
El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido por unanimidad que el proveedor de internet Cox Communications no debe responder por la piratería musical de sus clientes. La decisión supone un giro de 180 grados respecto al fallo del tribunal de apelación de 2024, que había declarado culpable a la empresa.
La historia se remonta a 2018, cuando Sony Music Entertainment y otros grandes sellos discográficos demandaron a Cox. El razonamiento era sencillo: si el proveedor recibe miles de avisos de descargas ilegales de música y apenas hace nada, es cómplice. El jurado llegó a fijar una indemnización de mil millones de dólares. Sin embargo, el fallo se anuló más tarde y el caso volvió a los tribunales para un nuevo juicio.
Ahora ha zanjado el asunto el juez Clarence Thomas. Declaró que un proveedor de servicios no puede ser culpable solo por ofrecer internet a todo el mundo, aunque algunos de sus clientes utilicen la red para piratear. Para considerar responsable al proveedor, hay que demostrar que ayudó deliberadamente a infringir los derechos de autor. Es la misma lógica jurídica por la que el tribunal declaró culpable a Grokster en 2005: allí hubo un fomento directo de la piratería, no un simple «damos internet y no vigilamos cada paquete de datos».
Cox tiene unos seis millones de abonados y, formalmente, prohíbe que distribuyan contenido protegido por derechos de autor. En dos años, los sellos enviaron al proveedor 163.148 avisos de infracción, una cifra considerable si se tiene en cuenta que, en el mismo periodo, Cox desconectó a solo 32 usuarios. Pero el Supremo ha aclarado que no basta con desconectar: hay que demostrar una participación deliberada. Y los demandantes no lo consiguieron.
El tribunal ha puesto la música en pausa. Los sellos intentaron atribuir a Cox el papel de cerebro en la sombra de la piratería, pero el argumento se quedó corto: el proveedor solo ofrece internet, no reparte memorias USB por la calle. El tribunal dejó caer con toda cortesía que, si quieren encontrar culpables, busquen a quienes pulsaron «descargar», no a quienes instalaron el router. Y sí, mil millones de dólares es una cifra llamativa, pero no tanto como para compensar la falta de pruebas de una colaboración deliberada. Una vez más se impuso la aburrida lógica, no el dramatismo de las demandas judiciales.