
En 2023, las mayores editoriales musicales de Estados Unidos —Universal Music Publishing Group, Sony Music Publishing, Warner Chappell Music y varias compañías independientes— presentaron una demanda ante un tribunal federal contra la plataforma X, antes conocida como Twitter. Afirmaban que X llevaba años ignorando los derechos de autor al negarse a adquirir licencias para la música que los usuarios suben a sus publicaciones. La mayoría de las redes sociales ya habían firmado amplios acuerdos de licencia: Meta, TikTok y Snapchat habían puesto un catálogo musical legal a disposición de sus usuarios. Pero X seguía en sus trece y sostenía que la ley no la obligaba a firmar acuerdos de ese tipo.
El caso avanzaba lentamente hacia un juicio previsto para principios de 2027, hasta que el Tribunal Supremo de Estados Unidos intervino de forma inesperada. La semana pasada dictó sentencia en otro caso, contra el proveedor de internet Cox. Las discográficas intentaban demostrar que Cox era responsable de la piratería de sus usuarios. El tribunal, sin embargo, dictaminó por unanimidad que una plataforma de internet solo puede ser considerada responsable si crea deliberadamente las condiciones para infringir los derechos de autor o se promociona como una herramienta para hacerlo.
Los abogados de X se aferraron de inmediato a esa sentencia. Sostuvieron que la nueva interpretación jurídica desmontaba los argumentos de las editoriales musicales. Estas acusan a X de «facilitar las infracciones»: dicen que la empresa tardaba en responder a las quejas y rara vez bloqueaba a los infractores. A juicio de X, el tribunal acaba de declarar inválido precisamente ese planteamiento: si un servicio no se ha creado para la piratería, no se le puede culpar de las acciones de sus usuarios.
En su escrito ante el tribunal, X subrayó que, si la sentencia del caso Cox se hubiera dictado hace tres años, la demanda de las editoriales podría haberse desestimado por completo. También afirmó que la mayoría de los precedentes citados por los demandantes ya no son aplicables.
Las editoriales, como era de esperar, discreparon. En su respuesta escribieron que sus argumentos y las pruebas reunidas siguen bastando para que el caso continúe. Aunque admitieron que la sentencia del Supremo puede influir en el proceso, aceptaron suspender el intercambio de pruebas y centrarse en los argumentos jurídicos.
Al mismo tiempo, X decidió pasar al ataque. En enero presentó una contrademanda contra la Asociación Nacional de Editoriales Musicales (NMPA), acusándola de infringir la legislación antimonopolio. Según X, las editoriales conspiraron y anegaron deliberadamente la plataforma con cientos de miles de solicitudes para retirar contenidos, con la intención de obligarla a comprar licencias que, a juicio de X, no necesitaba.
La contrademanda apenas empieza a tramitarse. El caso principal, mientras tanto, queda en el aire: al parecer, el Tribunal Supremo acaba de dar a X un argumento inesperadamente sólido que podría cambiar por completo el rumbo de una disputa que dura ya años.
Las editoriales demandaron a X por facilitar supuestamente las infracciones de derechos de autor. El caso se encaminaba a un juicio en 2027, pero la sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Cox irrumpió de repente. El tribunal dictaminó que solo se puede considerar responsable a un servicio si se creó o se promociona como una herramienta para la piratería. X lo esgrimió como argumento: las acusaciones de las editoriales se vienen abajo. Estas discrepan, aunque reconocen que la sentencia puede afectar al proceso y aceptan pausar el intercambio de pruebas. Mientras tanto, X presentó una contrademanda y acusa a las editoriales de conspirar y presionarla mediante quejas masivas. El resultado es un litigio aún más enrevesado, convertido en una larga guerra judicial.