En un pequeño pueblo de Alabama nadie puede frenar al monstruo de la minería

Somerville, Alabama, es un pueblo de menos de 800 habitantes y alberga el juzgado más antiguo del estado que se conserva. Hasta hace poco, los vecinos apenas pensaban en la legislación sobre el suelo. Pero todo cambió este verano: un promotor anunció la construcción de un enorme centro de datos para minar criptomonedas, con una capacidad de 50 megavatios. El complejo ocupará seis hectáreas; para un pueblo de este tamaño, sería como levantar una «Moscow City» en una aldea cualquiera.

Lo sorprendente es que, al mismo tiempo, se aprobaron dos prohibiciones para este tipo de construcciones: una por decisión del consejo del condado de Morgan y otra por decisión del propio pueblo. Pero ambas resultaron jurídicamente inútiles. La razón es que Alabama forma parte de los 31 estados de EE. UU. donde rige la llamada «regla de Dillon»: las autoridades locales solo pueden hacer aquello que la ley estatal autoriza expresamente. Así que, si al condado no se le ha permitido regular el uso del suelo, sencillamente no tiene potestad para controlarlo. Las comisiones locales no pueden aprobar sus propias leyes urbanísticas; tienen que acudir a la capital del estado para obtener esa facultad.

El presidente de la comisión del condado, Ray Long, ni siquiera lo oculta: la ordenanza, aprobada a petición de 450 vecinos indignados, no resuelve nada; es más bien un «mensaje» que un mecanismo real. Lo dice sin rodeos: lo máximo que puede hacer el condado para influir en el promotor es «pedirle muy educadamente que no construya».

En Somerville la situación es algo mejor: en teoría, los municipios de Alabama pueden aprobar normas de zonificación, pero este pueblo nunca las ha tenido. El alcalde, Darren Tucker, lleva años intentando en vano convencer al consejo de que adopte esas normas. Así que nada impide que el centro de datos compre un terreno dentro de los límites municipales y empiece las obras. La moratoria de 18 meses aprobada recientemente es solo un intento temporal de ganar tiempo y aclarar algo, y ahora buscan resquicios en las leyes locales para ofrecer al menos cierta resistencia.

La empresa VoltCore construirá el centro de datos, aunque la historia real es bastante más pintoresca: primero compró el terreno una empresa texana llamada Sovereign Global Solutions Inc., que después se lo revendió a una firma afiliada de Alabama, Sovereign Gazelle LLC. Los vecinos no han conseguido ponerse en contacto con representantes de estas empresas: los teléfonos y correos publicados no funcionan. También está vinculada al proyecto una tercera entidad, Project Avalanche, que apareció de pronto cuando todo ya estaba en marcha.

El propio promotor no logró llegar a un acuerdo con cuatro propietarios locales para instalar las conexiones: ofreció dinero en efectivo, una tubería de gas hasta la casa e internet gratis. Pero, tras la negativa, el obstinado empresario pasó a otro plan: intentó conseguir el tendido de las conexiones mediante el derecho legal de servidumbre, que no se puede rechazar.

Se produce un abuso parecido en todo el país: solo este año se han registrado más de 500 moratorias de este tipo en 42 estados. Dakota del Sur ya ha limitado los grandes centros de datos y otros estados debaten cómo defenderse. Los constructores responden con contundencia y, pese a la cancelación de proyectos por valor de más de 130.000 millones de dólares, cada vez hay más interesados en aprovechar terrenos y energía baratos.

La conclusión principal es que la indignación pública en la América profunda no sirve de nada si las autoridades carecen de herramientas reales. Y donde la administración es débil, siempre aparece un promotor avispado. Puede que alguien prometa resolver el problema, pero desde luego no será justo cuando en el lugar del viejo huerto ya se caliente el hormigón y zumben los servidores.