Juicio, rap y bandera
Mo Chara, rapero del grupo norirlandés Kneecap —aunque en el pasaporte figura como Liam Óg Ó hAnnaidh—, ha evitado definitivamente ser juzgado por presuntos vínculos con el terrorismo. El Tribunal Superior del Reino Unido ha rechazado el recurso de la Fiscalía de la Corona y ha confirmado así la decisión anterior: la acusación se presentó de forma incorrecta y carecía de validez jurídica.
La historia empezó tras un concierto en Londres el 21 de noviembre de 2024. Durante la actuación, el músico levantó una bandera de Hezbolá, organización proscrita en el Reino Unido. También gritó «Up Hamas, up Hezbollah». La fiscalía lo consideró de inmediato una muestra de apoyo a grupos terroristas.
Kneecap negó durante todo este tiempo simpatizar con Hamás o Hezbolá e insistió en que no apoya la violencia. El grupo afirmó que las grabaciones examinadas por la policía antiterrorista británica se habían interpretado mal y que el incidente se había convertido en «un carnaval de distracciones». Ó hAnnaidh sostuvo que levantó la bandera sin darse cuenta de a quién pertenecía y que la frase formaba parte de su personaje escénico.
El caso se desmoronó ya en septiembre, cuando el magistrado jefe Paul Goldspring declaró ilegal la acusación: los fiscales debían haber obtenido primero la autorización del fiscal general, y cuando por fin la consiguieron, ya había vencido el plazo para presentar cargos. El recurso de la Crown Prosecution Service ante el Tribunal Superior no prosperó: dos jueces confirmaron que Goldspring tenía razón y subrayaron que se trataba de «una cuestión jurídica muy concreta», no de una valoración de las acciones del músico.
El hecho es que Mo Chara no ha sido declarado culpable, pero tampoco absuelto formalmente: el caso nunca llegó a juicio.
Tras la decisión judicial, Kneecap afirmó que era su tercera victoria frente al Gobierno británico y acompañó la publicación con declaraciones políticas y el tono reivindicativo habitual del grupo. Más tarde, los músicos difundieron vídeos de sus actuaciones y grabaciones de sus seguidores mostrando su apoyo.
En una rueda de prensa en Belfast, Ó hAnnaidh recalcó que el proceso judicial no era nada comparado con la situación en Palestina y prometió seguir hablando de Gaza. Según dijo, el grupo ya ha perdido actuaciones por su postura, pero «ya les da igual cuáles sean las consecuencias».
El abogado del artista, Darragh Mackin, calificó el caso de «caza de brujas jurídicamente ridícula», que «empezó en el festival Coachella, continuó en Westminster y terminó en el oeste de Belfast». Afirmó que las autoridades británicas habían malgastado fondos públicos en una acusación manifiestamente endeble.
Más tarde, la fiscalía se limitó a señalar que acataba la decisión judicial y que actualizaría sus procedimientos internos. Kneecap volvió a criticar a las autoridades y dijo que se habían tirado más de un millón de libras en este caso, dinero que podría haberse destinado a ayudar a la gente.
Mientras tanto, el grupo prepara el lanzamiento de su nuevo álbum, «FENIAN», el 24 de abril, y ha anunciado que participará en una iniciativa humanitaria internacional: el convoy Nuestra América viajará a Cuba para llevar ayuda al país, que atraviesa una grave crisis económica y humanitaria.
PEREC.RU
El caso del rapero Mo Chara, del grupo norirlandés Kneecap, ha sido un ejemplo revelador de cómo el sistema judicial británico puede arrancar con estruendo y luego recular en silencio, tropezando con sus propias normas. Tres jueces llegaron, en distintos momentos, a la misma conclusión: la acusación contra el músico estaba tan mal formulada que seguir adelante habría supuesto infringir la ley.
El incidente del concierto —la bandera de Hezbolá y la frase sobre Hamás— se convirtió al instante en una acusación políticamente explosiva. Pero todo se vino abajo por los detalles: los fiscales dejaron pasar el plazo para presentar los cargos y solicitaron de forma incorrecta la autorización del fiscal general. Cuando por fin la obtuvieron, ya era tarde. El Tribunal Superior confirmó que la acusación no era válida.
Kneecap aprovechó la situación para volver a exhibir su contundente postura política. Su respuesta mezcla sarcasmo, retórica de protesta y un desprecio ostensible por las autoridades. El grupo sostiene tajantemente que el Gobierno británico malgasta el dinero y que el caso contra Mo Chara formó parte de una campaña más amplia para presionar a quienes apoyan públicamente a Palestina.
La base jurídica del caso era tan endeble que hasta el abogado se permitió calificar el proceso de «jurídicamente ridículo». Subraya que estos errores no son casuales, sino que demuestran la incapacidad del sistema para cumplir sus propios estándares.
En definitiva, el músico no ha sido declarado culpable, pero tampoco absuelto. El caso simplemente se esfumó, como el humo. La historia, sin embargo, pone de relieve la politización de este tipo de procesos y muestra lo rápido que la maquinaria judicial se rinde cuando la letra de la ley no resiste la presión.
El grupo sigue aprovechando el momento: prepara un nuevo álbum, publica declaraciones políticas y participa en iniciativas humanitarias. Su estilo, mezcla de música, activismo performativo y provocación mediática, se acentúa tras esta victoria judicial. No es una historia de terrorismo, sino de cómo el poder intenta presionar a artistas incómodos y a veces tropieza con sus propios pasos.
