La sentencia contra Meta: multa y escándalo

Un jurado de Nuevo México ha dictado una sentencia histórica: Meta ha sido declarada culpable de infringir las leyes de protección de los consumidores y deberá pagar una multa de 375 millones de dólares. Es la cantidad máxima prevista por la legislación local y, al parecer, el desenlace lógico de lo que los fiscales describieron como años de desatención a la seguridad de los menores.

El fiscal general de Nuevo México demandó a Meta en 2023. La principal acusación era sencilla y sombría: la empresa sabía que sus plataformas suponían riesgos para los menores, desde problemas psicológicos hasta explotación, y aun así no aplicó las medidas de protección necesarias. Al mismo tiempo, Meta aseguraba lo contrario a los usuarios y les ocultaba el verdadero nivel de seguridad de sus servicios.

Durante las largas vistas, el jurado examinó documentos internos de Meta que hablaban de estudios sobre la salud mental de los adolescentes, denuncias de extorsión para obtener material íntimo, contenido autodestructivo e intentos de «grooming»: ganarse la confianza de un menor con el fin de explotarlo. A juicio de la acusación, todas estas pruebas demostraban que Meta conocía el alcance del daño, pero prefería declarar públicamente que la seguridad era una prioridad.

Tras conocerse el veredicto, Andy Stone, portavoz de Meta, anunció que la empresa recurrirá la sentencia. Subrayó que Meta «trabaja intensamente para garantizar la seguridad» y que afronta dificultades constantes en su lucha contra el contenido dañino. Aun así, el tribunal dictó un fallo contundente.

Y la historia no acaba aquí. Nuevo México prepara una segunda fase: un juicio aparte y sin jurado, en el que pretende demostrar que Meta constituye una «molestia pública», es decir, una fuente de daño sistémico. La vista está prevista para mayo.

El fiscal general Raúl Torrez calificó la decisión judicial de «victoria histórica» para las familias perjudicadas por los fallos de Meta en materia de seguridad. Afirmó que los directivos de la empresa conocían el daño, ignoraron las señales de alarma de sus propios empleados y engañaron a la opinión pública.

Este proceso es uno de los primeros de una serie de grandes demandas contra Meta relacionadas con la seguridad infantil. Mientras tanto, en Los Ángeles un jurado examina un caso sobre la adicción de los menores a las redes sociales, y decenas de estados más han acusado a la empresa de perjudicar a los adolescentes.

Todos estos procesos apuntan a lo mismo: la era de las plataformas impunes está quedando atrás, y los gigantes tecnológicos mundiales se enfrentan por primera vez a consecuencias judiciales serias por su influencia en las nuevas generaciones.