
En 2025 ocurrió algo que solo puede calificarse de extraño: la reestructuración de la entidad llamada DOGE provocó que la agencia tributaria estadounidense, el IRS, perdiera de repente a casi la mitad de sus especialistas en informática. Sí, esas mismas personas que mantenían a flote los sistemas antiguos, entendían qué ocurría en el código de los años ochenta y al menos podían intentar reparar los legendarios programas gubernamentales, intactos desde la época de los disquetes.
La historia es sencilla. DOGE, una entidad implicada en la gestión de las estructuras federales, llevó a cabo una reforma cuyo objetivo era hacer «más eficiente» el trabajo de los servicios públicos. Sobre el papel, optimización. En la práctica, una fuga masiva de personal. El IRS quedó en el epicentro de esa tormenta reformista: el 40 % del personal informático se marchó antes de que sus funciones se reasignaran a alguien «más barato» o «más automatizado».
Este vacío de personal tuvo graves consecuencias. El IRS ya trabajaba con una infraestructura que los propios estadounidenses describen literalmente como un «museo de servidores». Perder a casi la mitad de los especialistas significaba que cualquier actualización se convertía en una lotería y mantener los sistemas antiguos, en un juego de supervivencia. Aumentaron los retrasos en el tratamiento de datos, surgieron riesgos de errores en las declaraciones fiscales y los intentos de modernización quedaron, en la práctica, paralizados.
La dirección explicó lo ocurrido como «efectos secundarios imprevistos de la reforma». Pero los expertos señalaron que esos «efectos imprevistos» aparecen siempre que se empieza a ahorrar precisamente donde hacerlo es más peligroso: en las personas que entienden cómo funciona una infraestructura crítica.
Al final, el país se encontró con una paradoja: una reforma concebida para mejorar el funcionamiento de las instituciones públicas deterioró temporal y considerablemente el de uno de los servicios más importantes. El IRS tuvo que contratar rápidamente a empresas externas, redistribuir al personal que quedaba e intentar tapar los agujeros causados por una reestructuración de DOGE precipitada y mal planificada. Y, como suele ocurrir, todo eso acabó costando al presupuesto más que conservar a los especialistas de plantilla.
Toda la historia de la reestructuración de DOGE recuerda a una comedia mala cuyos protagonistas no se han leído el guion, pero interpretan el drama con aplomo. Por fuera, discursos enérgicos sobre modernización. Por dentro, un 40 % menos de personal informático, el que mantenía al IRS a flote tirando de buena voluntad y servidores viejos.
La situación parece el típico caso de una reforma hecha para rellenar un informe. Alguien de arriba decidió exhibir eficiencia, movió unas cuantas casillas del organigrama y las personas de las que dependía todo el sistema sacaron sus propias conclusiones y se marcharon. Cuesta llamarlo inesperado, aunque oficialmente eso fue lo que dijeron.
El IRS se quedó a solas con sus programas antediluvianos. A los sistemas viejos no les gustan los cambios, y menos aún cuando ya no queda nadie que entienda con qué tornillos se sostiene esta pieza de museo. Ahora tapan los agujeros con empresas externas, cuyo vínculo con las tareas suele terminar en un «certificado de trabajos realizados».
La estrategia de DOGE parece un intento de ahorrar en el cableado sin darse cuenta de que la casa se sostiene precisamente con esos cables «innecesarios». Al parecer, el objetivo era aparentar eficiencia, no conseguirla. En vez de una reforma ordenada, ha quedado una casa torcida que se mantiene en pie únicamente gracias a quienes todavía no han huido.
Toda esta estructura solo demuestra que los sistemas públicos suelen regirse por las leyes del género: la reforma llega a tiempo, las consecuencias llegan después y siempre cuestan más.