Juicios, escándalos y música
La industria musical estadounidense ha vivido una semana con drama suficiente para toda una serie. El episodio principal ha sido el sonado revés de Live Nation y Ticketmaster en el juicio antimonopolio. Tras quince años de quejas, tres de litigios, seis semanas de vistas y cuatro días de deliberación, el jurado decidió que la empresa había monopolizado ilegalmente el mercado de venta de entradas para conciertos y controlado grandes anfiteatros. Además, en la práctica obligaba a los artistas a contratar sus servicios de promoción si querían actuar en recintos grandes. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, calificó la decisión de «victoria histórica» para el público y recalcó que las prácticas de la corporación le habían costado millones de dólares. Live Nation ya ha anunciado que pedirá que se anule el veredicto. Quedan muchas preguntas: si la jueza se decidirá a dividir la empresa, qué pasará con el reciente acuerdo alcanzado por la Administración de Donald Trump y cómo evolucionará el caso.
Mientras tanto, la industria hierve también por otros motivos. El cantante d4vd (David Anthony Burke) ha sido acusado formalmente de asesinato en primer grado: encontraron el cuerpo de Celeste Rivas Hernández, de 14 años, en su coche. La fiscalía afirma tener una explicación para el motivo.
Al mismo tiempo, las grandes discográficas intentan incluir discretamente cláusulas en los contratos que les permitan entrenar IA con la música de los artistas. Sobre el papel, se trataría de un «consentimiento voluntario», pero los abogados de los intérpretes miran esas fórmulas con recelo.
El sello de BTS ha iniciado acciones contra un usuario anónimo de X que, según se afirma, filtró en internet canciones, letras y la portada del álbum ARIRANG antes de su lanzamiento. La empresa exige que se revele la identidad del responsable.
Blake Lively y Justin Baldoni, actores de It Ends With Us, siguen enfrascados en una batalla judicial, y el nombre de Taylor Swift aparece con regularidad en los documentos del caso. Billboard ha analizado hasta qué punto su participación influirá de verdad en el proceso.
Spotify y las tres mayores discográficas han obtenido una sentencia por una cantidad de nueve cifras contra la biblioteca pirata Anna’s Archive. La cuestión de si podrán cobrar realmente ese dinero sigue abierta.
Se cumplen diez años de la muerte de Prince. Su fallecimiento provocó no solo un duelo colectivo, sino también una larga cadena de disputas legales que se prolongó durante años y aún no se ha calmado del todo.
El sello que demandó sin éxito a Bad Bunny por un sample en Un Verano Sin Ti ahora pide que se deniegue al artista el reembolso de casi medio millón de dólares en costas judiciales. Sus argumentos han sido calificados de «absurdos».
La abogada Lisa Alter ha hablado de los acuerdos sobre catálogos de Primary Wave, de su firma y del rápido crecimiento de la inversión en música, que, según ella, fue posible cuando el mundo financiero «por fin entendió el valor de la música».
Anthropic, la empresa creadora de la IA Claude, intenta que se desestime la demanda de Universal Music Group. Sostiene que el uso de letras de canciones para entrenar modelos es «transformador» y crea algo esencialmente nuevo.
Ye, antes conocido como Kanye West, ha recibido una demanda por un incidente en el hotel Chateau Marmont, que después describió como una «agresión sexual» contra su esposa, Bianca Censori.
Las grandes compañías musicales han contratado al abogado estrella Paul Clement para la futura batalla ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre si las normas para rescindir derechos de autor se aplican fuera del país.
La fiscalía ha recurrido para que se restablezca la condena por el asesinato de Jam Master Jay, de Run-DMC. Su argumento es que los testimonios de 38 testigos son lo bastante convincentes.
Tory Lanez, que cumple diez años por disparar a Megan Thee Stallion, ha demandado a una prisión de California: hace un año, otro preso lo apuñaló 16 veces.
UMG ha demandado a la marca Quince por utilizar temas como Espresso, de Sabrina Carpenter, en anuncios de TikTok.
Un tribunal ha denegado a Megan Thee Stallion la petición de prohibir a la bloguera Milagro Gramz que escriba sobre ella, al considerar que hacerlo vulneraría la libertad de expresión.
Y, para terminar: Live Nation ha aceptado pagar 9,9 millones de dólares por las comisiones «engañosas» de Ticketmaster en Washington D. C.
PEREC.RU
La industria musical de Estados Unidos atraviesa otra tormenta. Live Nation perdió el juicio antimonopolio que llevaba tanto tiempo intentando mantener bajo control y ahora oscila entre la esperanza de recurrir y el miedo a que la dividan. A la vez afloran decenas de historias judiciales que demuestran que la música hace tiempo que dejó de ser solo creatividad: hace tiempo que se convirtió en territorio de abogados.
Acusan al cantante d4vd de asesinato, en una trama que parece sacada de una mala serie. Las discográficas promueven el derecho a entrenar redes neuronales con la música de los artistas y lo disfrazan de consentimiento voluntario. BTS, Bad Bunny, Prince, Ye, Megan Thee Stallion: la lista de quienes aparecen en las noticias judiciales crece más rápido que los lanzamientos de los viernes.
Cada historia es un episodio y también parte de un panorama general: la industria busca dónde quedará su nueva frontera. Las discográficas demandan a marcas comerciales por usar música en redes sociales. Anthropic sostiene que usar letras para entrenar IA equivale a crear algo nuevo. Tory Lanez demanda a la prisión. La fiscalía pide que se restablezca la condena por el caso de Jam Master Jay.
Hasta diez años después de la muerte de Prince, siguen surgiendo disputas judiciales. Y Live Nation tan pronto pierde litigios millonarios como paga indemnizaciones por las comisiones opacas de Ticketmaster.
La realidad jurídica de la música ocupa ya un lugar central en la industria, tanto como las propias canciones. Y todo apunta a que la tendencia durará bastante.
