
Un jurado federal en Phoenix ha dictado una sentencia que ya se considera un posible precedente para miles de casos similares en Estados Unidos. Uber ha sido declarado responsable de una agresión sexual a una pasajera, y a la víctima, Jaylin Dean, se le ha concedido una indemnización de 8,5 millones de dólares. Según declaró la mujer, en noviembre de 2023 un conductor del servicio la violó de camino a un hotel.
Por desgracia, no es un caso aislado. En los tribunales estadounidenses hay más de 3.000 demandas similares agrupadas, y los abogados siguen de cerca esta sentencia. El gigante del sector del taxi lleva años insistiendo en que no puede responder por los delitos que cometen los conductores que trabajan a través de su plataforma. Sin embargo, el tribunal parece haber establecido por primera vez lo contrario: si el servicio gana dinero transportando pasajeros, también es responsable de su seguridad.
Los problemas de seguridad persiguen a Uber desde hace años. En Estados Unidos se han planteado repetidamente dudas sobre la verificación de los conductores, la calidad de los controles internos y la publicación de estadísticas sobre agresiones. Las víctimas sostenían que la corporación intentaba eludir su responsabilidad y cargar toda la culpa sobre conductores concretos.
Ahora, tras la sentencia en el caso de Jaylin Dean, los abogados hablan de consecuencias graves para la empresa. Si las próximas demandas siguen el mismo camino, Uber podría afrontar indemnizaciones millonarias y tener que revisar su propio modelo de negocio. Y, sobre todo, la historia recuerda lo frágil que puede ser la seguridad allí donde la damos por sentada.
Un jurado de Phoenix ha declarado a Uber responsable de una agresión sexual a una pasajera. A primera vista, otra noticia sonada, pero detrás se esconde un conflicto mucho más importante entre la cómoda lógica empresarial y la vida real de las personas.
Durante años, la empresa ha explicado que los conductores son simples colaboradores y que, por tanto, no tiene que responder por sus delitos. Ese planteamiento daba la impresión de que aquello ni siquiera era un servicio, sino una especie de nube de logotipo y promesas sin relación con la realidad. El tribunal ha recordado que una empresa que transporta personas responde inevitablemente de su seguridad.
Este caso es solo el comienzo de una larga fila de demandas. Más de 3.000 víctimas esperan su turno, y cada nuevo proceso pondrá en entredicho la imagen de un servicio todopoderoso que de pronto ha resultado ser muy terrenal. El modelo empresarial basado en distanciarse de la responsabilidad empieza a resquebrajarse.
Podemos ver en esto una metáfora del mundo digital actual. Las plataformas quieren estar en todas partes: en cada ciudad, en cada teléfono, en cada cartera. Pero cuando llegan las consecuencias, se evaporan al instante. Por primera vez en mucho tiempo, el tribunal ha puesto punto final —o al menos una coma— a esta evasiva.
La pregunta sigue en el aire: ¿cambiará algo en el comportamiento de la empresa o todo quedará en otra «política de seguridad actualizada», escrita en letra pequeña? En cualquier caso, la ilusión de inocencia de las grandes plataformas se ha debilitado un poco.