
La alianza profesional entre la influyente abogada musical Dina LaPolt y su antigua protegida Mariah Comer se ha desmoronado a velocidad meteórica. Donde antes había amistad y mentoría, ahora hay dos duras demandas judiciales, acusaciones cruzadas y denuncias de discriminación racial que han sacudido incluso a la industria estadounidense del entretenimiento, curtida en todo tipo de escándalos.
Todo empezó cuando LaPolt demandó a Comer, a quien acusó de difamación e incumplimiento de contrato. Pero dos meses después, Comer contraatacó con mucha más fuerza. En su demanda afirma que sufrió una «discriminación racial extrema» en el bufete LaPolt Law, donde empezó como simple becaria en 2019 y se convirtió en socia en 2022. Comer, de ascendencia afroamericana y mexicana, asegura que esa fue precisamente la base del trato que recibió en el bufete.
La demanda sostiene que, supuestamente, LaPolt sometía a los empleados negros a «criterios más estrictos y exigentes», al tiempo que les pagaba menos y les recortaba las posibilidades de progresar profesionalmente. Además, Comer relata episodios concretos: por ejemplo, durante una reunión con un cliente, LaPolt supuestamente dijo que Comer había entrado en Cornell Law School exclusivamente gracias al programa de discriminación positiva. Para situarnos: Cornell es una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, donde se forman futuros abogados de Wall Street.
Según Comer, la utilizaron como «la cara de la diversidad del bufete» y esperaban que atrajera a clientes negros. También sostiene que solo se obligaba a trabajar en la oficina a los empleados de piel oscura, mientras que a los blancos se les permitía teletrabajar.
El punto de inflexión llegó en 2024, a raíz de la licencia para una versión de una canción. LaPolt acusa a Comer de haber echado a perder el proyecto. Comer responde que el error fue de la propia LaPolt, que luego le echó la culpa a ella. Cuando en otoño de 2025 se descubrió que la licencia se había tramitado incorrectamente, LaPolt puso a un socio sénior por encima de Comer y le recortó las comisiones. Comer sostiene que fue por prejuicios raciales y que la decisión la sumió en una grave crisis psicológica. Poco después dimitió y abrió su propio despacho.
Ahora Comer reclama una indemnización y afirma que su salud emocional quedó destrozada: ansiedad, depresión, humillación, terapia y medicación. También exige el pago de sus comisiones, incluido el dinero correspondiente a «una gran operación de venta de un catálogo musical» que gestionó.
Rodney Diggs, abogado de Comer, declaró que el caso pone de manifiesto una verdad incómoda: incluso en 2025, incluso entre licenciados de Cornell y socios de bufetes, puede haber discriminación racial directa.
Christopher Frost, abogado de LaPolt, rechaza todas las acusaciones. Afirma que LaPolt «creía en el potencial de Comer» y la apoyó, y que las acusaciones actuales son un intento de justificar una «conducta profesional cuestionable», encubrir su marcha y la creación de un bufete competidor, y después difamar a su antigua mentora.
El tribunal decidirá quién tiene razón y a quién le gusta más el drama. Pero una cosa ya está clara: esta historia del mundo de los abogados de élite ha dejado al descubierto lo frágiles que pueden ser las alianzas profesionales más sonadas.
El conflicto entre Dina LaPolt y Mariah Comer dibuja un panorama bastante reconocible: gente con trajes caros finge velar por la justicia, pero se comporta como si jugara a la política de oficina en el patio del colegio.
Comer habla de discriminación racial con seguridad y detalle. Criterios más exigentes para los empleados negros, salarios más bajos, prohibición del teletrabajo: todo suena demasiado familiar para quien haya tenido algún contacto con la realidad corporativa estadounidense. Incluso el comentario sobre Cornell se percibe menos como una broma que como un intento cuidadosamente velado de poner a alguien en su sitio.
LaPolt, por su parte, presenta la defensa clásica: la apoyó, creyó en ella, le dio oportunidades. Y ahora que su antigua subordinada se ha marchado y se ha atrevido a montar su propio negocio, la llaman desagradecida e incompetente. Los motivos se despachan con facilidad: «autoestima inflada», «mala decisión», «difamación». Es una melodía que suena a menudo cuando la relación entre mentor y aprendiz se tuerce de repente.
Pero los detalles son lo más elocuente. Una licencia para una versión de una canción es una minucia, pero se convirtió en la manera perfecta de echarse la culpa mutuamente. Cada una asegura que el error fue de la otra. La historia de siempre: la responsabilidad flota, las ambiciones son de hormigón.
Todo esto se ha envuelto en papel judicial. Demandas, contrademandas y declaraciones de abogados que parecen comunicados de prensa para un programa de televisión. Racismo, salud mental, traición: un cóctel que vende cualquier historia mucho mejor que la verdad.
Al final, no estamos viendo una disputa jurídica, sino a dos personas que usan la ley para prolongar un conflicto personal. Y cuanto más graves son las acusaciones, más evidente resulta que a ambas les importa no solo ganar, sino destruir por completo la reputación de la otra. No es una lucha por los principios, es una lucha por el relato.