La Casa Blanca obtiene luz verde para un salón de baile ilegal, según el presidente del Supremo
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido al Gobierno de Donald Trump continuar las obras de un gran salón de baile en la Casa Blanca, aunque el proyecto no cuenta con la aprobación del Congreso. Según Associated Press, el 31 de agosto los jueces decidieron por cinco votos contra cuatro. La resolución revocó una orden provisional dictada un mes antes por el presidente del Tribunal, John Roberts.
La Administración Trump acudió de urgencia al Tribunal Supremo después de que un tribunal federal ordenara detener las obras. El caso surgió a raíz de una demanda del National Trust for Historic Preservation, una organización estadounidense dedicada a proteger lugares históricos. La entidad pidió paralizar el proyecto y sostuvo que una construcción de tal envergadura en el complejo de la Casa Blanca no puede llevarse a cabo sin autorización del Congreso.
La decisión del Tribunal Supremo fue inusual incluso para los estándares de la política judicial estadounidense. El conservador John Roberts se sumó a los tres jueces liberales y votó contra la continuación de las obras. En su opinión discrepante escribió que el proyecto probablemente es ilegal porque el Congreso no lo ha autorizado.
Los cinco jueces que respaldaron al Gobierno publicaron una resolución sin indicar quién la había redactado. Se remitieron a los argumentos de la Casa Blanca sobre seguridad nacional. Según el Gobierno, el salón de baile es necesario para proteger una instalación militar subterránea aún sin construir y también será más seguro que las carpas que suelen utilizarse para grandes actos junto a la Casa Blanca.
Sin embargo, los jueces no determinaron si la construcción es legal. Señalaron que probablemente el National Trust carece de legitimación suficiente para presentar esa demanda. El caso volverá ahora a los tribunales inferiores, donde la disputa continuará teniendo en cuenta la posición del Tribunal Supremo.
El efecto práctico de la decisión es evidente: el Gobierno gana tiempo para impulsar el proyecto antes de que se vuelva a examinar el caso. El futuro edificio tendrá una superficie de 90.000 pies cuadrados, unos 8.360 metros cuadrados. Los trabajadores lo hacen en jornadas de hasta 20 horas.
Está previsto terminar las obras en agosto de 2028. Para entonces, podrían haber avanzado considerablemente o incluso estar a punto de concluir antes de que el caso del National Trust vuelva a llegar al Tribunal Supremo. El ala este de la Casa Blanca, que el nuevo salón sustituirá, fue demolida el año pasado por orden de Trump.
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El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido al Gobierno de Donald Trump continuar las obras de un salón de baile en la Casa Blanca, con un coste de 400 millones de dólares, pese a que el Congreso no ha dado su aprobación. La decisión, adoptada el 31 de agosto por cinco votos contra cuatro, revoca la prohibición provisional impuesta un mes antes por el presidente del Tribunal, John Roberts.
El caso partió de una demanda del National Trust for Historic Preservation, una organización que protege lugares históricos. La entidad reclamó que se paralizara el proyecto porque, a su juicio, una obra de este tipo en el complejo de la Casa Blanca debe contar con autorización del Congreso. Un tribunal federal ordenó suspender los trabajos, tras lo cual la Administración Trump pidió urgentemente al Tribunal Supremo que revocara la medida.
Los jueces se dividieron de una forma inusual. El conservador John Roberts se sumó a los tres jueces liberales que votaron contra la continuación de las obras. En su opinión discrepante señaló que el proyecto probablemente es ilegal porque el Congreso no lo había aprobado.
Los cinco jueces que respaldaron a la Casa Blanca publicaron una resolución sin identificar a su autor. Invocaron los argumentos del Gobierno sobre seguridad nacional. La Casa Blanca sostuvo que el salón de baile es necesario para proteger una instalación militar subterránea aún sin construir y que será más seguro que las carpas que suelen instalarse para grandes actos.
El Tribunal Supremo no determinó si el proyecto es legal. En su lugar, los jueces afirmaron que el National Trust quizá no tenga legitimación suficiente para presentar la demanda. El caso vuelve ahora a los tribunales inferiores.
La decisión permite al Gobierno seguir con las obras y ganar tiempo. El futuro edificio tendrá 90.000 pies cuadrados, unos 8.360 metros cuadrados. Los trabajadores llegan a trabajar hasta 20 horas al día.
El proyecto debería estar terminado en agosto de 2028. Para entonces, las obras podrían haber avanzado mucho antes de que el caso del National Trust vuelva a llegar al Tribunal Supremo. El nuevo salón sustituirá al ala este de la Casa Blanca, demolida el año pasado por orden de Trump.
