Florida retira cámaras de vigilancia

En Florida ha comenzado la retirada de cámaras de reconocimiento automático de matrículas, aunque por ahora solo de forma parcial. El Departamento de Transporte del estado ha revocado oficialmente los permisos de las fuerzas del orden para operar estos dispositivos en las zonas de dominio público a lo largo de las autopistas estatales. La policía tiene 30 días para desmontar los equipos.

La decisión se ha convertido en una de las medidas estatales más contundentes contra una tecnología que hasta hace poco se vendía como una herramienta casi inofensiva para combatir la delincuencia. La orden afecta no solo a Flock Safety, cuyo nombre se ha vuelto casi sinónimo de los sistemas de reconocimiento automático de matrículas, sino también a los equipos de sus competidores, entre ellos Axon y Motorola.

Las autoridades de Florida justificaron la medida por el «reciente crecimiento exponencial» del número de cámaras, las denuncias de posibles abusos, los riesgos para la privacidad de los datos y el temor a que se creen sistemas de vigilancia masiva.

Según la información disponible, Florida es el primer estado que ordena retirar por completo estas cámaras de su red viaria. No se trata de prohibir nuevas instalaciones, limitar ciertos usos o suspender la financiación, sino de desmontar los dispositivos que ya están instalados.

Sin embargo, la medida no se aplica en todas partes. Solo afecta a las cámaras instaladas en las zonas de dominio público junto a las carreteras estatales. Por ahora, los sistemas siguen permitidos en las calles locales y en terrenos privados; los propios responsables reconocen que allí se encuentra la mayoría de las cámaras.

El sheriff del condado de Duval, que incluye Jacksonville, anunció que dejaría de usar los dispositivos de inmediato en todo el condado, aunque los calificó de herramienta útil para las investigaciones. Los condados de Pasco y Manatee también anunciaron la prohibición o retirada de cámaras. El alcalde de Oviedo afirmó que los dispositivos de la ciudad desaparecerían antes de que acabara septiembre, «de una forma u otra».

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ya había calificado la expansión de las cámaras de «fuera de control» y había advertido del riesgo de crear un estado de vigilancia total. Según él, no se sabe si los dispositivos registran solo las matrículas o también a las personas y lo que ocurre dentro de los vehículos. El gobernador aludió a casos de abuso que ya han salido a la luz.

Flock Safety se opuso a la prohibición. La empresa sostiene que las cámaras ayudan a resolver delitos graves, localizar vehículos robados y buscar a personas desaparecidas. En lugar de una prohibición total, Flock propone aprobar leyes bien diseñadas y establecer normas estrictas para proteger la privacidad, garantizar la transparencia y exigir responsabilidades.

La decisión de Florida es solo el episodio más visible de una campaña general para revisar estos sistemas en Estados Unidos. En distintos estados y ciudades, las autoridades apagan cámaras, rescinden contratos y plantean preguntas que, en opinión de los críticos, deberían haberse hecho antes de instalarlas.

Unos días antes de la orden de Florida, el gobernador de Texas, Greg Abbott, pidió a las agencias estatales que dejaran de financiar las cámaras de Flock. Su oficina aludió a la creciente preocupación por los abusos, incluido el caso de un agente de policía de Lufkin. Se le han imputado 100 delitos por presuntas búsquedas no autorizadas en la base de datos de Flock.

En Menasha, Wisconsin, el alcalde Austin Hammond ordenó apagar todas las cámaras de Flock antes del 1 de septiembre y dijo que más adelante pediría al consejo municipal rescindir el contrato. La policía ya había introducido medidas adicionales: un registro público de transparencia y auditorías periódicas de los usuarios del sistema. Pero el alcalde decidió que la preocupación de los vecinos por la privacidad y el acceso a los datos era más importante que mantener el programa.

El 1 de septiembre, el sheriff del condado de Hamilton, en Tennessee, Austin Garrett, suspendió el funcionamiento de los 70 sistemas de reconocimiento de matrículas bajo el control de su departamento.

En Massachusetts, Abington y Ayer dejaron de trabajar con Flock; Southbridge suspendió el programa hasta que se celebrara un debate público y se estudiara la posible aprobación de garantías a nivel estatal; y Groton anunció que rescindiría el contrato tras una revisión interna. Estas ciudades se sumaron a otros cinco municipios del estado que habían renunciado a las cámaras.

El jefe de policía de Abington, John Bonney, afirmó que el éxito policial no se mide por el número de herramientas ni por lo novedosa que sea la tecnología, sino por la confianza de los vecinos.

Según los cálculos del Institute for Justice, una organización libertaria que impugna ante los tribunales el uso de estas cámaras, hasta el 31 de agosto 144 autoridades locales habían cancelado o no renovado contratos de sistemas de reconocimiento automático de matrículas desde principios de 2025.

Este rápido retroceso muestra lo deprisa que se ha deteriorado la reputación de Flock Safety. La empresa construyó una enorme red nacional ofreciendo cámaras relativamente baratas y fáciles de mantener para investigar delitos. Ahora se enfrenta a políticos de ambos partidos, activistas locales y vecinos que han descubierto de repente que una cámara tan práctica puede recopilar muchos más datos de los que querrían conocer.