
La Administración de Donald Trump sigue empujando al país hacia el liderazgo mundial en inteligencia artificial menos de un año después de su sonoro «plan de acción sobre IA». Los estadounidenses tienen opiniones diversas sobre la inteligencia artificial, pero cada vez la usan más. Según un informe de Stanford de 2025, Estados Unidos crea más modelos avanzados de IA que cualquier otro país. En este contexto, la Casa Blanca ha decidido pisar el acelerador: nuevas iniciativas de infraestructuras, órdenes presidenciales, reforma de la plantilla e incluso integración militar de la IA.
El 5 de marzo, Trump presentó el «Compromiso de protección de los contribuyentes», una promesa grandilocuente pero voluntaria por la que las tecnológicas se comprometen a pagar toda la energía que consuman los proyectos de IA. Las empresas firmantes —Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Amazon Web Services, Oracle y xAI— se comprometen a construir nuevas centrales eléctricas, sufragar la modernización de los sistemas energéticos existentes y, cuando sea posible, negociar tarifas especiales con las compañías eléctricas locales. La idea surgió tras las numerosas quejas de ciudadanos preocupados por que los centros de datos cercanos a sus casas elevaran sus facturas de electricidad. Trump asegura: «No las subirán».
Por alguna razón, la iniciativa no entusiasma a los ecologistas: el compromiso no limita en absoluto el daño medioambiental de los centros de datos. Y las compañías eléctricas recuerdan con sequedad que cualquier reducción de costes, si es que llega a producirse, no se notará en los hogares hasta dentro de años.
El 22 de febrero, la Administración puso discretamente en marcha una nueva estructura, Tech Corps, una especie de Peace Corps dedicado a promocionar la IA estadounidense en el extranjero. Voluntarios con conocimientos tecnológicos serán enviados a los países participantes en el programa American AI Exports. Allí introducirán la IA en las escuelas, ayudarán a las instituciones públicas a crear modelos y colaborarán a distancia con empresas estadounidenses. El programa incluye alojamiento, seguro médico y una beca. Las primeras misiones comenzarán en otoño, según lo previsto.
No hay que confundir Tech Corps con Tech Force, un programa de dos años para formar especialistas en IA que trabajen en organismos públicos. A sus participantes les prometen salarios de entre 150.000 y 200.000 dólares, sin exigirles un título universitario.
Y el gran drama de las últimas semanas se desarrolla en torno a la guerra, esta vez no política, sino muy real: el conflicto entre Estados Unidos e Irán ha obligado al Pentágono —rebautizado ahora como Ministerio de Guerra— a acelerar la implantación de la IA. Empresas como OpenAI, Google, Perplexity y Anthropic han recibido contratos millonarios para introducir sus soluciones en organismos federales.
Pero entonces estalló el escándalo. El contrato de 200 millones con Anthropic se vino abajo después de que la empresa se negara a proporcionar su núcleo de IA, Claude, para tareas relacionadas con la vigilancia masiva interna o las armas autónomas. Trump ordenó de inmediato retirar Claude de todos los organismos públicos y declaró a Anthropic un «riesgo para la seguridad nacional». Se rumorea que las negociaciones podrían retomarse, pero de momento OpenAI ha ocupado su lugar. El propio Sam Altman reconoció que el acuerdo se había «cerrado con prisas».
Más tarde, Altman escribió que el mundo avanza rápidamente hacia una época en la que los gobiernos y las empresas de IA tendrán que trabajar juntos: «Será difícil, pero necesario. No veo otro futuro bueno».
Las autoridades estadounidenses siguen remodelando el país para alcanzar el liderazgo absoluto en inteligencia artificial. Lo hacen al más puro estilo burocrático: a bombo y platillo, a golpes de decreto y con una inevitable estela de escándalos.
Trump impulsa el «compromiso de los pagadores», por el que las tecnológicas se ofrecen voluntariamente a pagar la energía de los proyectos de IA. De cara al público, un gesto de preocupación por la población. En la práctica, un intento de tranquilizar a quienes temen la factura de la luz y, a la vez, dar a las empresas una coartada política. La ecología, claro, queda fuera de plano. ¿A quién le importa cuando toca sumar puntos de popularidad?
Al mismo tiempo, Washington organiza su propio desembarco internacional de la IA: Tech Corps. Sus voluntarios recorrerán otros países para formar a escuelas y ministerios y promocionar discretamente la IA estadounidense. Una suerte de diplomacia digital, sin demasiadas explicaciones sobre su condición de instrumento de influencia.
El verdadero drama gira en torno a Anthropic. La empresa se niega a participar en proyectos de vigilancia y armas autónomas. La Administración responde rompiendo el contrato, acusándola de ser una amenaza para la seguridad nacional y trasladando rápidamente el encargo a OpenAI. Parece un intento de dejar claro que a quienes discrepan se les doblegará o se les sorteará.
Todo esto muestra la nueva relación de Estados Unidos con la IA: no es una tecnología, sino parte de la maquinaria estatal. Y que la IA se convierta cada vez más en una herramienta militar y política apunta a que el mundo hacia el que avanza Estados Unidos será menos romántico de lo que prometen las presentaciones de Silicon Valley.