Cuando la edad es la contraseña

La verificación de edad en internet ha pasado en apenas unos años de ser una idea casi de ciencia ficción a convertirse en una práctica obligatoria en grandes plataformas de todo el mundo. De repente, legisladores de distintos países decidieron que había llegado la hora de proteger a los menores de la pornografía, el «contenido perjudicial» e incluso las redes sociales, y pusieron en marcha una auténtica campaña mundial para imponer barreras de edad. La regulación ha llegado al Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Francia, Brasil y muchos otros países. Pero, como suele ocurrir, lo más difícil ha resultado ser cómo comprobar que el usuario es realmente quien dice ser y que no se ha limitado a marcar una casilla para acceder.

El problema principal es sencillo: mientras los políticos se afanan en idear leyes, no existe una solución tecnológica que sea «segura, cómoda y respetuosa con la privacidad» al mismo tiempo. Aun así, los gobiernos siguen imponiendo requisitos y proponiendo métodos cada vez más novedosos, mientras los expertos se encogen de hombros: por ahora, las opciones viables existen como conceptos, no como tecnologías reales.

El método más extendido hoy en día es verificar la edad mediante documentos. Se pide al usuario que suba una foto del pasaporte o de otro documento de identidad; después, un sistema especial coteja los datos y le permite o le deniega el acceso al sitio. La idea parece sencilla, pero en la práctica suscita un montón de preguntas: ¿adónde van a parar los documentos?, ¿quién los guarda y durante cuánto tiempo?, ¿qué pasa si se produce una filtración? Por decirlo suavemente, a la gente no le entusiasma confiar sus datos personales a empresas a las que ha entrado solo un par de minutos.

Otro método es la verificación biométrica o la estimación de edad a partir de un selfi. La cámara analiza el rostro y determina si la persona tiene más de 18 años. Parece moderno y funciona rápido, pero su precisión todavía dista mucho de ser perfecta. Los algoritmos calculan mejor la edad de personas de determinadas razas y sexos, se equivocan con adolescentes y ancianos, y a veces hasta confunden a alguien de treinta años con un chaval de dieciséis. Y vuelve a surgir la cuestión de la privacidad: aunque la empresa asegure que no guarda la foto, no todo el mundo se lo cree.

Algunos países experimentan con documentos digitales de identidad «transversales»: el Estado expide un único ID electrónico que sirve para confirmar la edad en distintos servicios. Pero esta idea despierta otro tipo de inquietudes: sus críticos creen que ese ID podría convertirse fácilmente en una herramienta de vigilancia, y la protección de datos de las instituciones públicas tampoco siempre es ejemplar.

Los expertos proponen alternativas, como un sistema de intermediarios de confianza que verifiquen la edad una sola vez y después entreguen al usuario un token digital sin datos personales. Pero, por ahora, estas tecnologías solo existen sobre el papel y en pruebas piloto.

El resultado es una paradoja: todo el mundo entiende que conviene restringir el acceso de los menores a contenidos peligrosos, pero los métodos actuales son inseguros, poco fiables o vulneran la intimidad. Aun así, los países siguen implantándolos porque la necesidad de regular internet ha pesado más que las ganas de esperar a que llegue una solución de verdad eficaz.