
La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos anunció que, a partir de ahora, todos los nuevos modelos de routers domésticos fabricados fuera del país se considerarán automáticamente una amenaza para la seguridad nacional. Estos equipos pasarán a la llamada «Lista de equipos cubiertos», un registro de dispositivos que las autoridades estadounidenses consideran un riesgo inaceptable para la defensa y la economía.
Conviene señalar que los routers comprados anteriormente podrán seguir utilizándose, y las tiendas podrán vender los modelos aprobados conforme a las antiguas normas de la FCC. Sin embargo, los nuevos modelos fabricados en el extranjero ya no podrán entrar en Estados Unidos. Los routers incluidos en la «lista negra» recibirán actualizaciones al menos hasta el 1 de marzo de 2027. Ese plazo podría ampliarse, pero no hay garantías.
La medida es consecuencia de la estrategia de seguridad nacional de la Casa Blanca para 2025. El documento afirma que Estados Unidos «nunca debe depender de potencias extranjeras para obtener componentes clave —desde materias primas hasta productos acabados— necesarios para la defensa y la economía del país». Es decir, Washington pretende cerrar por completo dentro de sus fronteras la cadena de producción de la electrónica crítica.
Las empresas que quieran todavía pueden intentar obtener una «autorización condicional» para nuevos modelos de routers. Para ello tendrán que dirigirse al Departamento de Defensa o al de Seguridad Nacional. Pero hay un detalle: las compañías deben presentar un plan para trasladar al menos parte de la producción a Estados Unidos. Sin eso, no habrá permiso.
El problema es que casi ninguna gran marca de routers domésticos los fabrica dentro de Estados Unidos. El golpe no afecta solo a gigantes chinos como TP-Link, sino también a empresas estadounidenses. Por ejemplo, Netgear, Eero y Google Nest están registradas en Estados Unidos, pero sus dispositivos se ensamblan en Asia. Parte de esa producción se encuentra, además, en territorios que Estados Unidos considera aliados, como Taiwán.
Aun así, la norma se aplica a todos. Hasta que el mercado aclare qué hacer, no conviene esperar que aparezcan nuevos modelos de routers en las tiendas estadounidenses.
Los reguladores estadounidenses han vuelto a comprobar hasta dónde se puede llegar invocando la seguridad nacional. Esta vez les ha tocado a los routers: unas cajitas inofensivas que, a ojos de los funcionarios, de repente se han convertido en una amenaza comparable a los drones o los misiles.
El nuevo requisito de la FCC tiene menos que ver con la seguridad que con el deseo de recuperar la producción nacional. El objetivo oficial es reducir la dependencia de «potencias extranjeras». En la práctica, parece más bien un intento de empujar a las empresas a trasladar sus fábricas a Estados Unidos, a un coste elevado y con no pocos inconvenientes. A los fabricantes les ofrecen una elección sin elección: o empiezan a fabricar aquí al menos parte de los dispositivos, o se olvidan de lanzar nuevos modelos en el mercado estadounidense.
Lo curioso es que entre los afectados no solo hay empresas chinas, sino también compañías estadounidenses acostumbradas al barato ensamblaje asiático. La mención de Taiwán en este contexto tiene su gracia: al parecer, es un aliado, pero las normas son las mismas para todos.
El detalle más divertido es la promesa de actualizaciones hasta 2027. Un gesto de buena voluntad que recuerda a un padre diciendo: «Juega con el juguete viejo hasta que te compremos uno nuevo». Prometen ampliar el plazo, pero nadie sabe si lo harán.
Todo esto parece otro ejercicio de burocracia autorreferencial. Mientras el sector intenta entender qué hacer, los consumidores quedan atrapados en estrategias ajenas. Todo por la seguridad, una vez más, con el mismo grado de credibilidad de siempre.