
Desde hace casi un año, un grupo de abogados y periodistas intenta averiguar a qué se dedicaba exactamente el misterioso Department of Government Efficiency —DOGE, por sus siglas en inglés— dentro de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, conocida como FCC. DOGE no es un meme de un perrito, sino un departamento real creado durante la anterior Administración estadounidense para «mejorar la eficiencia de los organismos públicos». El problema es que nadie sabe muy bien qué hacía exactamente.
La organización de defensa de los derechos civiles Frequency Forward y la periodista Nina Burleigh recurrieron a la ley estadounidense de libertad de acceso a la información (FOIA). Esta permite a los ciudadanos solicitar a los organismos públicos documentos relacionados con su actividad, salvo cuando la información esté clasificada por ley. La solicitud se presentó hace más de un año y la FCC entregó a los demandantes unas 2.000 páginas de documentos. Sin embargo, según estos, el material parece un rastro borrado a conciencia: abundan los correos vacíos y repetidos, faltan páginas y hay fragmentos censurados.
Arthur Belendyuk, abogado de Frequency Forward y Burleigh, sostiene que la FCC oculta deliberadamente información clave y que lo hace «de mala fe». Afirma que tuvieron que «empujar literalmente a la comisión» para que empezara siquiera a entregar documentos. Y cuando un tribunal por fin obligó a la FCC a acelerar el proceso, el organismo, según él, solo proporcionó «hilos de correo esterilizados», de los que resulta imposible averiguar qué hacía DOGE, qué decisiones se debatieron y por qué desaparecieron tantos registros.
Ahora los demandantes piden al tribunal que autorice una investigación en profundidad: interrogar bajo juramento a empleados de la FCC y encargar un examen ampliado de los archivos internos. El objetivo es averiguar por qué los documentos parecen haber pasado por la lavadora y qué oculta exactamente el organismo.
El conflicto ha adquirido relevancia pública. En Estados Unidos, la transparencia de los organismos públicos es un asunto que tradicionalmente se toma muy en serio: la FOIA existe precisamente para impedir que la burocracia se esconda tras puertas cerradas. Por eso, incluso la mera sospecha de que un organismo tan grande como la FCC pueda actuar de mala fe despierta una atención especial. Qué hacía exactamente DOGE dentro de la comisión sigue siendo un misterio envuelto en niebla. En los próximos meses, el tribunal tendrá que decidir si esa niebla debe disiparse y hasta dónde se puede llegar para sacar la verdad a la luz.
La FCC vuelve a protagonizar un episodio de absurdo estadounidense. Un año, casi 2.000 páginas de papeles y ni una pizca de sentido. A juzgar por lo que han recibido los periodistas, alguien en la comisión ha borrado las huellas con esmero, como quien se prepara para una inspección sorpresa. Casi resulta cómico: el organismo que regula las comunicaciones solo se comunica mediante correos vacíos.
La postura de los demandantes es sencilla: que entreguen documentos de verdad. La de la FCC recuerda a un baile alrededor de una hoguera: un paso adelante, dos atrás; desaparece la mitad de las páginas y la otra mitad acaba chamuscada. Y todo por un departamento, DOGE, que debía «mejorar la eficiencia». La ironía es que, por ahora, su única eficiencia consiste en generar escándalos.
El tribunal podría autorizar una investigación a fondo. Entonces llegarían las preguntas que la FCC no tiene ninguna gana de contestar. Por eso hay tanta niebla en torno a DOGE: parece hecha a propósito para que no queden huellas. Y cada nuevo giro convierte esta historia en un manual de cómo no responder a las solicitudes de la ciudadanía.