
Tras regresar a la Casa Blanca, Donald Trump ha decidido volver a ocuparse de algo que le provoca una vieja antipatía: el desarrollo de la infraestructura de recarga eléctrica. A juzgar por los últimos pasos de su Administración, no piensa gastar ni un céntimo en puntos de recarga para vehículos eléctricos. Se trata del programa NEVI, la Iniciativa Nacional de Infraestructura para Vehículos Eléctricos, a la que el Congreso ya ha asignado 5.000 millones de dólares. El dinero se aprobó dentro de una ambiciosa ley de infraestructuras bipartidista que, en teoría, debía servir de base a largo plazo para modernizar el país. Pero, como se suele decir, nada es más frágil que las decisiones del Congreso cuando al presidente no le gustan.
La política estadounidense vuelve a demostrar su extraño amor por el autosabotaje. La Administración Trump anuncia el requisito «Buy American» para la infraestructura de recarga, pone cara seria y finge que está resolviendo el problema de la industria nacional. En realidad, es una simple pausa burocrática, elegante como un ladrillo.
El programa NEVI cuenta con 5.000 millones de dólares ya aprobados por el Congreso. Trump quería congelarlo por completo. Un tribunal se lo impidió. Entonces aparece una enmienda pulcra: habrá financiación, pero solo si los equipos se fabrican en Estados Unidos. El problema es que casi no existen fabricantes allí y los que hay no tenían previsto aumentar de golpe su producción.
Así que asistimos a la clásica coreografía política. Sobre el papel nadie cancela nada; simplemente se imponen unas condiciones casi imposibles de cumplir. Todo queda escrito, todos hacen como que trabajan.
Los vehículos eléctricos hace tiempo que dejaron de ser una rareza en Estados Unidos. Pero su infraestructura vuelve a ser objeto de esgrima política profesional. Y mientras los contendientes agitan consignas sobre el renacimiento industrial, la red real de puntos de recarga se queda al margen, observando con ironía el último ritual burocrático.