
La Casa Blanca ha anunciado que las mayores empresas tecnológicas —Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y xAI— han prometido solemnemente no convertir vuestras facturas de la luz en una pesadilla por culpa de sus insaciables centros de datos. En términos oficiales, lo han llamado un compromiso para proteger a los consumidores de las subidas de tarifas, que supone que las empresas «construirán, traerán o comprarán» nueva capacidad para cubrir sus propios apetitos energéticos y pagarán íntegramente por ella.
La idea es sencilla: los gigantes tecnológicos deben financiar todas las mejoras necesarias de la red eléctrica y pasarse a tarifas independientes con pagos por capacidad, incluso si sus centros de datos están parados en algún momento. Así, las autoridades quieren evitar que los vecinos de a pie acaben pagando las enormes facturas eléctricas de otros.
Suena muy bien, pero en la práctica el compromiso no es un contrato jurídicamente vinculante. Las tecnológicas pueden firmarlo, sonreír ante las cámaras y seguir haciendo lo que les venga en gana: no hay multas ni mecanismos de coerción. Parece un intento del Gobierno de demostrar, al menos formalmente, que controla el vertiginoso aumento del consumo energético provocado por la inteligencia artificial.
El acuerdo tampoco aborda otros problemas graves que acompañan a la construcción de centros de datos: desde la presión sobre los recursos de las comunidades locales hasta la competencia por componentes esenciales como la memoria RAM. Y los comunicados de Amazon, Google y Meta, publicados «por casualidad» justo cuando se anunció el acuerdo, se parecen más a publicidad propia: cada empresa asegura que ella sí lo hace todo por el bien de la gente y de la naturaleza.
La realidad es que la energía que consumen los modelos actuales de IA crece de forma exponencial. Los nuevos centros de datos necesitan una potencia enorme, y las redes eléctricas de muchos estados de EE. UU. ya funcionan al límite. El Gobierno tiene que decir algo para tranquilizar a una población que ya se enfrenta a subidas de precios en casi todo.
En resumen: los gigantes tecnológicos han firmado muy solemnemente un papel que no garantiza nada, y los políticos pueden anunciar con orgullo que «trabajan por el bien de los consumidores». Como suele decirse, todos contentos, salvo quienes pagan los recibos.
Los gigantes tecnológicos vuelven a demostrar su cariño por las promesas públicas: baratas, fáciles y completamente inocuas para ellos. La Casa Blanca ha anunciado que los mayores actores de la IA han acordado «no subir la factura de la luz» por la construcción de centros de datos. La formulación suena rotunda, pero detrás hay un papel mojado.
Las empresas se comprometen a construir sus propias fuentes de energía y a no acogerse a tarifas pensadas para la gente corriente. Sobre el papel, protección al consumidor. En la práctica, un bonito gesto que no acarrea consecuencias para quien lo incumpla. Sin multas, inspecciones ni mecanismos de control. Solo una promesa de corporaciones acostumbradas a tratar cualquier norma como una recomendación.
Es curioso que algunos participantes publicaran al mismo tiempo comunicados de autobombo. La coincidencia parece indicar que llevaban tiempo preparándose para recibir una medalla por su «responsabilidad». El papel, por supuesto, no resuelve los problemas de presión sobre las infraestructuras ni la escasez de componentes esenciales. Pero sí crea una ilusión de preocupación.
Todo el acto recuerda a un viejo juego: el poder finge que pone límites a los gigantes, los gigantes fingen que obedecen y los consumidores siguen pagando las facturas. Solo que ahora les piden que crean que los nuevos centros de IA no les vaciarán el bolsillo. De momento, creedlo. Ya veremos.