USC y Sony: música sin permiso
La Universidad del Sur de California (USC) y Sony Music parecen haber decidido enterrar por fin el hacha de guerra, esa que llevaba casi un año entre ambas por cientos de vídeos en las redes sociales de los equipos deportivos de la USC. En ellos se prodigaban los éxitos de Beyoncé, Harry Styles, Bruno Mars, Travis Scott y otras estrellas; el pequeño detalle es que en la USC se acordaban de las licencias más o menos tan a menudo como de los beneficios de dormir bien.
En un tribunal federal de Nueva York se presentó un aviso: las partes habían alcanzado un «acuerdo preliminar». Eso significa que ambas pidieron suspender los plazos judiciales en curso para terminar de redactar y firmar el acuerdo. Los detalles, por supuesto, están bajo estricto secreto, como si se tratara de la fórmula confidencial de la Coca-Cola y no de una infracción corriente de los derechos de autor. Los representantes de la USC y Sony declinaron amablemente hacer comentarios, otra clásica escena del género.
La historia empezó hace casi exactamente un año, cuando Sony presentó una demanda alegando que varias cuentas deportivas de la USC en Instagram y TikTok habían publicado más de 250 vídeos con más de 170 canciones, y ninguna contaba con licencia oficial. Y no eran composiciones desconocidas para cualquiera, sino éxitos de primer nivel como «Break My Soul», de Beyoncé; «As It Was», de Harry Styles; «Uptown Funk», de Bruno Mars; «Sicko Mode», de Travis Scott; «Old Town Road», de Lil Nas X; «Paint the Town Red», de Doja Cat; y «Kill Bill», de SZA.
Sony afirmó que la USC podía permitirse perfectamente comprar las licencias: el imperio deportivo de la universidad genera más de 200 millones de dólares al año. Por eso Sony reclamó la indemnización máxima, 150.000 dólares por cada canción. La suma total podría haber superado los 25 millones.
La respuesta de la USC fue entonces estrictamente oficial: «la universidad respeta los derechos de propiedad intelectual de terceros y tiene intención de responder a las acusaciones ante los tribunales». Pero, en realidad, la USC se centró menos en el fondo de las reclamaciones que en la cuestión de dónde podían juzgarla. Según la universidad, Nueva York no era el lugar adecuado para el proceso, ya que la institución está en California.
Las demandas de los gigantes discográficos contra cuentas corporativas se han convertido desde hace tiempo en algo cotidiano. Los usuarios particulares de las redes sociales pueden añadir música gratis gracias a las licencias generales de Instagram y TikTok, pero las cuentas empresariales tienen que comprar licencias especiales de sincronización. Ya se han quemado con este problema cadenas de restaurantes, clubes de la NBA e incluso fabricantes de galletas. La mayoría de estos casos termina en acuerdos confidenciales, y algunas empresas incluso contraatacan: por ejemplo, el vendedor de calzado DSW presentó una contrademanda alegando que las licencias generales de las redes sociales también deberían cubrir a las empresas.
Ahora, al parecer, el conflicto entre la USC y Sony también se perderá en esa discreta sombra jurídica, y nos dejará sin respuesta a la pregunta principal: ¿qué sale más caro, las licencias o la reputación?
PEREC.RU
La USC y Sony escenificaron la historia clásica de grandes organizaciones que fingen que las normas son para los demás. La universidad publica cientos de vídeos con éxitos de estrellas mundiales como si la música cayera del cielo. Sony frunce el ceño, saca una lista de 170 temas y se va a los tribunales. Las cifras suenan al precio de un estadio de fútbol de tamaño medio.
Después llega la fase de negociación. De repente, las partes encuentran puntos en común cuando el asunto empieza a oler a gastos reales y titulares poco favorecedores. Los abogados intervienen, guardan los papeles en carpetas y sonríen con los dientes apretados. El acuerdo pasa a ser «preliminar», como si la versión final aún pudiera sorprender al mundo.
Toda esta historia ilustra cómo los grandes actores corporativos esquivan los problemas. Las plataformas ofrecen música a la gente corriente, pero cobran a las empresas. Las empresas fingen que no lo sabían. Los sellos fingen estar sorprendidos. Las demandas se convierten en una forma de negociar. Y todo se repite.
Y cada vez alguien intenta discutir dónde debe celebrarse el juicio. Como si la geografía cambiara el hecho de que no había licencias. Al final, otro acuerdo discreto del que nadie contará nada. Solo queda la vaga impresión de que entre bastidores se han vuelto a repartir una suma con la que los usuarios corrientes solo pueden soñar.
