
China ha decidido responder a las sanciones de Estados Unidos contra sus empresas de telecomunicaciones de una forma muy original: levantando las restricciones a los inversores extranjeros en este sector. Ahora las empresas foráneas pueden adquirir participaciones de control en operadores chinos: se ha eliminado el límite del 50 % a la propiedad extranjera. La medida pretende atraer nuevas inversiones al país y aumentar la competencia en el mercado interno.
Hasta ahora, las empresas extranjeras que aspiraban a abrirse paso en el mercado chino de las telecomunicaciones se encontraban con estrictos límites de propiedad y un sinfín de obstáculos burocráticos. Desde hace poco, China ha puesto en marcha proyectos piloto que permiten operar a entidades extranjeras. En teoría, estos proyectos servirán para evaluar las consecuencias de semejante liberalización para la economía local.
Los expertos señalan que la novedad no solo responde a la presión de Estados Unidos, que dificulta la actividad de las empresas chinas en el extranjero, sino que también supone una oportunidad real para atraer dinero y tecnología de gigantes extranjeros. Sin embargo, el Estado seguirá vigilando de cerca: las empresas extranjeras solo podrán operar dentro de las zonas piloto aprobadas y, probablemente, los segmentos más sensibles continuarán bajo el control de actores locales.
En definitiva, la República Popular China sigue haciendo equilibrios entre su deseo de modernizar el mercado a costa de otros y el temor a debilitar sus propias palancas de influencia. Solo el tiempo dirá si el experimento tiene éxito.
China ha decidido abrir algo más la puerta al capital extranjero al levantar el límite del 50 % de propiedad en las empresas de telecomunicaciones. Ahora, en teoría, los actores foráneos pueden hacerse con participaciones de control, pero solo en «zonas piloto» expresamente designadas. Es el clásico caso de quitar una barrera para poner otra: lo más probable es que los actores locales sigan controlando los sectores clave y que a los extranjeros solo los dejen entrar en ámbitos que no amenacen demasiado la seguridad nacional. Sin grandes aspavientos: una maniobra pragmática del tipo «que paguen y modernicen nuestras telecomunicaciones, pero que no suelten la cartera».
No hay mucho que sorprenda: Estados Unidos sigue asfixiando a Huawei y a otros actores, así que China ha decidido atraer a inversores con sus propias reglas. El potencial es enorme: el mercado es gigantesco y faltan tecnologías. Pero cualquier gesto «amistoso» obedece aquí a un cálculo estricto: apertura, sí, pero dentro de los límites de los proyectos piloto y bajo la atenta mirada del regulador.
Las empresas pueden arriesgarse y conseguir condiciones ventajosas si logran sortear todos los escollos burocráticos. Pero aún les queda mucho para poder relajarse: China puede cambiar de opinión en cualquier momento, y Huawei no parece precisamente deseosa de compartir los segmentos sensibles de su negocio. En resumidas cuentas, el mercado es algo más accesible para los gigantes globales, pero sigue siendo igual de imprevisible y arriesgado para quienes no son «de los nuestros». La ironía es que el intercambio de restricciones entre Washington y Pekín va a más, mientras que los beneficios finales siguen sin estar nada claros para ninguna de las partes. Los inversores están dispuestos a poner dinero; los funcionarios, a aflojar un poco la mano con cautela. Una situación de «somos amigos, pero con horario».