
Cynthia Blanchard, antigua propietaria de la famosa Price Tower, en Bartlesville (Oklahoma), y la empresa 20cDesign, con sede en Dallas, han presentado una demanda por difamación contra varios medios estadounidenses, así como contra la organización sin ánimo de lucro Frank Lloyd Wright Building Conservancy y su directora ejecutiva, Barbara Gordon. El motivo del conflicto son las publicaciones sobre la venta de parte del mobiliario original de la torre en 2024.
La demanda se presentó el 5 de mayo ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. Entre los demandados figuran publicaciones como Dwell, Artnet y Smithsonian Magazine. A juicio de Blanchard y 20cDesign, esos medios «presentaron falsamente» la venta del mobiliario como una infracción de la ley.
El conflicto gira en torno a una servidumbre de conservación impuesta al edificio de 19 plantas, que, por cierto, es el único rascacielos diseñado por el gran Frank Lloyd Wright, en 1956. Una servidumbre de conservación es una restricción legal para impedir que se modifiquen edificios de importancia arquitectónica y sus elementos originales sin el consentimiento de una organización especializada. Frank Lloyd Wright Building Conservancy sostiene que la servidumbre también protege el mobiliario del edificio; Blanchard y 20cDesign aseguran que no era estrictamente necesario obtener permiso para vender once piezas originales.
Entre los objetos vendidos había una placa indicadora de las plantas, paneles decorativos de cobre y mesas, todos diseñados por Frank Lloyd Wright. En agosto de 2024, la organización de conservación presentó una reclamación contra los nuevos propietarios de la torre al descubrirse que el mobiliario había sido desmontado y retirado. La empresa Copper Tree Group, dirigida por Blanchard, compró la torre en 2023 y sostiene que no firmó ninguna servidumbre de conservación.
La demanda afirma que la difamación incluyó, por ejemplo, un artículo de Artnet en el que se decía que 20cDesign había adquirido el mobiliario «en contra de la servidumbre de conservación». Smithsonian Magazine también afirmó que las piezas estaban protegidas y que supuestamente se habían vendido sin el permiso necesario.
Bartlesville Examiner-Enterprise, propiedad del gigante mediático Gannett, cubrió la historia en numerosas ocasiones. Antes de presentar la demanda, Blanchard envió al periódico una petición para que dejara de publicar artículos. La respuesta legal de Gannett fue concisa: «Nadie tiene derecho a exigir que la prensa solo publique aquello con lo que está de acuerdo».
Los litigios estadounidenses ilustran de maravilla cómo convertir un miniescándalo por la venta de unos muebles de diseño algo oxidados en una epopeya sobre la protección del patrimonio cultural. Casi todos los implicados protagonizan su propia comedia. Cynthia Blanchard, la típica propietaria que no esperaba tanto revuelo, se comporta como si los muebles de Wright le hubieran llegado en herencia. Frank Lloyd Wright Building Conservancy, guardián de las reliquias, considera que mover cualquier antigüedad es el crimen del siglo. Los medios, como de costumbre, convierten una disputa por elementos de interiorismo en titulares sobre el «colapso de la identidad estadounidense». Rotundos eslóganes como «derechos de propiedad frente a patrimonio nacional», gritos sobre el «abuso de la protección conmemorativa» y la típica trifulca judicial local sobre quién importa más: el terrateniente testarudo o el periodista aburrido. El modesto Bartlesville Examiner-Enterprise aprovecha cualquier ocasión para decir: «Temed las servidumbres de conservación: invisibles, pero todopoderosas». El desenlace, muy a la americana: el conflicto no va de muebles, sino de poder y de qué versión de los hechos acabará siendo la oficial.