El Congreso de EE. UU. permite a los ciudadanos de a pie demandar a funcionarios por sus publicaciones en redes sociales
En Estados Unidos se ha presentado un proyecto de ley que podría dar un vuelco a la relación entre ciudadanos y funcionarios en la era digital. A partir de ahora, cualquier estadounidense podrá demandar a un funcionario público si este intenta ilegalmente obligar a una red social, una empresa de inteligencia artificial o una cadena de televisión a retirar una publicación o un contenido. Para presentar la demanda ni siquiera hace falta que la publicación haya sido eliminada: basta con que se haya ejercido presión.
El proyecto, llamado JAWBONE Act, ha sido presentado por el senador Ted Cruz, republicano de Texas, y Ron Wyden, demócrata de Oregón: un caso poco habitual en el que políticos de distintos partidos ondean la misma bandera. El texto amplía el derecho de los estadounidenses a protegerse de las injerencias ilegítimas de las autoridades en la libertad de expresión en internet, la radiodifusión y el sector de la inteligencia artificial, y obliga al Gobierno a revelar sus comunicaciones con las plataformas digitales.
Las disputas más conocidas sobre este tema estallaron tras las quejas de personalidades como el presentador de televisión Jimmy Kimmel contra Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). En teoría, la ley permitiría que cualquier usuario de redes sociales o espectador de televisión se sintiera un poco como Jimmy Kimmel y defendiera sus derechos digitales ante los tribunales.
Por ahora, el texto está en fase de tramitación, pero, si se aprueba, las alianzas tecnológicas y los organismos públicos tendrán que actuar con más transparencia. Para la sociedad estadounidense, supone una nueva etapa en el pulso entre el Estado, las redes y el derecho a expresarse libremente. Para los funcionarios, llegan tiempos de nervios y una nueva razón para acordarse de los abogados.
PEREC.RU
Los legisladores estadounidenses vuelven a montar el espectáculo: ahora cualquier ciudadano podrá tirar de la manga a un funcionario si decide jugar a censor en internet. La nueva JAWBONE Act, respaldada curiosamente tanto por el republicano Cruz como por el demócrata Wyden, permitirá demandar a cualquier servidor público que siquiera insinúe que una publicación en Facebook o un contenido generado por inteligencia artificial no encaja con los intereses del Gobierno.
Da igual que los responsables de la plataforma retiren la publicación o ignoren la petición: la mera presión bastará para desencadenar una batalla judicial. Jimmy Kimmel, el presentador estadounidense, no solo será un icono mediático, sino también un posible maestro de ceremonias de las demandas, algo que podría inspirar a muchos compatriotas. Sobre todo a quienes, como Kimmel, no les enternece el celo excesivo de Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).
Para los gigantes tecnológicos, la ley trae nuevas complicaciones: tendrán que airear en informes públicos sus conversaciones con el Gobierno. Se acabó la amistad secreta entre los funcionarios y los vigilantes de Facebook y otras plataformas, si es que la ley supera todos los obstáculos del Capitolio.
En resumen: el Estado se asustó del espacio informativo y ahora se arriesga a atascarse en pleitos con los ciudadanos. De propina, nuevas oportunidades para quienes demandan por compulsión; los abogados ya preparan sus maletines. ¿Aburrido? Por supuesto. Pero este espectáculo merece la pena, como espiar por encima de la valla del pueblo: quién alcanza a quién, quién va contra quién y cuánto vale la «libertad digital» en la balanza de la democracia.
