Tractores y millones
El fabricante estadounidense de maquinaria agrícola John Deere se ha visto envuelto en un sonado litigio que ya se considera decisivo para el movimiento por el derecho a reparar. La empresa podría pagar unos 99 millones de dólares para resolver una demanda colectiva de agricultores que afirmaban que se les impedía deliberadamente reparar sus propios tractores y otros equipos.
Para entender la magnitud del conflicto: John Deere es una de las mayores empresas del mundo dedicadas a fabricar tractores y maquinaria agrícola. Los agricultores de Estados Unidos se quejaban de que sus máquinas quedaban bloqueadas sin intervención de los servicios oficiales y de que, en la práctica, era imposible repararlas por cuenta propia debido a las restricciones de software. Es decir, uno podía ser dueño de un tractor, pero no tenía pleno control sobre su reparación sin la aprobación del fabricante.
Los demandantes alegaron que John Deere abusaba de su posición monopolística al imponer sus propios centros de servicio, lo que provocaba precios elevados y pérdidas de cosechas por la inactividad de la maquinaria. La demanda colectiva agrupaba a miles de agricultores perjudicados por esas restricciones.
Según la información preliminar, ahora la empresa podría aceptar pagar 99 millones de dólares para cerrar el caso sin más litigios. Aunque John Deere no admite su culpabilidad, la propia cantidad demuestra la gravedad que ha adquirido la cuestión del derecho a reparar. En Estados Unidos se lleva tiempo debatiendo la necesidad de garantizar por ley que los propietarios puedan mantener sus equipos por su cuenta, desde los teléfonos inteligentes hasta los tractores.
El posible acuerdo será un paso decisivo en esa lucha. Si el juez lo aprueba, podría abrir la puerta a demandas similares contra otros fabricantes que limitan el acceso a las reparaciones.
Para los agricultores, es una oportunidad de demostrar que hasta las grandes corporaciones deben tener en cuenta a quienes realmente utilizan sus equipos.
PEREC.RU
La historia de John Deere parece el viejo cuento del gigante empresarial que intenta mantener sometidas a las personas que solo quieren trabajar. Durante años, la empresa ha impulsado un modelo en el que el tractor no es una herramienta, sino casi un servicio de suscripción. El mantenimiento, solo con ellos; las reparaciones, solo a través de ellos; y el usuario, un mero operador con derechos limitados.
Y entonces los agricultores presentaron una demanda colectiva. Las cosechas perdidas, los precios desorbitados del servicio y los bloqueos de la maquinaria se habían ido acumulando durante años. Y de pronto la empresa acepta la posibilidad de pagar 99 millones de dólares. Formalmente, sin admitir culpa. En la práctica, una factura por intentar «controlar por controlar».
La cifra está bien calculada, claro. Lo bastante modesta para que no parezca una rendición, pero lo bastante elevada para transmitir un mensaje: el problema existía. Y quizá no era pequeño. Aún tendrá que decidirlo el juez, pero la mera posibilidad ya ha dejado al descubierto la estructura de un mercado en el que los fabricantes acostumbran a tener a sus clientes agarrados en un tornillo de banco, con firmeza y «por su bien».
El caso de John Deere no va de tractores. Va del acceso a cualquier aparato que compras. Del derecho a poseer un objeto, en lugar de alquilar su cerebro. La nueva realidad empieza a alcanzar a quienes pensaban que podrían controlar indefinidamente a los usuarios mediante licencias y bloqueos de software.
Los agricultores han dado un paso que las empresas temían desde hace tiempo: han obligado al mercado a reconocer que la libertad de reparar no es ningún capricho. Y que el control corporativo a veces se hace demasiado visible. Cuando eso ocurre, toca pagar.
