
A finales del año pasado, un organismo federal estadounidense conocido como la Comisión Federal de Comunicaciones prohibió importar cualquier dron nuevo fabricado fuera del país. Solo se contemplan excepciones para las empresas que consigan un permiso especial. Ahora la comisión ha ido más allá: también ha prohibido los equipos de red de consumo, incluidos los habituales routers Wi-Fi domésticos y los routers con cable, si se fabrican en el extranjero.
La razón oficial es sencilla y familiar en los organismos estadounidenses: los nuevos equipos fabricados fuera de EE. UU. supuestamente entrañan «un riesgo inaceptable para la seguridad nacional y la seguridad de los ciudadanos». La comisión no explica en detalle qué amenazas espera de una cajita de plástico que distribuye internet por casa. Pero la decisión ya está tomada y se aplica de inmediato.
A los estadounidenses les aseguran que nadie les quitará los dispositivos que ya tienen: podrán seguir usándolos. Es más, si el fabricante ya obtuvo la autorización de la FCC para un modelo concreto de router fabricado en el extranjero, podrá seguir importándolo sin restricciones. Pero hay pocos dispositivos de ese tipo y la mayoría de las empresas tendrá que volver a iniciar el complejo y largo proceso para obtener permisos.
El problema es que casi todo el mercado mundial de routers de consumo se concentra fuera de EE. UU. La mayoría de los dispositivos se fabrica en China, Taiwán, Corea del Sur y otros países asiáticos. Así que los nuevos modelos de las marcas más populares —prácticamente todo lo que hay ahora mismo en los hogares de los usuarios— quedan prohibidos hasta que las empresas demuestren su «seguridad» ante los reguladores estadounidenses.
Esta prohibición puede provocar escasez de modelos nuevos para los usuarios estadounidenses y retrasos para los fabricantes en el desarrollo y el lanzamiento de nuevos dispositivos. En cambio, las empresas locales tienen una ventana de oportunidad: con el pretexto de la seguridad nacional, pueden reforzar su posición mientras las marcas extranjeras atraviesan ahora trámites burocráticos adicionales.
Así, EE. UU. sigue restringiendo la electrónica extranjera bajo el pretexto de «proteger a los ciudadanos», levantando de hecho nuevas barreras y complicando el mercado tecnológico. No está claro cuándo notarán los consumidores las consecuencias, pero ya se han sentado las bases para subidas de precios y escasez.
Los reguladores estadounidenses han anunciado una nueva amenaza tecnológica: los routers de consumo fabricados en el extranjero. La Comisión Federal de Comunicaciones ha prohibido importar todos los modelos nuevos fabricados fuera de EE. UU., alegando riesgos abstractos para la seguridad ciudadana. Los dispositivos existentes se pueden seguir usando y también se podrán importar los modelos que ya habían recibido autorización. Pero el mercado depende casi por completo de la producción asiática, así que las consecuencias son previsibles: escasez, retrasos y precios más altos. En esta historia se reconoce un motivo de sobra conocido: proteger el mercado con el lema de proteger la seguridad nacional. Una vez más, los reguladores crean un problema y se hacen los héroes al combatirlo. Este enfoque pone de manifiesto sus contradicciones: por un lado, todo el mundo necesita la tecnología; por otro, se mira con sospecha si está hecha «en otro sitio». Al final ganan las empresas locales y los usuarios tienen menos donde elegir, pero más incomodidad patriótica.