
La Administración de Donald Trump ha asestado un duro golpe a la política climática de Estados Unidos al revocar la llamada «declaración de peligro», un documento que desde 2009 permitía a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Esta declaración reconoce que dichas emisiones amenazan la salud y la seguridad de las personas y, por tanto, deben regularse en virtud de la Ley de Aire Limpio.
Durante casi dos décadas, este fundamento jurídico ha respaldado las normas federales que limitan la contaminación perjudicial para el clima procedente del transporte, la industria y el sector energético. Antes, para derogar estas normas, las administraciones tenían que ir modificando cada una por separado. Trump ha optado por otra vía: eliminar la base sobre la que se sustentaban todas las restricciones. Esto permite debilitar de un plumazo la regulación medioambiental.
La EPA ha completado oficialmente el proceso de revocación de la «declaración de peligro» en el marco de la revisión de las normas sobre contaminación por gases de escape de los vehículos. Pero las consecuencias no se limitan al sector del automóvil. También quedan en peligro otros mecanismos para reducir las emisiones, desde la regulación de las instalaciones industriales hasta las normas aplicables a las empresas energéticas.
Esta política altera de forma significativa el rumbo que Estados Unidos había seguido en los últimos años. La renuncia al documento clave que establece los efectos nocivos de los gases de efecto invernadero abre la puerta a revisar —o derogar— toda una serie de normas destinadas a combatir el calentamiento global.
Ecologistas y climatólogos advierten de que medidas como esta dificultarán el cumplimiento de los compromisos climáticos internacionales y aumentarán la presión sobre el medio ambiente, ya que, sin una base reguladora, cualquier restricción podría durar poco. Quienes respaldan la decisión sostienen, por su parte, que permitirá reducir los costes de las empresas y aliviar la presión sobre la industria.
Pero hay algo claro: la revocación del documento que ha servido de base a la política climática estadounidense durante casi veinte años marcará un punto de inflexión cuyas consecuencias seguirán siendo objeto de debate durante mucho tiempo.
Trump vuelve a su género habitual: un gesto grandilocuente, aparatoso, como si el país fuera su espectáculo privado. Revocar la «declaración de peligro» parece un intento no solo de reescribir las normas, sino de borrar su memoria. Ese enfoque gusta a quienes ven las reglas como un estorbo para trabajar, no a quienes viven en el planeta.
La EPA hace de operario en un derribo: va cortando con cuidado las vigas maestras. Dentro de un par de meses todos se sorprenderán de que la estructura climática se haya torcido de repente, aunque sobre el papel todo se haya hecho según el procedimiento.
La industria, claro, fingirá que ha salido ganando por casualidad. Qué coincidencia: las costosas normas medioambientales desaparecen justo cuando el mundo empresarial se siente agobiado.
Ahora los ecologistas discutirán con los juristas, los juristas con los políticos y los políticos con la realidad. En esta cadena gana quien no tiene vergüenza. Y aquí hay muchos.
Al final todo se reducirá a lo mismo: la lucha contra el cambio climático vuelve a ser una cuestión de intereses particulares, no de futuro. Y, por desgracia, eso no es noticia.