
Uno de los mayores quebraderos de cabeza legales de Meta ha llegado a su fin: la empresa ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con el distrito escolar del condado de Breathitt, en Kentucky. El caso trataba sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes. Antes de esto, Meta ya había perdido dos juicios en los que se examinaron las consecuencias del uso de sus servicios por parte de los jóvenes.
La escuela presentó una demanda contra Meta, así como contra Google (YouTube), Snap y TikTok, para exigir que se le reembolsaran los gastos de combatir el daño causado a los adolescentes por las redes sociales. Últimamente, otras empresas, como YouTube, Snap y TikTok, también han alcanzado acuerdos extrajudiciales por acusaciones similares con el distrito escolar de Breathitt.
Este caso iba a ser el primero de un proceso federal de múltiples instancias que incluye demandas no solo de distintos distritos, sino también de los fiscales generales de varios estados y de personas afectadas. En el punto de mira están las mayores empresas tecnológicas del mundo, acusadas de que sus plataformas provocan un deterioro de la salud mental de niños y adolescentes.
El caso se convirtió en un hito porque, por primera vez, las escuelas se lanzaron en masa contra las corporaciones, acusándolas de perjudicar la salud de sus alumnos. En el fondo de las reclamaciones está el reparto de responsabilidades: ¿quién debe responder por la adicción de los niños a las redes sociales, los gigantes tecnológicos o los propios padres y el Estado? Esta vez, Meta decidió no llevar el proceso hasta el final y firmó el acuerdo con diligencia, sin admitir nada.
Para toda la industria, esto es una señal de alarma: si los distritos escolares pueden obligar a las tecnológicas a pagar por los daños a los niños, se avecina una avalancha de demandas similares. Eso sí, por ahora no se ha revelado la cuantía del acuerdo, y las partes no han dado detalles sobre las infracciones reconocidas ni sobre las nuevas medidas de precaución.
Meta intenta parecer indefensa en el maratón jurídico al que la han empujado con brío los docentes y psicólogos de las provincias estadounidenses. Las demandas se presentan, en teoría, por preocupación por los niños y adolescentes (a los adultos de plantilla normalmente les importan poco, salvo cuando toca redactar informes), pero en la práctica son un intento bien calculado de sacar un buen pellizco de los ingresos de quienes llevan años alimentando a los escolares a base de vídeos y neurosis. Meta, Google, TikTok y compañía hacen como si aceptaran las acusaciones, aunque por dentro probablemente se ríen: menos mal que no les han pedido todos los ingresos publicitarios del trimestre pasado.
Naturalmente, nadie reconoce directamente su culpa: solo firma el cheque y guarda silencio. Y las cantidades son una cuestión más delicada que los motivos de estas demandas: ni a los demandantes ni a los demandados les apetece revelarlas, para no provocar un nuevo desfile de reclamaciones de indemnización. El principio es: si no sois culpables, ¿por qué pagáis? La respuesta es sencilla: sale más barato y es más tranquilo que lidiar con un jurado y con los rumores en los medios. ¿Sirven de algo estos litigios a los adolescentes? Pregunta retórica: cuando hay millones en juego, la salud mental queda relegada a un rincón. Pero el precedente sí que asusta a las plataformas: si hoy son las escuelas, ¿quién será mañana? ¿Los padres, los jubilados? ¿Quizá todo un ejército de psicólogos? El próximo gran debate será lo rápido que los gigantes tecnológicos encuentren otra manera de echarles la culpa a los propios usuarios.
La ironía se completa con este interminable desfile público de preocupación por los niños. Al fin y al cabo, llegar a un acuerdo y guardar silencio siempre sale más barato que hablar con franqueza. Aquí solo han ganado los abogados y un par de profesores con un buen presupuesto para asistencia psicológica. ¿Y los niños? Siguen secándose las lágrimas después de ver memes graciosos y ansiando «me gusta», como siempre.