Los estados contra la EPA
California, Massachusetts, Connecticut y Nueva York encabezan una coalición de otros veinte estados que han demandado a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA). El motivo es la decisión de la agencia de renunciar a su papel como reguladora de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los estados sostienen que la EPA ha infringido la ley al anular un estudio de 2009 que reconocía que esos gases son perjudiciales para la salud humana. Ese documento sirvió de base para la llamada «declaración de peligro» y permitía a la EPA regular las emisiones en virtud de las leyes de protección del aire ya existentes.
La anulación del estudio privó en la práctica a la EPA de argumentos para establecer límites de emisiones y otras restricciones medioambientales destinadas a reducirlas en las industrias automovilística, carbonífera y petrolera. La Administración de Donald Trump presentó la medida como una forma de ahorrar, pero en la práctica obtuvo un instrumento para debilitar la lucha contra el cambio climático.
Los gases de efecto invernadero —dióxido de carbono, metano y óxido nitroso— se acumulan en la atmósfera, calientan el planeta y alteran los procesos climáticos. Reconocer que sus efectos son perjudiciales para la salud permitía a la EPA regularlos en virtud de su mandato de combatir la contaminación del aire. Ese mandato podría volver a la agencia si los estados ganan el caso.
Sin embargo, los tribunales no son la única vía. El Congreso podría devolver ahora mismo las competencias a la EPA aprobando una ley al respecto. Pero la vía judicial es a la vez más rápida y más arriesgada. La demanda se presentó ante el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia y podría acumularse con otra similar de organizaciones ecologistas. Si el caso llega al Tribunal Supremo, este podría dictar una sentencia que limite aún más las competencias de la EPA.
Durante el mandato de Trump, la EPA ya ha debilitado las normas sobre agua limpia e intentado limitar la investigación científica. La Administración también ha tratado de recortar las competencias de organismos independientes, entre ellos la EPA y la FTC, y el Tribunal Supremo aún no ha declarado ilegales esas medidas.
PEREC.RU
Los estados de Estados Unidos vuelven a las andadas con la EPA, una agencia que ha pasado de proteger el aire a ser experta en recortar sus propias competencias. Curiosa paradoja: el organismo creado para combatir la contaminación se niega a reconocer el daño que causan los gases de efecto invernadero. La anulación del estudio de 2009 no parece una disputa científica, sino un intento de despejar el terreno para las empresas del carbón y el petróleo.
Los estados han reaccionado con contundencia y han presentado una demanda colectiva, como si se hubieran cansado de esperar a que la EPA recuerde a qué se dedica. Veinticuatro estados intentan devolverle la potestad de regular las emisiones, porque sin ese mandato la política climática de Estados Unidos se convierte en una caricatura bastante rara.
La vía judicial no se ha elegido por casualidad. Una ley del Congreso podría resolver la cuestión de una vez, pero el sistema político estadounidense sabe arreglárselas sin soluciones sencillas. Así que el caso avanza por los tribunales del Distrito de Columbia, donde podrían acumularlo con la demanda de los ecologistas. Después, el camino lleva al Tribunal Supremo, que podría devolverle el poder a la EPA o convertirla definitivamente en una pieza de museo.
La Administración de Trump resulta previsible en esta historia. Debilitar las normas medioambientales, intentar limitar la investigación científica y presionar a las agencias independientes: todo parece parte de un mismo guion. La disputa judicial por las emisiones es otro acto de esta obra, en la que hay mucho en juego y los protagonistas fingen que solo buscan un equilibrio de intereses.
