Trump vuelve a cerrar la red eléctrica a los extranjeros
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva que declara el estado de emergencia por las amenazas a la infraestructura eléctrica estadounidense. El documento prohíbe importar, instalar, transferir y utilizar ciertos sistemas de transmisión eléctrica de alta tensión fabricados en el extranjero, incluidos los equipos y programas informáticos que el Departamento de Energía de Estados Unidos considere un riesgo para la seguridad nacional.
Los sistemas de transmisión eléctrica de alta tensión son infraestructuras que permiten producir y transportar electricidad por todo el país. Incluyen centrales eléctricas, líneas de transmisión, subestaciones y el hardware y software asociados. En la práctica, son el armazón de la red eléctrica: un ataque eficaz contra él podría provocar apagones generalizados y afectar a la economía, la salud y la seguridad de la ciudadanía, así como a la capacidad de defensa del país.
La orden sostiene que «ciertos agentes extranjeros» crean y explotan cada vez más vulnerabilidades en la red eléctrica estadounidense. Trump afirmó que ya durante su primer mandato detectó que esta infraestructura estaba insuficientemente protegida frente a acciones maliciosas, incluidos ciberataques. A su juicio, las escasas restricciones a la compra y explotación de sistemas extranjeros suponen una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos.
Ahora, el Gobierno estadounidense debe estudiar los sistemas eléctricos que ya están en funcionamiento y determinar cuánto equipo y software extranjero contienen. También tendrá que averiguar si es posible aislar esos componentes, retirarlos y sustituirlos por equivalentes estadounidenses. Por ahora, no se han especificado los criterios para determinar qué constituye una amenaza ni cómo se aplicará la prohibición en la práctica.
No es el primer intento de Trump de cerrar el sector energético a los proveedores extranjeros. A mediados de 2020 firmó una orden casi idéntica, en la que también declaró el estado de emergencia por las amenazas de adversarios extranjeros y restringió las transacciones con equipos destinados al sistema eléctrico de alta tensión. En enero de 2021, el presidente Joe Biden suspendió la orden durante 90 días para revisarla y estudiar una posible sustitución de la política. Más tarde, el Departamento de Energía la revocó oficialmente.
Aunque el nuevo documento no menciona expresamente a China, lo más probable es que la medida vaya dirigida contra los equipos chinos. Durante su primer mandato, Trump advirtió repetidamente de que los dispositivos chinos podían usarse para vigilar a la ciudadanía, las empresas y el Gobierno de Estados Unidos. Su Administración intentó apartar a las compañías chinas de la infraestructura móvil estadounidense 5G, alegando amenazas a la seguridad nacional y ciberespionaje. En 2019, Huawei fue incluida en la lista de entidades del Departamento de Comercio de Estados Unidos, lo que limitó su acceso a tecnologías estadounidenses; posteriormente, la Comisión Federal de Comunicaciones declaró que Huawei y ZTE suponían amenazas para la seguridad nacional.
Además, se prohibió a las operadoras de telecomunicaciones utilizar subvenciones federales para adquirir equipos chinos. Para el material ya instalado, se puso en marcha un programa de «retirada y sustitución».
Ahora, la misma lógica se extiende a la electricidad. Según Cyberscoop, la orden responde a las preocupaciones por la presencia de equipos fabricados en China en la infraestructura energética estadounidense. El medio, citando al Organismo Internacional de Energía Atómica, informa de que China concentra el 85 % de la capacidad de producción mundial de energía solar y es uno de los principales actores del mercado de transformadores de potencia.
El Departamento de Energía de Estados Unidos dispone de 120 días para elaborar las normas de aplicación de la orden. Durante el proceso, deberá consultar con otros ministerios y organismos federales clave.
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La orden de Donald Trump impone en Estados Unidos restricciones a la compra, importación, transferencia e instalación de ciertos sistemas de transmisión eléctrica de alta tensión fabricados en el extranjero, incluido el software. La medida se aplicará a los componentes que el Departamento de Energía de Estados Unidos considere una amenaza para la seguridad nacional. La orden parte de la afirmación de que agentes extranjeros pueden crear y explotar vulnerabilidades en la red eléctrica estadounidense, y de que un ciberataque contra centrales, líneas de transmisión o subestaciones podría causar apagones generalizados y perjudicar a la economía, la salud y la seguridad de la ciudadanía y la defensa del país.
El Gobierno estadounidense pretende revisar los sistemas eléctricos ya en funcionamiento, localizar los equipos y programas extranjeros, determinar si pueden aislarse o retirarse y sustituirlos por alternativas nacionales. Aún no se han definido los criterios para identificar las amenazas ni el mecanismo de aplicación. El Departamento de Energía dispone de 120 días para preparar las normas junto con otros organismos federales.
La medida repite una orden de Trump de 2020. En enero de 2021, Joe Biden suspendió temporalmente su aplicación y, más tarde, el Departamento de Energía la revocó oficialmente.
El nuevo documento no menciona directamente a China, pero se considera que es el principal destinatario. Durante el primer mandato de Trump, Estados Unidos restringió la actividad de Huawei y ZTE, las declaró amenazas para la seguridad nacional, apartó a empresas chinas de las redes 5G y puso en marcha un programa para retirar y sustituir equipos ya instalados. Ahora se extiende un enfoque similar al sector eléctrico.
Según Cyberscoop, la decisión está relacionada con la preocupación por los equipos chinos en la red eléctrica estadounidense. El medio informa, citando al Organismo Internacional de Energía Atómica, de que China controla el 85 % de la capacidad de producción de energía solar y es un importante fabricante de transformadores de potencia. Así pues, la nueva prohibición afecta a la ciberseguridad, la protección de infraestructuras críticas y la competencia entre Estados Unidos y China por el control de las tecnologías energéticas.
