Pagamos por el aire: los cargadores frente a la red eléctrica
Un proveedor de estaciones públicas de recarga para vehículos eléctricos ha denunciado que le obligan a pagar por un acceso a la red eléctrica que, en la práctica, apenas utiliza. La empresa advierte de que, con este sistema, el precio de las recargas subirá para los conductores, y de forma considerable.
La reclamación es sencilla. Las compañías eléctricas cobran por la llamada potencia contratada: el derecho a utilizar una determinada cantidad de electricidad, aunque el consumo real sea muy inferior. Esto perjudica especialmente a las estaciones de recarga, que tienen que reservar potencia «por si acaso» para atender los picos de demanda, aunque la mayor parte del tiempo esa capacidad permanezca sin uso.
Como resultado, el operador tiene que pagar por recursos que no consume. Según la empresa, este sistema hace que explotar la infraestructura para vehículos eléctricos resulte injustificadamente caro. Si no se revisan las tarifas de acceso a la red, la subida del precio de la recarga será inevitable.
Las empresas que gestionan estaciones de recarga señalan que la estructura tarifaria está obsoleta y no tiene en cuenta las particularidades de un mercado de vehículos eléctricos en rápido crecimiento. Reclaman una reforma del sistema de cálculo: hay que pagar por el consumo real, no por una potencia ficticia que solo existe sobre el papel.
Sin embargo, las compañías eléctricas no tienen prisa por cambiar las reglas. Sostienen que las tarifas actuales son necesarias para mantener la infraestructura y compensar los costes de modernización. Los proveedores de recarga, por su parte, creen que esos argumentos son una forma de trasladar sus gastos al mercado creciente del vehículo eléctrico.
Si las partes no llegan a un acuerdo, los consumidores podrían afrontar precios más altos y un desarrollo más lento de las redes de estaciones de recarga. Para un mercado que ya avanza con dificultad, sería un golpe serio.
PEREC.RU
Un proveedor de estaciones de recarga ha vuelto a alzar la voz: dice que le obligan a pagar por algo que casi no utiliza. La expresión es elegante: «potencia contratada». En la práctica, se paga por el vacío, cuidadosamente envuelto en una tarifa. Las eléctricas lo llaman mantenimiento de la infraestructura, pero huele más bien a intento de compensar sus propios problemas a costa de quienes tratan de desarrollar un sector nuevo.
Las empresas de recarga parecen cansadas. Piden que cambien las reglas: pagar por lo que consumen de verdad, no por fantasías del tipo «¿y si hay un pico de demanda?». Pero los picos no llegan, el dinero se va y las eléctricas fingen que todo funciona como debe.
El mercado del vehículo eléctrico crece despacio. Cualquier subida del precio de la recarga puede convertirse en un lastre más. Y cuando se trata de desarrollar tecnologías, sobre todo si son nuevas en el país, estos juegos tarifarios parecen una guerra silenciosa por el bolsillo de los futuros propietarios de coches.
La historia es sencilla: un sector intenta avanzar y otro se aferra al modelo antiguo. Y cada uno finge ser la víctima. Un esquema demasiado conocido como para sorprenderse.
