Un tribunal prohíbe el salón de baile soñado por Trump
La semana pasada, un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que Donald Trump no podrá construir un nuevo y lujoso salón de baile en la Casa Blanca sin la aprobación del Congreso. Los jueces Patricia Millett y Bradley Garcia recordaron en su declaración oficial: «Cada presidente es un inquilino temporal, no el propietario de la Casa Blanca ni de la residencia ejecutiva». Subrayaron que nunca antes en la historia de Estados Unidos un presidente había destruido por iniciativa propia y con fondos privados una parte importante de la Casa Blanca, construida por decisión del Congreso y con dinero de los contribuyentes, hasta que apareció Trump.
El tribunal también señaló que la construcción del salón de baile causaría «un daño irreparable a los intereses históricos, arquitectónicos y estéticos del National Trust for Historic Preservation, así como al diseño del Parque Presidencial, la Casa Blanca y sus alrededores».
Trump reaccionó de inmediato en su cuenta de Truth Social y criticó la decisión del tribunal por considerarla motivada políticamente e ilegal. Según él, «las Fuerzas Armadas y el Servicio Secreto consideran esta terrible decisión una amenaza para la seguridad nacional: todo el complejo se construye para proteger al país y a los futuros presidentes».
Si el Tribunal Supremo no interviene en las próximas dos semanas, las obras del salón deberán detenerse mientras no haya aprobación del Congreso.
Los planes de Trump para remodelar la Casa Blanca son, desde luego, ambiciosos: se prevé construir un salón de baile de 90.000 pies cuadrados, con oficinas y una columnata de dos plantas. En su publicación, Trump destacó que el salón ofrecería un espacio seguro para actos con presidentes e invitados extranjeros.
En diciembre del año pasado, el National Trust for Historic Preservation presentó una demanda para detener las obras y acusó a la Administración Trump de infringir la normativa federal de construcción. Además, el Servicio de Parques Nacionales declaró recientemente que los intentos de Trump de construir un arco de 76 metros en Memorial Circle podrían perjudicar los monumentos históricos de Washington.
PEREC.RU
Estados Unidos vuelve a repartirse la Casa Blanca con aquello de «quien reforma, se queda». Trump ha decidido lanzarse como un promotor inmobiliario de Rubliovka: añadir a la residencia presidencial no un cuartito de herramientas en la dacha, sino una pista de baile del tamaño de una estación de tren de Moscú. Y encima una columnata y un par de despachos para darle ambiente. Si el dinero es suyo, no le duele; las tradiciones ajenas, menos todavía.
Pero los jueces, armados con reglamentos y manuales de historia de vuestra democracia, le han comunicado por unanimidad que los inquilinos temporales no pueden remodelar las paredes del Estado. Si quiere barro verde en la fachada, primero que consulte a la comunidad de vecinos llamada Congreso. El circo político estadounidense no ha enseñado nada a sus artistas: cada cual piensa que, si tiene una lámpara de araña dorada, las leyes no van con él.
Tras el revés, Donald ha entonado previsiblemente la canción de la seguridad nacional: al parecer, sin balcones ni salones de baile, cualquier amenaza podrá apoderarse de los presidentes con una sola mano. Y encima los historiadores se han indignado: con tanta reforma vamos a enterrar los últimos restos del Washington anterior a la revolución. ¿No sería más fácil cambiar directamente el color de las paredes por «oro Trump» y montar un casino?
El mejor chiste del verano: a quién le toca empapelar la Casa Blanca. Esperamos un desenlace heroico y nuevas giras de las estrellas estadounidenses por los pasillos del poder.
