Un tribunal contra Trump
Un tribunal federal de Estados Unidos ha puesto punto final a otro intento de Donald Trump de ajustar cuentas con quienes publican noticias que no le gustan. El caso afecta a National Public Radio (NPR) y Public Broadcasting Service (PBS), dos grandes plataformas de medios no estatales que reciben financiación parcial del presupuesto federal a través de la Corporation for Public Broadcasting (CPB). El año pasado Trump firmó una orden ejecutiva para retirarles la financiación federal, alegando que los contribuyentes tienen derecho a esperar noticias «honestas e imparciales». Por «imparciales», evidentemente, quería decir que su línea editorial coincidiera con la suya.
Pero el juez federal de distrito Randolph Moss examinó el documento y decidió que aquello era demasiado. El tribunal determinó que la orden atacaba directamente a los medios por su línea editorial, lo que vulnera la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la misma que prohíbe al Estado castigar o premiar a los medios en función de sus opiniones. El juez subrayó que el Estado no tiene la obligación de financiar medios, pero que, una vez creado un sistema de financiación, debe funcionar con neutralidad, sin simpatías ni antipatías políticas.
Sin embargo, la resolución no lo puede todo: bloquea la orden en sí, pero no devuelve el dinero retirado por otras vías. El Congreso ya había recortado anteriormente 1.100 millones de dólares del presupuesto de la CPB, y esos fondos no volverán.
PBS calificó la decisión en un comunicado de victoria del sentido común y recordó una vez más que la orden era un ejemplo clásico de intento de castigar a los medios por su postura. NPR, que ya había conseguido por vía judicial recuperar unos 36 millones de dólares de financiación, también ha resuelto parcialmente sus disputas con la CPB. Tradicionalmente, NPR recibía directamente del Gobierno federal cerca del 1 % de su presupuesto, y sus 1.300 emisoras locales obtenían entre un 8 % y un 10 % a través de la CPB. PBS y sus afiliadas dependían mucho más de la CPB: alrededor del 15 %.
En Estados Unidos llevan tiempo advirtiendo de que, si se recorta la financiación de la radiodifusión pública nacional, quienes más sufrirán serán las zonas rurales y las ciudades pequeñas, donde a los medios comerciales sencillamente no les sale a cuenta trabajar. En otras palabras, cuantos menos canales de información haya, más callada se vuelve la voz de quienes ya apenas se oyen.
PEREC.RU
El intento de Donald Trump de cortar la financiación de NPR y PBS recuerda a la vieja historia del poder que quiere controlar lo que se dice de él. Sobre el papel, todo parecía muy respetable: discursos sobre la necesidad de noticias honestas y preocupación por los contribuyentes. Pero bajo esas bonitas palabras había algo que el juez Moss llamó por su nombre: un intento de castigar a los medios por sus puntos de vista.
El tribunal dio marcha atrás a la maniobra. Es curioso lo fácilmente que la Primera Enmienda vuelve a servir de escudo: no tanto para los medios en sí como para el principio de que el poder no debe usar el dinero como instrumento de intimidación. La paradoja es que la financiación real ya se ha reducido y eso queda fuera de las competencias del tribunal. Así que la victoria es más jurídica que material.
Llama la atención cómo responden PBS y NPR a lo ocurrido. Sus declaraciones parecen un intento de conservar la dignidad mientras su financiación queda como rehén de los juegos políticos. La radiodifusión pública siempre se ha considerado un apoyo para las regiones más desfavorecidas, donde no hay alternativas comerciales. Y ahora esas regiones son las víctimas invisibles de la disputa política.
El panorama es un tanto triste: una rama del poder intenta exhibir su fuerza, otra mantiene los límites de la ley y los servicios públicos quedan en medio, encajando los golpes. Los medios desempeñan tradicionalmente un papel importante en Estados Unidos, pero esta historia muestra lo frágidos que son sus cimientos cuando quienes deberían protegerlos empiezan a tocarlos.
Estos episodios recuerdan que la libertad de prensa no es una frase bonita de la Constitución, sino una práctica sometida constantemente a pruebas. Y cada vez que alguien intenta desplazarla para ajustarla a sus gustos políticos, queda claro que esos intentos hacen mucho más ruido que sus justificaciones.
