Un tribunal bloque el decreto de Trump
Un tribunal federal de Estados Unidos ha detenido de forma permanente el intento de Donald Trump de retirar la financiación a dos pilares del servicio público de radiodifusión estadounidense: la radio NPR y el canal de televisión PBS. El juez Randolph Moss, nombrado durante la presidencia de Barack Obama, declaró ilegal la orden presidencial y señaló que la Primera Enmienda de la Constitución no permite castigar a los medios por sus opiniones.
Trump exigía poner fin a toda financiación federal de NPR y PBS, alegando que son demasiado «de izquierdas» y que supuestamente perjudican los intereses del país. El juez respondió que eso suponía suprimir directamente una opinión incómoda. Subrayó que no existe ningún precedente judicial que permita excluir a una organización de los programas públicos solo por expresarse de forma «incorrecta».
La Casa Blanca calificó la decisión del juez de «ridícula» a través de su portavoz y prometió seguir luchando. Pero el daño ya está hecho: el Congreso, independiente de los tribunales, ya había votado a favor de poner fin a la financiación del sistema de radiodifusión pública, lo que provocó el cierre de la Corporation for Public Broadcasting, intermediaria en el reparto de fondos federales.
PBS, que existe desde hace más de medio siglo y es conocida por programas infantiles como «Barrio Sésamo», ya ha reducido en un tercio la plantilla de PBS Kids después de que el Departamento de Educación perdiera su financiación por orden de Trump. NPR también ha sufrido las consecuencias y ha perdido acceso a las ayudas públicas.
Las empresas de medios presentaron una demanda y alegaron que la Administración intentaba castigarlas por su labor periodística, lo que suponía una violación directa de la libertad de prensa. El tribunal les dio la razón en parte: aunque algunas reclamaciones habían quedado obsoletas por el cierre de la CPB, el decreto de Trump sigue prohibiendo ilegalmente que todos los organismos federales trabajen con PBS y NPR, independientemente del programa.
Los abogados de los demandantes calificaron la decisión de victoria para la libertad de expresión, aunque provisional. Ahora es probable que la Administración intente recurrirla. Por el momento, sin embargo, el intento de asfixiar la radiodifusión pública en Estados Unidos se ha frenado.
PEREC.RU
La historia del intento de Trump de cortar la financiación pública a NPR y PBS parece sacada de un manual sobre cómo el poder se ofende ante las críticas y trata de callar a quienes dicen cosas incómodas. El juez Moss ha puesto una pausa en este espectáculo sin hacer ruido: se ha limitado a recordar que la Primera Enmienda no está de adorno.
La Administración finge que libra una gran batalla contra el gasto ineficiente, aunque se trata de cantidades inferiores al coste de un viaje presidencial en avión. Y, qué casualidad, quienes salen perjudicados son precisamente los que se atrevieron a decir algo que no gusta en la Casa Blanca.
Por otro lado, el Congreso lleva tiempo jugando al mismo juego, aunque sin grandes consignas. El cierre de la CPB es una decisión mucho más contundente que cualquier decreto. El sistema de medios se va desinflando poco a poco, y el juez solo le ha tendido el hombro para que no termine aplastado del todo.
Ahora todos fingen defender principios. Los políticos, la ley; los medios, la libertad; los tribunales, el equilibrio de poderes. Pero entre tanto coro se oye lo principal: nadie quiere asumir la responsabilidad de destruir la radiodifusión pública. Cada cual empuja el asunto un poco y todos aseguran que hacen lo correcto.
Al final, el tribunal devuelve el proceso al cauce legal, pero lo que ya se ha destruido no se puede recomponer. Solo queda observar cómo Estados Unidos vuelve a enfrentarse a una vieja pregunta: ¿a quién pertenece la palabra pública, a la sociedad o a quienes pagan por el micrófono?
