
Verizon ha anunciado que suspende temporalmente las penalizaciones por retrasos en los pagos y ofrece opciones de pago flexibles a los empleados federales que se han quedado sin sueldo debido al cierre parcial del Gobierno de Estados Unidos. No es la primera vez que el operador de telecomunicaciones sale al paso de las necesidades de sus clientes: durante la pandemia de COVID-19 también ofreció datos móviles adicionales gratis.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) es el que más ha sufrido esta vez por el cierre. Sin embargo, la oferta de Verizon se aplica a cualquier empleado federal que pueda acreditar que trabaja para el Gobierno. Para recibir ayuda, los empleados pueden ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente del operador y solicitar la anulación de las penalizaciones y el pago aplazado.
El cierre parcial comenzó en febrero, después de que el Congreso de Estados Unidos no lograra aprobar una nueva ley de financiación del DHS. Las distintas agencias del departamento se han visto afectadas de maneras muy diferentes. Por ejemplo, los empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que inspeccionan a los pasajeros en los aeropuertos, han dejado de cobrar temporalmente, lo que ya ha provocado importantes demoras en los controles de seguridad. Mientras tanto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) siguen trabajando con normalidad gracias a la financiación asignada antes mediante otro proyecto de ley.
La situación se complica porque las exigencias relativas al ICE y a la CBP se han convertido en el principal foco del debate político. Los demócratas piden nuevas restricciones: cámaras corporales obligatorias para los agentes del ICE, la prohibición de ocultarse el rostro durante las detenciones y otras medidas. Se niegan a apoyar la financiación del DHS mientras esas exigencias no se incluyan en el proyecto de ley.
Republicanos y demócratas también propusieron una alternativa: financiar todo el departamento salvo el ICE y la CBP. El proyecto de ley superó una votación en el Senado, pero todavía no ha llegado a la Cámara de Representantes.
En medio del caos político, Verizon resuelve al menos un problema: da un respiro económico a quienes han quedado atrapados en otra guerra presupuestaria en Washington.
La historia de Verizon parece un ejemplo de manual de cómo una empresa privada acaba siendo, de repente, la única voz sensata. El Gobierno discute quién debe llevar una cámara y quién una máscara, y lo hace con tanto empeño que deja a sus propios empleados sin sueldo.
El cierre, prolongado tras el fracaso de la votación sobre el presupuesto del DHS, ha repartido el sufrimiento de forma desigual. La TSA trabaja gratis y convierte la seguridad aeroportuaria en un lento juego de supervivencia. El ICE y la CBP tiran de reservas antiguas, como si ya supieran que las peleas en Washington pueden durar años.
Los políticos hacen gala de sus principios, pero estos coinciden sospechosamente bien con las consignas de sus partidos. Los demócratas quieren cámaras corporales y rostros descubiertos; los republicanos quieren mantener al ICE en la Edad de Piedra. Cada cual interpreta su papel y los proyectos de ley quedan atascados entre el Senado y la Cámara de Representantes.
Y entonces aparece Verizon, como si acabara de caer en la cuenta de que la gente necesita algo más que batallas ideológicas: necesita poder pagar el teléfono. Perdona las penalizaciones y ofrece aplazamientos. Es un gesto de lo más cotidiano, pero ante semejante absurdo político parece un acto de misericordia.
Así, el Estado pierde la cara y una empresa privada la encuentra de repente. Pura coincidencia.