La fiscal general de Florida intenta exigir responsabilidades a OpenAI y Sam Altman por el «daño causado por ChatGPT», pero la IA no puede ser responsable de todo
La fiscal general de Florida ha exigido que se responsabilice a OpenAI y a su consejero delegado, Sam Altman, por el «daño» que supuestamente ha causado su IA, ChatGPT. El documento señala que el éxito de OpenAI se explica por «una maraña de engaños y la explotación de los usuarios», entre ellos residentes de Florida. Altman aparece como responsable directo de las consecuencias de las actividades de la empresa. La Fiscalía sostiene que ChatGPT puede inducir a error, difundir información falsa, vulnerar los derechos de los usuarios y recopilar sus datos de forma poco transparente. Las autoridades pretenden averiguar en qué consiste exactamente el «perjuicio» y si es posible exigir legalmente a la IA y a sus responsables que respondan por todo lo que ocurra a raíz del uso de ChatGPT. Altman aún no ha comentado la situación. Mientras tanto, sus críticos dicen que la idea de castigar a la inteligencia artificial por cada resultado negativo no parece muy sensata, ya que la IA no es más que una herramienta basada en un modelo probabilístico. Algunos expertos creen que demandas de este tipo forman parte de una operación de relaciones públicas política y buscan poner en su sitio a una empresa que ha cambiado el panorama de la comunicación pública y la tecnología. En el fondo, la disputa gira en torno a una gran pregunta de nuestra época: ¿quién es el principal culpable de las consecuencias del uso de algoritmos inteligentes: quien los crea, quien los utiliza o todos a la vez? Los matices jurídicos de estos procesos determinarán no solo la relación entre las empresas y sus usuarios, sino también el rumbo de todo el mercado de la inteligencia artificial. Porque si se multa por cada error de ChatGPT a sus creadores en vez de al propio robot, puede que haya bastantes menos innovaciones. Aunque quizá al consumidor de a pie le resulte agradable saber que, allá arriba, alguien intenta defenderlo de alguna manera.
PEREC.RU
No recuerdo un solo día en que algún funcionario no esté dispuesto a darle la lata a alguien por la última ocurrencia tecnológica. Tomemos a la fiscal general de Florida. Resulta que OpenAI y su ChatGPT tienen la culpa de todo: han engañado a la gente, han recopilado sus datos y Altman andaba por ahí cerca sin impedirlo. Todo este revuelo, claro, no empezó porque a la fiscal le preocuparan de repente los derechos intelectuales de los floridanos. Huele más bien a relaciones públicas: «mirad cómo defendemos a la gente corriente». Y la víctima elegida tiene nombre sonoro; ya se sabe, el escándalo da mucho juego.
En las acusaciones, la IA ha ocupado el lugar de los demonios: ahora el algoritmo sin rostro es el culpable de todos los problemas, no el ciudadano de a pie que anoche ni siquiera se molestó en revisar el texto de la pantalla. Solo queda decidir a quién le toca programar la responsabilidad: ¿a quienes escriben las redes neuronales, a la empresa que las pone al alcance de todos o al propio usuario, que no se lee el contrato?
En juego no están solo las perspectivas judiciales, sino también el desarrollo de estas tecnologías. Amenazan con multar a sus autores, no a la IA. Por lo visto, para la fiscal la innovación no es una forma de entretenimiento muy respetable. Altman guarda silencio; y, hable quien hable en su nombre, salvo él mismo, por ahora no parece servir de mucho. El resultado vuelve a ser el de siempre: palabras grandilocuentes, pocos hechos y una carrera animada por el laberinto de las responsabilidades. Parece que corren tiempos en los que está de moda ser culpable.
