Meta fomentan la adicción a las redes sociales y perjudican la salud mental de los adolescentes.

En virtud del acuerdo, Meta se compromete a reforzar las medidas de protección de sus aplicaciones, incluida la verificación de edad y límites más estrictos al tiempo de uso. La empresa debe pagar 12.000 millones de dólares a los fiscales generales de los estados. Podrían añadirse otros 5.000 millones si Snap, TikTok y YouTube aceptan implantar sus propias medidas de protección.

Para sorpresa de los activistas, un portavoz de Meta declaró a los periodistas que lo mejor sería fijar esos requisitos por ley: una norma federal obligaría de inmediato a todos los competidores a cumplirlos. Ese comentario indignó a los padres que reclaman la aprobación de la Kids Online Safety Act (KOSA), la ley de seguridad infantil en internet.

Maurine Molak, cofundadora de Parents for Safe Online Spaces, calificó de hipócrita la postura de Meta. Según ella, la empresa se pasó años gastando millones de dólares en presionar contra la KOSA y ahora intenta presentar la ley como la solución al problema. Molak perdió a su hijo y participó anteriormente en la aprobación de la ley texana contra el ciberacoso David’s Law, en 2017.

Chris McComas, madre de Grace McComas, que murió en 2012 tras sufrir acoso en internet, afirmó que el acuerdo no puede equipararse a una ley. Los padres creen que Meta intenta protegerse de nuevas demandas y multas, en vez de reconocer voluntariamente su responsabilidad por la seguridad de los menores.

El 28 de agosto de 2026, ParentsSOS envió una carta a Mark Zuckerberg. Sus autores pidieron a Meta que dejara de presionar contra la KOSA, apoyara públicamente la ley y trasladara esa postura al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y a los líderes del Congreso. La carta se envió dos días después de la declaración del portavoz de Meta y casi un mes después de que la Cámara de Representantes aprobara una versión reducida de la iniciativa, la Kids Internet and Digital Safety Act (KIDS Act). Para su aprobación definitiva, el texto debe someterse a votación en el Senado.

En el momento de la publicación, Meta no había respondido. La empresa declinó hacer comentarios por separado y remitió a los periodistas a un comunicado anterior de su sección corporativa de noticias.

La KOSA prevé protección predeterminada para los menores: controles parentales, límites a las comunicaciones y protección de los datos de ubicación. Las plataformas también tendrán que ofrecer la posibilidad de desactivar el desplazamiento infinito, la reproducción automática y otros mecanismos que mantienen al usuario dentro de la aplicación. El Departamento de Comercio, la Comisión Federal de Comunicaciones y la Comisión Federal de Comercio deberán evaluar los sistemas de verificación de edad en dispositivos o sistemas operativos.

ParentsSOS considera que la ley es una iniciativa bipartidista popular y sospecha que Meta intenta utilizarla como escudo ante futuras reclamaciones judiciales. Según Politico, la empresa ha empezado recientemente a debatir medidas de protección específicas con los reguladores para evitar multas enormes por infracciones.

La KOSA cuenta con el apoyo del National Center on Sexual Exploitation, Enough is Enough y ParentsTogether. Estas organizaciones también piden aprobar la App Store Accountability Act, una ley federal destinada a reforzar la verificación de edad y los controles parentales en las tiendas de aplicaciones. Los defensores de la seguridad infantil consideran necesario un estándar federal, pero creen que los estados y las familias deben conservar la posibilidad de presentar demandas.

Los detractores de la KOSA temen que se vulnere la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que se censure internet y que se elimine en exceso contenido protegido, incluidos materiales sobre temas LGBTQ. También suscitan dudas los sistemas de verificación de edad. La ACLU, GLAAD, Internet Society y más de 90 organizaciones civiles ya criticaron disposiciones de la ley, entre ellas la obligación imprecisa de las plataformas de velar por los usuarios, que podría empujar a las empresas a censurar en exceso.

Los críticos del acuerdo de Meta también señalan una laguna: la empresa podrá almacenar y utilizar datos de menores para entrenar modelos de verificación de edad y desarrollar medidas de protección. Los estados que se sumen al acuerdo no podrán demandar a Meta en virtud de la ley federal COPPA, que regula la recopilación de datos infantiles.

La Electronic Frontier Foundation advirtió de que las nuevas normas podrían limitar el acceso de los menores a los productos de Meta, a la información, el arte, la cultura, la comunicación y las comunidades en línea. El Center for Democracy & Technology afirmó que la verificación obligatoria de edad podría amenazar la privacidad, el anonimato y la libertad de expresión de todos los usuarios.

Pese a las críticas, los partidarios de la KOSA consideran que la ley es necesaria y creen que podría reducir rápidamente las situaciones peligrosas para los menores. El debate principal ya no es solo si hace falta protección federal, sino también si se puede confiar su diseño a las empresas que llevan años resistiéndose a las normas.